Cada convencional en su laberinto.

La vieja expresión popular de que “los días pasan volando” ha pasado a ocupar, casi sin que nos demos cuenta, un lugar protagónico en el devenir político del país. Tras un largo período de prueba, en que los convencionales constituyentes gastaron casi la mitad del tiempo fijado para el cumplimiento de su mandato en tareas tales como instalarse (con todos los problemas operacionales del caso), aprobar un reglamento, elegir  dos mesas directivas sucesivas (para dar satisfacción a apetitos personales y colectivos), salir a terreno visitando diversas regiones y abrir un sitio para recibir centenares de iniciativas populares, el órgano de representación ciudadana se encuentra avizorando un horizonte que no va más allá de cuatro meses.

Mientras muchos integrantes plantean la necesidad de trabajar sábados, domingos y festivos y realizar sesiones nocturnas de comisiones para quemar etapas, el académico Agustín Squella Narducci (probablemente el cerebro más lúcido y racional de la entidad) ha reconocido con franqueza que se está viviendo una etapa de “desgaste” y de “desborde emocional” que complejiza la labor.

Desde el principio de los tiempos, ha habido un sector minoritario que ha buscado el fracaso y / o el desprestigio de la Convención (Cubillos, Marinovich, Cantuarias) con la amplificación que generosamente le prestan medios de prensa afines. Ello, sin duda, era previsible.

Sin embargo, éste jamás pensó que contaría con los insumos que día a día les aportarían gratuitamente los más fervorosos grupos pro reforma que, desde el momento inicial, mostraron cabalmente su absoluto desconocimiento de la naturaleza de la misión que se les había encomendado, desconocimiento que bien puede haberse debido a ignorancia o, lo que es más grave, a su voluntad deliberada de sobrepasar las normas a las que debieran ajustar su labor.

Como lo hemos señalado reiteradamente una “carta fundamental”, como su nombre lo indica, debe contener los principios básicos que hacen posible el desarrollo democrático de una sociedad, consagrando el reconocimiento y protección de los derechos de las personas, estableciendo y normando la institucionalidad del Estado y definiendo los principios y valores que en diversos campos se consideran idóneos para un desenvolvimiento progresivo y equitativo de la comunidad nacional (vivienda, educación, salud, seguridad social, orden público, medio ambiente, especialmente).

La pretensión de diseñar un texto que en el papel busca solucionar toda una gama ilimitada de problemas, además de constituir en la práctica una burla a las aspiraciones y demandas de la población, conduce inexorablemente a una frustración social que puede ser de graves consecuencias. Más aún: cuando la convencional María Rivera propone en la Comisión de Sistema Político, eliminar todos los poderes del Estado creando en su reemplazo una única “asamblea plurinacional” se hacen patentes sus sueños trasnochados de un populismo totalitario. Como señalara el también convencional Jaime Bassa, “esta propuesta está absolutamente fuera de los márgenes culturales de nuestro país y no tiene ninguna posibilidad de avanzar”. Horas más tarde, la iniciativa de Rivera fue rechazada por veinticinco votos contra cero pero el daño hecho al prestigio del organismo constituyente será irreparable.

Aunque muchos no lo quieran reconocer, el camino está en su día D. El fracaso en la realización de esta tarea significa una bofetada en la cara de la ciudadanía que votó masivamente en favor del “apruebo”, fracaso que puede darse al no lograr el quorum de los 2/3 para la aprobación de un sinnúmero de cláusulas o, lo que sería hasta vergonzoso, por el rechazo mayoritario del texto en el plebiscito de salida.

Insistir en los gustos personales de diversos convencionales puede llevar a un camino sin retorno pero es perfectamente posible que el cuestionamiento de temas específicos conduzca a la conformación de una mayoría heterogénea, pero mayoría al fin y al cabo, y a un resultado final negativo.

El destino del producto de la Convención puede hipotecar también al destino del nuevo Gobierno, por lo que se hace indispensable elaborar una salida racional a la crisis que pareciera estarse incubando.