Chile, y su deficiente gestión en la descentralización y transición energética.

La descentralización se refiere al proceso de transferir autoridad, poder y toma de decisiones desde una entidad centralizada hacia entidades locales. Es el opuesto de la centralización, donde la autoridad y la toma de decisiones se concentran en una sola entidad.

La descentralización puede aplicarse en diferentes contextos, como en el gobierno, las organizaciones empresariales, las instituciones educativas y las redes informáticas, entre otros. En cada caso, implica redistribuir la autoridad y la responsabilidad a niveles locales, otorgando una mayor autonomía y capacidad de decisión a las entidades que les suceden.

Existen varios tipos de descentralización, incluyendo:

• Descentralización política: implica transferir poder y responsabilidad desde el gobierno central hacia gobiernos subnacionales, como regiones, estados o provincias. Esto puede promover una mayor participación ciudadana y adaptar las políticas a las necesidades específicas de cada región.

• Descentralización administrativa: implica delegar autoridad y responsabilidad de la toma de decisiones a unidades administrativas más pequeñas dentro de una organización. Esto permite una respuesta más rápida y eficiente a los problemas y demandas locales.

• Descentralización fiscal: implica transferir la autoridad sobre la recaudación y el gasto de los recursos financieros desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales. Esto permite que las regiones o entidades locales administren sus propios recursos y tomen decisiones sobre cómo asignarlos.

• Descentralización económica: implica promover la creación de empresas y emprendimientos locales, fomentando la producción y la toma de decisiones económicas en un nivel más cercano a la comunidad. Esto puede contribuir al desarrollo local, estimular la economía y generar empleo.

La descentralización tiene como objetivo principal promover la participación ciudadana, la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad. Sin embargo, también presenta desafíos, como garantizar la coordinación entre las entidades descentralizadas, evitar la fragmentación y asegurar que se respeten los derechos y las necesidades de todos los ciudadanos en todas las áreas descentralizadas.

Es importante tener en cuenta que los procesos de descentralización pueden variar en alcance y nivel de autonomía, y pueden ser implementados de diferentes maneras dependiendo del contexto político, económico y social de cada país o entidad.

Descentralización Energética en Chile.

La descentralización energética en Chile se refiere a la estrategia de diversificar y descentralizar la producción y el suministro de energía en el país, promoviendo la generación de energía en regiones específicas y reduciendo la dependencia de fuentes energéticas centralizadas.

Chile ha dependido históricamente de una matriz energética altamente centralizada, con una gran proporción de la generación de energía proveniente de centrales hidroeléctricas en el sur del país y centrales termoeléctricas en las zonas central y norte. Sin embargo, en los últimos años, se han impulsado políticas para fomentar la descentralización energética y promover el uso de fuentes más renovables y más limpias.

Algunas de las medidas y políticas implementadas en Chile para fomentar la descentralización energética incluyen:

• Ley 20.571 de Generación Distribuida: En 2017, se dictó una legislación que permite a los usuarios generar su propia energía a través de fuentes renovables y entregar el excedente a la red eléctrica. Esto fomenta la generación de energía a nivel local y la participación activa de los usuarios en la producción energética. Actualmente se encuentra vigente la Ley 21.118 que modifica la ley antes señalada.

• Ley 20.698 de Energías Renovables No Convencionales (ERNC): Chile cuenta con un gran potencial para la generación de energía a través de fuentes renovables, como la energía solar, eólica, geotérmica y de biomasa. El gobierno ha promovido la inversión en proyectos de ERNC en distintas regiones del país, diversificando así la matriz energética y descentralizando la producción. Actualmente hay vigentes normas de seguridad, reglamentos, decretos y resoluciones que no se cumplen, porque no son fiscalizadas por ningún organismo con la capacidad técnica indispensable necesaria.

• Subasta de Energía: Se han realizado subastas de energía renovable para promover la inversión y la construcción de proyectos de generación de energía en diferentes zonas del país. Esto ha permitido la instalación de parques solares fotovoltaicos y eólicos en regiones con alto potencial, descentralizando la producción de energía y reduciendo las pérdidas en la transmisión, pérdidas que siguen cancelando los usuarios.

• Programa de Electrificación Rural: Se han diseñado y promovido programas para llevar energía eléctrica a zonas rurales y aisladas del país. Esto se logra mediante el uso de tecnologías renovables y soluciones energéticas descentralizadas, con paneles solares FV, micro redes y micro centrales hidroeléctricas.

La descentralización energética en Chile busca diversificar la generación de energía, promover el uso de fuentes renovables y aumentar la autonomía energética de las diferentes regiones del país. Esto no solo contribuye a la mitigación del cambio climático, sino que también impulsa el desarrollo económico local, genera empleo y mejora el acceso a la energía en áreas remotas.

La irregular gestión energética en Chile.

