Con plata se compran huevos….

Un viejo programa de farándula televisiva, tenía una sección denominada “El escándalo de la semana”. Según uno de sus conductores, el problema se tenía en los casos en que no había un verdadero escándalo digno de tal calificación y era necesario elevar a esa categoría a algún hecho nimio aunque fuese irrelevante.

En el plano informativo, más bien “policial”, el “escándalo del verano” ha tenido como protagonista al general y ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba*. La ministra en visita e integrante de la Corte Marcial, Romy Rutherford, lo ha privado de libertad y ha ordenado el embargo de bienes de su propiedad por la suma de $3.500 millones de pesos, cantidad que correspondería, por ahora, al perjuicio fiscal causado por las acciones del imputado entre los años 2010 y 2014.

Los “gastos reservados” institucionales, por ley, están destinados a labores de contrainteligencia y de resguardo de la seguridad nacional. “Mi general” confesó que con cargo a este ítem, él se autoasignó 6 millones mensuales más 12 millones para gastos de mantención y funcionamiento de la casa que habitaba; dispuso el pago de regalos de cumpleaños para oficiales generales y oficiales de la comandancia, de regalos de matrimonio para hijos de generales ($900.000 en efectivo para cada uno), de gastos de peluquería y sastrería, de pulseras de oro para las señoras de oficiales que se retiraban, pasajes, hospedajes y viáticos por viajes al exterior y otras menudencias largas de mencionar entre las que llaman la atención las suscripciones anuales al diario “La Segunda”, (al parecer, el más caro de Chile), por $1.000.000.- Además, se pagaban bonificaciones mensuales a los ex Comandantes en Jefe. Uno de los declarantes en la causa, Jerko Santic, aparece como responsable de haber procedido anualmente a la trituración de los papeles respectivos, “por razones de seguridad”. El abogado de Fuente-Alba, Pelayo Vial, presentó un recurso de amparo buscando anular su confesión, bajo el argumento de que había sido interrogado durante casi 11 horas continuas sin derecho a alimentación. Esta circunstancia fue desmentida por Rutherford en tanto que María Inés Horvitz, del Consejo de Defensa del Estado, alegó que la parecía extraño que un soldado que estaba dispuesto “a dar su vida por la patria” protestara por ese interrogatorio. El recurso de don Pelayo, por supuesto, fue rechazado.

Comparativamente, el caso Fuentealba es bastante insignificante si se le compara con el anterior .escándalo de Carabineros cuyas cifras alcanzan niveles inimaginables, pero eso es materia de otro cuento.

En el marco ampliado de este problema, encontramos otros casos que no dejan de llamar la atención aunque algunos pertenecen al ámbito privado.

Uno, es el caso del pastor Eduardo Durán, obispo de la catedral evangélica de Santiago. El personaje está siendo investigado como presunto autor del delito de “lavado de dinero”. Enfrentado a las críticas, confiesa que tiene ingresos por 30 millones de pesos mensuales, de los cuales 14 usa para cubrir gastos personales y 9 reparte por mitades entre sus dos hijos, uno de los cuales es el actual diputado homónimo de Renovación Nacional. Tal como en su tiempo lo hacía la iglesia “Pare de sufrir” es evidente que el diezmo de los feligreses es una contribución “voluntaria” que se utiliza en beneficio personal e incluso, en este caso, con fines político-partidarios.
Otro caso que no puede dejar de silenciarse es el del dirigente socialista Ricardo Solari. Nominado como Presidente Ejecutivo del Directorio de Televisión Nacional de Chile, percibió ingresos mensuales del orden de los 18 millones durante cuatro años. En un esfuerzo personal desgastante, compatibilizó su trabajó con labores dirigenciales en su colectividad, incluso promoviendo algunas candidaturas presidenciales. Al término de su mandato, dejó sometida a la televisión pública chilena al mayor desastre financiero de sus cincuenta años de historia: 50.000 millones de déficit, queriendo paliarlo a través del despido de personal, la externalización de funciones y la venta de activos.

En 2014, en cumplimiento de sugerencias provenientes de la ONU, se creó el Consejo Nacional de la Infancia con el fin de coordinar adecuadamente toda la institucionalidad del sector. Integran el nuevo organismo diversos ministros sectoriales que conforme al Reglamento respectivo, deben reunirse a lo menos cada seis meses. Se designó como Secretaria Ejecutiva a Estela Ortiz, parvularia, amiga de Michelle Bachelet, viuda del sociólogo José Manuel Parada, degollado durante la dictadura (1985) por funcionarios de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR). Hoy la Contraloría denuncia que Ortiz percibía 3,5 millones mensuales de más, por sobre el promedio de funciones similares, recibió casi 32 millones en viáticos para cuatro viajes al extranjero y conformó una corte de 66 asesores a honorarios entre los que se cuentan sociólogos con 4,8 millones por mes, periodistas 4,6 millones, etc. etc. El organismo virtualmente no funcionó durante el período de cuatro años.

Con este mismo desparpajo y desaprensión actuó en su momento la Ministra de Medio Ambiente (hoy de Educación) Marcela Cubillos quien en su primer mes de gestión contrató decenas de periodistas muy bien remunerados.

Si a lo dicho se agregan todos los antecedentes relativos a obras públicas mal diseñadas, excedencias de plazos en la construcción de puentes (Chacao, Bicentenario…), hospitales, establecimientos educacionales, con el consiguiente mayor gasto para el Estado que en algunos casos supera el 100%, es evidente que estamos ante un gravísimo problema. No se trata solo de la ineficiencia en la gestión del Estado (lo que de por sí es criticable y debe ser abordado institucionalmente ya que sobrepasa los términos de uno u otro Gobierno, de cualquier signo que estos sean, sino de la inmoralidad rampante que implica la mala utilización de recursos que pertenecen a todos los chilenos.

Mientras poco se hace para hacer realidad las exigencias que surgen del eslogan comunicacional de “los niños primero” o por prestar adecuada asistencia a los pensionados y adultos mayores, hay quienes ni siquiera se avergüenzan de despilfarrar recursos siempre escasos.

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• Nota: El apellido del mencionado funcionario es Fuente–Alba, con guion intercalado, y no tiene, por tanto, relación alguna de parentesco con el autor de este comentario.