Ce hache i…. Chi….

El “Ce hache i” ha pasado a ser el grito de guerra de los chilenos especialmente con ocasión de los encuentros futbolísticos. Pero, como los tiempos cambian y todo tiende a modernizarse, mi propuesta es sustituirlo por el siguiente: “Ce hache i…Chi… Ele…E … Le… Chi…Chi…Le…Le..Le….¡Santiago de Chi…lé!”.

No se trata, debo reconocerlo, de un gran aporte sino de un grito alternativo más cercano a la realidad.

Algunos datos a tener en cuenta:

• El Presupuesto asignado a la Región del Bío Bío por el actual Gobierno para el año 2019, asciende a la suma de $74.000 millones de pesos. Para el 2020, se habían solicitado 131.000 millones. Solo se asignaron 80.700
• El Consejo Regional de Gobierno tiene, a la fecha, proyectos aprobados, de arrastre, por la suma de $80.000 millones, es decir iniciativas de diversa índole que cumplen todos los requisitos (RS: Recomendados sin observaciones) que están en carpeta pero que no pueden ejecutarse por carencia de recursos.
• Ante esta realidad, el Seremi de Hacienda Cristián Muñoz, se pegó una frase para el bronce: ”Esto nos obliga a ser más ingeniosos para el uso de los recursos”
• El Gobierno Central anuncia el pasado 25 de septiembre, que invertirá 85.000 millones de pesos en la construcción del Parque Mapocho-Río en la capital. Debe recordarse que su promesa anterior del Mapocho Navegable permanece sin cumplirse.
• El Gobierno Central anuncia, al día siguiente, 26 de septiembre, que remodelará el Paseo Bulnes para completar el Barrio Cívico de la Metrópoli, tarea a la que asignará 77.500 millones de pesos.
• El ex Ministro de Salud, Dr. Emilio Santelices, presentó el “hospital digital” como  proyecto estrella en el sector,  ya que permitiría solucionar múltiples problemas: análisis de placas, exámenes, incluso cirugías no complejas, impartiendo indicaciones a médicos de zonas aisladas. Hoy, el Gobierno cancela el proyecto por falta de recursos.
• Ante los graves problemas que afectan a la Araucanía, léase “conflicto mapuche”, la Multigremial de la Región (gremios empresariales) en conjunto con la Intendencia Regional,  han elaborado el llamado “Plan Impulso” destinado a concretar inversiones por más de 1.000 millones de dólares ( setecientos veinticinco mil millones de pesos, si no me equivoco). Para este efecto, se realizó un encuentro empresarial el pasado martes 1 de octubre, en la sede de la Sociedad de Fomento Fabril, esto, por supuesto, fue en Santiago. Los creativos del proyecto, para incentivar la participación de inversionistas extranjeros, bautizaron a esta jornada con el nombre de “Araucanía Day”. Tres proyectos (uno de packing, otro de producción de jugos naturales y un software educacional) fueron presentados a los emprendedores. Este sería el primer paso para el  desarrollo de esta conflictuada Región.

Los antecedentes expuestos constituyen una pequeña muestra del compromiso oficialista con el proceso de regionalización del país. Mientras en centenares de pequeñas localidades del país la gente clama por un puente, una modesta pasarela, la reparación de la techumbre de la escuelita del lugar, la construcción de un consultorio o el apoyo en unos cuantos fardos de pasto que permitan la subsistencia de sus animales, las burocracias centralistas viven otra realidad.

El conflicto en la zona sur de la Región del Bío Bío y en la ya mencionada Región de la Araucanía, se enardece día a día. Las autoridades actuales que, hasta hace poco, tildaban todos estos incendios y atentados como “acciones terroristas” ahora insinúan que se trataría de delitos comunes cometidos por “ladrones de madera”. El Ministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, que en el último tiempo había guardado un obstinado silencio, reaparece en escena y anuncia un innovador plan: interposición de querellas, reforzamiento del personal policial en el área, uso de drones para ubicar a los malandrines y sistemas de reconocimiento facial.

Lo que los personeros gubernativos (ni los actuales ni los anteriores ni nadie) no logran entender es que el problema que deben enfrentar no es ni policial ni de orden público ni económico. Es un problema político, cultural, social, histórico, y, por lo tanto, de una abrumadora complejidad. Si la autoridad no es capaz de convocar a un “parlamento” en el cual tomen parte todas los actores  involucrados, en que se especifiquen peticiones y demandas, en que se esté dispuesto de buena fe a buscar  fórmulas que consideren reconocimiento, derechos y participación, seguiremos marcando el paso ad infinitum. Soñar con que el crecimiento económico será la tabla de salvación, no es una utopía. Es, simplemente, una tontera.