Muchos habrán leído en el último periodo artículos publicados, o en televisión abierta y en RRSS, en que el gobierno insiste en emplear términos como “CRISIS” hídrica, energética, en transmisión y generación, etc. ¡TAL CRISIS NO EXISTE!, esto se fundamenta en que al menos, por ejemplo en Ñuble, las demandas eléctricas de uso domiciliario, son el equivalente al 24% del total de los empalmes controlados por CGE, con infraestructura considerada bien nacional de uso público y que estas empresas reutilizan para la venta de energía por medio del transporte hasta las instalaciones del usuario final por medio de peajes, sin ninguna compensación para el comprador, ni para el Estado, más aún considerando que gran parte de esta infraestructura, se encuentra emplazada en terrenos en los que no existen contratos o certificados de servidumbres, o convenios con municipios para paliar los costos en distribución. La Ley general de servicios eléctricos 18.410, el DS 327 y la NTCS consideran todas las exigencias, las cuales de un tiempo a esta parte no se han cumplido; estas deficiencias promueven un encubrimiento que denominan CRISIS ENERGÉTICA; a ello hay que sumar la deficiente gestión de mantenimiento de las empresas eléctricas en Chile, que no son fiscalizadas por ningún organismo competente y con la capacidad técnica necesaria.

Lo que se suscita como crisis, no es más que un engaño con el que se pretende promover el reforzamiento de las líneas eléctricas para que las empresas sigan capitalizando con sobreprecios derivados a los bolsillos de los usuarios consumidores.

Por otra parte, existen las subastas de excedentes de energía, que dejan en evidencia que tal crisis, ¡no existe!

¿Qué son las subastas de compraventa de energía?

Son subastas destinadas a la compraventa de energía eléctrica a un valor menor; son acuerdos y negocios exclusivos para las empresas que operan en el sistema de distribución o subsistemas de distribución que compran electricidad a precios bastante más económicos en nombre de usuarios regulados y que, eventualmente, se pueden extender a consumidores o clientes libres, pero dichos valores o descuentos no se traspasan al bolsillo del consumidor final. Con esto se pretende, en el futuro próximo, hacer frente a momentos de estrés del sistema eléctrico nacional mediante la implementación de tecnologías de almacenamiento y la propia demanda.

Este modo de regulación, diseñado mediante subastas, debería ser importante, porque se trata de garantizar la seguridad de suministro del sistema eléctrico nacional en un contexto de aumento progresivo de las tecnologías renovables intermitentes, pero que actualmente es, más bien, parte de ambiciosas políticas de exportación de energía eléctrica, más que de una transición eléctrica justa.

Una mala gestión de la descentralización energética puede tener varias implicaciones negativas, tanto a nivel económico como social y ambiental. Algunas de estas implicaciones son las siguientes:

• Ineficiencia energética: Una mala gestión puede llevar a una asignación ineficiente de los recursos energéticos. Esto puede resultar en una generación inadecuada o desequilibrada de energía en diferentes regiones, lo que podría generar problemas de oferta y demanda, aumentar los costos de energía y afectar la estabilidad del sistema eléctrico en general.

• Desigualdad regional: Si la descentralización energética no se realiza de manera equitativa, podría haber desigualdades en el acceso a la energía y en los beneficios asociados. Algunas regiones podrían quedar rezagadas en términos de desarrollo energético, lo que a su vez podría afectar su desarrollo económico y social en comparación con las regiones mejor atendidas.

• Impactos ambientales negativos: Si no se consideran adecuadamente los aspectos ambientales en la descentralización energética, podrían provocarse impactos negativos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, la construcción de infraestructuras energéticas sin un adecuado análisis ambiental podría dar lugar a la degradación de ecosistemas sensibles, la pérdida de biodiversidad o la fuerte emisión de gases de efecto invernadero.

• Falta de coordinación y planificación: Una mala gestión de la descentralización energética puede llevar a la falta de coordinación y de planificación adecuada entre las diferentes entidades involucradas. Esto podría resultar en una infraestructura deficiente, la duplicación innecesaria de proyectos, la falta de integración de la energía renovable en la red eléctrica o la falta de sinergias entre las diferentes regiones.

• Inestabilidad del sistema eléctrico: Si la descentralización energética no se gestiona de manera adecuada, podría afectar la estabilidad del sistema eléctrico en su conjunto. La falta de proyectos concebidos correcta y profesionalmente, podría generar problemas en la calidad de la energía, aumentar los riesgos de apagones o provocar desequilibrios en la oferta y la demanda de energía.

En resumen, una mala planificación, a medio y largo plazo, en la descentralización energética puede tener consecuencias negativas en términos de eficiencia energética, desigualdad regional, impactos ambientales, falta de coordinación y estabilidad del sistema eléctrico. Por lo tanto, recalcamos, es fundamental contar con una planificación adecuada, políticas claras y mecanismos de coordinación efectivos para garantizar una descentralización energética exitosa y beneficiosa para toda la comunidad y los actores involucrados.