Las personas y la ciudadanía deben estar conscientes de los pasos que se dan, para orientar el desarrollo o para estancarse y retroceder... El próximo plebiscito, es una oportunidad de desarrollo para la ciudadanía y para dignificar al ser humano y transformarlo en soberano.
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Editorial: A lavarse las manitos

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

Las agencias internacionales de noticias traen, en algunas oportunidades, ciertas informaciones que deben ser consideradas como positivas para nuestro país.

Al cierre del año 2019, la oenegé Transparencia Internacional hizo público su reporte anual sobre la corrupción en el mundo. La entidad, como es usual, trabaja en base a la adjudicación de puntos a cada país en un esquema en el cual CIEN PUNTOS corresponden a naciones con CERO corrupción y CERO puntos corresponden a naciones que sufren una corrupción generalizada. Por razones obvias, en la práctica ninguno de estos extremos se da.

Nueva Zelanda y Dinamarca, con 87 puntos sobre 100, encabezan el ranking a nivel mundial en tanto que Somalía aparece, con solo 9 puntos, en el último lugar (puesto 180 sobre 180 países estudiados).

En América Latina, los países menos corruptos son Uruguay (71 puntos, puesto 21 a nivel global); Chile (67 puntos, puesto 26) y Costa Rica (56 puntos, puesto 44). La lista de la región la cierra Venezuela (16 puntos, puesto 173).

Alcanzar “medalla de plata” en una competencia tan difícil, no deja de ser motivo de orgullo nacional.

Ahora bien, si se quiere hurgar en los entretelones del estudio, es necesario destacar que el Índice que nos preocupa se denomina “Índice de Percepción de la Corrupción” en el mundo. Y ello es así porque es casi imposible valorar en su mérito la diversidad de casos y situaciones que se presentan. Factores diversos tales como naturaleza e importancia de las instituciones y entidades victimizadas; calidad de los sujetos comprometidos en las figuras delictivas; valores involucrados en la corruptela, apreciados tanto desde el ángulo monetario como de los principios legales y morales violados; constituyen aspectos  del material en que se sustenta de la investigación.

En buenas cuentas, una percepción no es más que una sensación interna que experimentan las personas como producto de las impresiones que reciben a través de los sentidos. En consecuencia, si en una determinada agrupación humana los medios de comunicación exageran, ocultan o desperfilan ciertos hechos, la comunidad se verá influenciada en uno u otro sentido y su percepción variará. El ejemplo más claro se encuentra frente a la delincuencia o la violencia callejera, cuyo tratamiento informativo influye en la apreciación de la realidad.

En nuestro país, los grandes medios tradicionales (prensa-papel y televisión) se encuentran claramente capturados por grupos de interés que, ya sea por su calidad de propietarios directos o por su contribución al financiamiento por la vía de la publicidad, influyen en forma abierta o disimulada en la presentación, en los énfasis, en los acentos, con que se presentan ciertos hechos. Así, ya no sorprende que el diario que presume de ser el más importante e influyente del país, enfrentado al escándalo de las pólizas de seguros de vida y accidentes del trabajo en Codelco, editorialmente condene a las dirigencias sindicales involucradas pero trate ambiguamente la responsabilidad más grave en los hechos  de una empresa que es relevante de nivel mundial.

Útil sería mantener como material de “formación ciudadana” un sitio de acceso público en que se detallaran los casos más graves de corrupción, en los que deben considerarse no solo los funcionarios públicos sino los importantes personeros del sector privado que han actuado como coautores, cómplices o encubridores de vergonzosas situaciones que comprometen no solo la imagen internacional de Chile sino que al mismo tiempo dañan la moral ciudadana.

El financiamiento ilegal de la política con su secuela de evasión tributaria; la tramitación corrupta de la ley de pesca con la complicidad de relevantes actores políticos; la falsificación de pruebas por parte de la policía uniformada en el “caso Huracán”; la multimillonaria defraudación en Carabineros de Chile; la defraudación en el Ejército de Chile; son más que hechos para la historia.

Hoy nos encontramos: con el “caso Minvu” (como lo ha denominado la prensa seria) pero que involucra a la empresa privada Altiuz SpA de los ingenieros Jorge Gálvez, Francisco Marambio y Francisco Henríquez, con sucursal en el paraíso fiscal de Panamá y que compromete a lo menos 5.036 millones de pesos en un delito que incluye fraude al fisco, cohecho y lavado de activos luego de haber prestado servicios al Ejército, a la Armada, a Impuestos Internos, a Tesorería, al Ministerio de Obras Públicas; con el caso “Chilena Consolidada” en que ya se habla de una defraudación superior a los 22 millones de dólares; con un alcalde de la pequeña comuna de Guaitecas (Cristián Alvarado) destituido por su involucramiento en 27 delitos por $1.751 millones.

Suma y sigue.

La recuperación del honor y la respetabilidad de las autoridades políticas del país, condición indispensable para reafirmar el valor de la democracia, exige pisar a fondo el acelerador para elevar los niveles de los procesos investigativos; para establecer duras y ejemplares sanciones efectivas tanto personales como patrimoniales; para generar un clima de sanción pública a los corruptos.

Si se tolera la evasión fiscal sistemática; si las principales autoridades eluden impuestos y sacan exorbitantes cantidades de dineros hacia los paraísos fiscales; si los delitos de cuello y corbata son tratados con simpatía y conmiseración; si se ve que las cárceles son para los pobres y no para los “vivos”; simplemente estaremos corrompiendo los cimientos de nuestro destino como nación.

Las “manos limpias” constituyen el primero de varios pasos impostergables.

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2 Comentarios en Editorial: A lavarse las manitos

  1. Esa concepto de percepción evidentemente es muy elástico. Me da la impresión, o me tinca, que el puntaje que le correspondería a Chile es bastante más bajo. La ley de trasparencia debería llamarse ‘ley de burocracia’, y Chile Proveedores un sistema de compras que en la práctica es un inductor de corrupción más que un instrumento de garantía de uso eficiente y honesto de los dineros fiscales. ¿qué ha pasado con las propuestas con dos sobres de apertura en presencia de todos los oponentes?, ¿y con la elección de proyectos de arquitectura de obras relevantes por concurso con jurado?

  2. Perdón, a quién le mandaron a hacer esa encuesta en Chile, Carabineros, Militares, parlamentarios, empresarios y diez mil casos de corrupción en el Estado y los tribunales son poca cosa?
    De cien… cinco, y eso.

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