Cuentas, promesas y cuentos

Una gran parte de la ciudadanía no tiene los conocimientos suficientes como para lograr una cabal comprensión de las materias económicas del país. Si a ello se le agrega un factor preocupante, dado por lo confuso e incompleto de los antecedentes que se entregan a diario, es difícil que se genere una respuesta como país que permita mejorar los diversos índices que permiten medir la evolución del proceso. Los medios de comunicación, en este terreno, aportan bien poco. La información económica es pobre, superficial, y, en general, se limita a precisar qué factores pueden haber influido en el alza de los precios al consumidor (IPC).

Como punto de partida, podemos señalar que la inflación se encuentra prácticamente controlada. El Banco Central ha fijado un rango del IPC entre el 2 y el 4% para el año 2018. Actualmente, la economía nacional se encuentra muy cercana al mínimo e incluso existe cierto temor de que pueda bajar más allá, lo que llevaría al Banco Central a bajar las tasas de interés para reactivar la actividad. Por el momento, las paltas son las que han evitado una caída que puede ser preocupante.

A fines de octubre de 2017, como lo destacáramos en su momento, el presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago (naturalmente con fines electorales) señaló que si los comicios presidenciales los ganaba la Nueva Mayoría el colapso económico sería inminente. Como triunfó su candidato, que era el candidato del empresariado chileno, era natural esperar un rápido repunte como respuesta lógica de los sectores que controlan la economía. Hasta ahora, ello no ha sido así. Los niveles de confianza son más altos que bajo el gobierno Bachelet, por supuesto, pero datos concretos que permitan vislumbrar un crecimiento efectivo no se divisan. Lo que se ve, es un cambio de propietarios de algunas empresas y anuncios de las “grandes familias” en cuanto a que invertirán en el exterior. Dos hechos llaman la atención: la quiebra de una gran empresa constructora de la Región de la Araucanía que dejó centenares de trabajadores cesantes y que arguyó que sus problemas derivaban del no pago de obligaciones por parte del Ministerio de Obras Públicas lo que fue categóricamente desmentido, y, en San Antonio, el cierre de una fábrica danesa de contenedores frigoríficos con una secuela de 2400 cesantes. Aunque círculos empresariales afirmaron que el fracaso de la empresa se debía a las altas demandas salariales exigidas por los sindicatos, la empresa desmintió absolutamente tal información señalando que no tenía problema alguno con sus trabajadores. Paralelamente, y ya en la línea gruesa, el IPSA (índice de precios accionarios) ha reflejado un fuerte retroceso en tanto que en el semestre los fondos de pensiones administrados por las famosas AFP han tenido una rentabilidad prácticamente nula.

Para estimular la confianza, el Presidente de la República ha anunciado una inversión pública de 8.000 millones de dólares en la Araucanía “para los próximos ocho años” cifra que El Mercurio elevó a 24.000 millones pues el sector privado aportará los otros 16.000 millones. El Ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno (que aspira a ser el candidato presidencial de la UDI para el 2021) armó este plan de crecimiento pero olvidó que el problema de la Región es antes que nada de carácter político, cultural y social lo que hasta ahora no se ha abordado.

El actual Gobierno heredó de su predecesor, un déficit fiscal del 1,8% del Producto Interno Bruto, que el Ministro de Hacienda infló significativamente al sumarle lo que llamó “gastos comprometidos”, es decir demandas sociales que podrían presentarse en el período especialmente en materia de salud. Su promesa, por ahora, es la de reducir ese 1,8% en un 0,2% por año para llegar al 1% en el cuadrienio. Lo curioso es que, el solo aumento del precio del cobre estimado para el largo plazo y el tratamiento contable relacionado con las transferencias de Codelco, significarán un mejoramiento del balance estructural que fluctuará entre el 0,7% y el 0,9% sin esfuerzo fiscal alguno.

Pero, por ahora, se hace indispensable mirar “la cara oculta de la luna”. Así se hace evidente que el déficit estructural no era tan grave como lo proclamó el Ministro Larraín a los cuatro vientos ya que si así hubiera sido, se estaría implementando un ajuste mucho más fuerte.

Entonces ¿dónde está la trampita? El presidente Piñera prometió como candidato, rebajar la carga tributaria de las grandes empresas aunque hace algunos días se desdijo, precisando que ello no era posible. Su Ministro, sin embargo, ha insistido públicamente en que ello es imprescindible, desacatando las órdenes de su jefe. Los “expertos económicos” que ofician como columnistas de la gran prensa, han insistido en que la rebaja es muy necesaria y que para compensar los menores ingresos el camino más lógico es elevar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un punto, de 19 a 20%, por ser el tributo de mayor rendimiento y de más fácil fiscalización. En buenas cuentas, las “grandes familias” recibirán de regalo una generosa rebaja impositiva “para promover la inversión” en tanto que la totalidad de la población se verá afectada por el alza del impuesto al consumo. Por lo demás, no debe olvidarse que prácticamente todo lo que compran los sectores medios y los más vulnerables, están afectos a este impuesto, en tanto que sólo una fracción de los consumos de las familias de mayores ingresos lo pagan.