Dos más dos… son tres.

Hace algún tiempo, comentamos que el narrador francés Charles Perrault (sí, el mismo, el autor de “El gato con botas”) había comentado en una oportunidad que la situación económica de las personas, en general, no dependía tanto de cuanto ganaban sino de cuanto gastaban. “Si gano 100 y gasto 101 voy derecho a la pobreza. Si gano 100 pero gasto 99, voy derecho a la prosperidad”. ¿Puede aplicarse este mismo principio a las “finanzas públicas”?

Al actual Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, le ha tocado jugar el papel del malo de la película y aparecer constantemente frenando el gasto público para que los egresos que se generan desde el Estado se ajusten a los ingresos que efectivamente se registran en un año determinado. El desorden en el manejo de las finanzas públicas trae consecuencias nefastas tal como le puede suceder a cualquiera familia que gasta más que lo que gana.

El Estado, de más está decirlo, tiene ingresos permanentes e ingresos eventuales. En el caso de Chile, los ingresos permanentes provienen fundamentalmente de la recaudación tributaria cuyo nivel es más o menos estable. Si la economía crece, esta recaudación también aumenta. Si la economía se estanca, también se estancan los ingresos. Otra de las fuentes de recursos del Fisco, lo constituye la gran minería del cobre de propiedad estatal la que tradicionalmente ha hecho importantes aportes. Esta actividad,  como contribuyente de dineros al erario nacional, se ve afectada tanto por el insólito “impuesto” de 10% sobre sus ventas que por ley va al equipamiento  de las Fuerzas Armadas, como por el alza de sus costos  que puede atribuirse al descuidado manejo de su nivel de gastos o al empobrecimiento de la calidad de sus yacimientos. Por esas razones, el aporte de esta minería al Fisco en un nivel básico puede considerarse como permanente y, sobre ese piso, debe considerarse como eventual.

La terrible crisis económica de Venezuela debe servir como ejemplo precisamente  de lo que los países no deben hacer. Con una pésima distribución del ingreso, este país en la década de los años 70 tenía un ingreso per cápita similar al de Suiza. En 1998, vendía a 11 dólares el barril de petróleo. Un año más tarde, a 16 dólares. En 2004, a 32 dólares, en 2008 a 88 dólares y en 2011, a 103 dólares. De esta forma, el principal productor de petróleo del mundo pudo recaudar en los 17 años de este siglo, la increíble suma de 960.589 millones de dólares, es decir del orden de los 56. 500 millones de dólares por año. ¿Se utilizaron estos recursos para desarrollar y diversificar la economía de la nación caribeña o para ahorrar ante posibles  épocas de “vacas flacas”? No. Se persistió  en un desenfreno importador, en un derroche sin límites, en financiar acciones políticas sustentando a la economía cubana, a partidos y movimientos afines en diversos países (España y Chile, entre otros), en donaciones de dudoso beneficio, etc. lo que abrió las puertas a la corrupción interna y echó las bases para la gravísima crisis económica y política que hoy se vive.

El caso chileno dista mucho, por supuesto, de la irresponsabilidad caribeña. Sin embargo, presenta algunas coincidencias llamativas. El boom del precio del cobre, que elevó el precio de la libra de este metal al nivel de los 4 dólares bajo el mandato del ex presidente Piñera, fue tomado como una etapa de bonanza ilimitada hasta que la contracción del crecimiento chino, nos volvió a una realidad que se ha tendido a estabilizar en torno a los 2 dólares con 40 centavos. El gasto público se ha elevado considerablemente y ello ha obligado a irse endeudando paulatinamente a la espera de que las cosas cambien para mejor para poder mantener el financiamiento comprometido en diversas áreas y particularmente en hacer efectiva la promesa de la educación superior gratuita.

La indefinición de algunos candidatos en materia de gestión económica y  las promesas irresponsables de gastos o de reducciones tributarias de otros, parecen demostrar que ninguno le ha tomado el peso a hechos y circunstancias que son evidentes.

Chile, como país, es de nivel medio. Ello implica reconocer que, aun cuando tiene múltiples demandas sociales que atender, los recursos disponibles para tal efecto son limitados.

Por tanto, es indispensable priorizar,  es decir asumir la responsabilidad de definir cuáles son los problemas que deben ser atendidos preferentemente ya sea por su urgencia humana y social,  ya sea por las implicancias que tienen para el desarrollo futuro del país. Dentro de la compleja trama de una sociedad en permanente evolución y que exige que las políticas públicas presten atención a las diversas áreas (pobreza y vulnerabilidad, salud, educación, vivienda, infraestructura, medioambiente, seguridad social, delincuencia,  etc. etc.) es indispensable alcanzar el óptimo rendimiento  de cada peso que se aplica a estos fines. La comunidad debe ser educada en cuanto a que nada puede ser gratis y que, por consiguiente, cada vez que se asignan recursos a un determinado objetivo se está sacrificando la atención de otros problemas tanto o más importantes y urgentes. Las presiones callejeras o de ciertos sectores sociales no pueden llevar a que la autoridad pierda el rumbo y terminen siendo los que más gritan los que obtengan “atención preferente del Estado”. Una autoridad tiene la obligación de mostrar coraje en sus decisiones aun cuando éstas sean impopulares a primera vista  y de ser honesta y transparente con los ciudadanos educándolos en las razones de justicia, equidad, eficiencia, en que se fundamentan tales determinaciones.