La ciudadanía no puede permitir que lleguen al gobierno, los que se coluden contra sus intereses.
Actualmente nos leen en: Alemania, Francia, Italia, España, Canadá, E.E.U.U., Rusia, Australia, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Chile.

A la reconquista de la democracia.

René Fuentealba Prado.

La construcción de la democracia en los países de Occidente ha significado una larga y dura tarea. En la “polis” griega se encuentran los atisbos de esta nueva forma de generación de la autoridad que parecía venir  a sustituir a las autocracias que, en variadas experiencias, habían regido en  casi todas las sociedades políticas conocidas hasta entonces. En último término, se trataba de reconocer el derecho de los gobernados a elegir a sus gobernantes. Una concepción  inédita que marcaría la vida de las naciones a través de más de veinte siglos.

La democracia griega reconocía el derecho de “los hombres libres” a elegir a sus autoridades. Este derecho era, sin embargo, claramente limitado ya que a su ejercicio no estaban llamados ni las mujeres ni los esclavos. Si se echa una simple mirada a la evolución de los Estados europeos, se podrá constatar que la concepción política predominante estuvo marcada por el pensamiento cristiano en cuanto a su afirmación de que “todo poder viene de Dios”, lo que dio sustento doctrinario a las monarquías absolutas. La Iglesia Católica rechazó  e incluso condenó el principio de la “soberanía popular” hasta que, ya en la Edad Moderna” cuando el liberalismo político pasó a constituir la cultura común, se le terminó aceptando a regañadientes.

En Chile, la primera Junta Nacional de Gobierno, si bien fue generada por un cabildo ciudadano (muy restringido, por lo demás) , constituyó solo un primer paso leve de autonomía pues se la eligió para que ejerciese el poder mientras durase el cautiverio del rey Fernando. A partir de entonces, se desató el proceso independentista hasta consolidarse en 1833 la institucionalidad republicana.

La Constitución de 1833 consagró expresamente “la igualdad ante la ley” pero restringió la ciudadanía activa a quienes, teniendo la edad mínima (25 años para los solteros y 21 para los casados) y sabiendo leer y escribir, tuviesen una propiedad inmueble o un capital invertido en alguna especie  de giro o industria de un valor fijado por ley, o ejercieren una industria o arte o tuvieren algún empleo, renta o usufructo  proporcionales. Solo estando bien avanzado el siglo XIX, y mediante un artilugio legal, se dispuso que se presumía que todo aquel que supiese leer y escribir cumplía con los requisitos exigidos. En pleno siglo XX, la mujer adquiriría sucesivamente su derecho de sufragio, primero para participar en las elecciones municipales y,  más tarde,  en las parlamentarias y presidenciales hasta cerrar un proceso que culminó con tres grandes pasos: el derecho de sufragio a los analfabetos, la inscripción automática y los derechos políticos a los chilenos que residen fuera del país.

¿Para qué este recuento histórico?  Simplemente para valorizar la democracia, el gobierno del pueblo, como fruto de un trabajo arduo de muchas décadas que nos llevó desde el voto censitario, restringido a algunos escasos privilegiados, al terreno del sufragio universal, cancha en la cual el hombre humilde logró igualarse con el poderoso.

¿Tenemos el derecho a farrearnos esta conquista?  Por supuesto, hay quienes simplemente no creen en la democracia. La ven como un mecanismo formal profundamente alejado de los intereses de las grandes mayorías. Como  consecuencia de ello, se abrió muchas veces el camino a las “democracias con apellido” y así vimos nacer las democracias protegidas, las democracias populares,  etc.

Es evidente que la crítica anterior tiene mucho de razón. Los partidos políticos se han alejado de los ciudadanos y se han ido transformando en maquinarias administradoras de poder y a través de las cuales sus adeptos han encontrado la senda que les permite apropiarse de cargos y funciones no precisamente para servir a la comunidad sino a los intereses electorales de los parlamentarios.

Como consecuencia de lo anterior, se ha dejado de mano la gran tarea de la “formación cívica” y, lo que a todas luces es más grave, el ejercicio efectivo, real y práctico, del derecho ciudadano a la participación lo que ha permitido que se consoliden verdaderas “castas políticas” que, encerradas en sí mismas, tienden a creerse propietarias de los cargos públicos hasta el extremo de considerarlos familiares y hereditarios.

Sin embargo, la gran responsabilidad por esta situación recae en cada uno de nosotros, tanto por no ejercer nuestros derechos políticos como por no juzgar debidamente a quienes son nuestros mandatarios tolerando su corrupción, su despreocupación por los problemas fundamentales del país y, lo que es bastante frecuente, su clara ineptitud para el cargo. Resulta sorprendente constatar como, tras las reformas normativas que pusieron término al sistema electoral binominal, un alto número de personajes, sin más mérito que sus apetitos personales, han decidido postular a diputaciones o ascender a la función senatorial para lo cual siempre cuentan con la aquiescencia de las burocracias partidarias capitalinas.

Un buen primer ejercicio, adecuado para avanzar en el proceso de revitalización de la democracia, sería ir poniendo en la palestra a todos los aspirantes al mandato ciudadano para evaluar su trabajo, sus aptitudes y sus capacidades.

Recuerda que puedes seguirnos en facebook:

Déjanos tu comentario:

Su dirección de correo electrónico no será publicado.

*

Sé el primero en comentar

sertikex-servicios-informáticos www.serviciosinformaticos.cl