«La verdadera grandeza no es tener poder, sino saber renunciar a él.» Gore Vidal

 

 

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EDITORIAL: EL “13”, NÚMERO DEL DESCRITERIO.

Bajo el mandato del presidente Jorge Alessandri, se dictaron las primeras normas legales que regulaban el funcionamiento de  los canales de televisión “de libre recepción”. La opinión del gobernante, dados los riesgos que para la comunidad  implicaba este medio de comunicación de masas, era claramente restrictiva: sólo se autorizaría la existencia de un canal de televisión pública y de canales de carácter universitario. Curioso, por decir lo menos, tratándose de un mandatario de Derecha.

Uno, fue el “Canal 13”, el “canal del angelito”, de propiedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile que,  durante la  Unidad Popular,  asumió un claro rol político opositor alcanzando muy altos niveles de audiencia.  En ese marco, y buscando alcanzar  todo el territorio nacional pese a que la ley se lo impedía, instaló una estación en Concepción en los tiempos en que su Director era el presbítero Raúl Hasbún. Su señal fue interceptada por la Dirección de Servicios Eléctricos por orden de la autoridad de la época, lo que llevó a un operativo destinado a destruir los equipos interventores,  el que fue llevado a cabo por el agente de la CIA Michael Townley (el mismo partícipe en el asesinato terrorista de Orlando Letelier, en Washington DC)  y culminó con el homicidio del encargado de su custodia. Bajo el régimen militar, el canal asumió claramente sus banderas y postulados.

Tras una vida de éxitos económico-financieros, Canal 13 empezó una paulatina decadencia y acumuló  una deuda superior a los 55 millones de dólares. El 6 de agosto de 2010, sorpresivamente el rector de la PUC, Ignacio Sánchez, y  su Canciller,  Cardenal Francisco Javier Errázuriz anunciaron su venta  al poderoso empresario Andrónico Luksic quien, tras hacerse cargo  del endeudamiento, se hizo dueño del 67% del Canal quedando el 33% en manos de la PUC. Los cuestionamientos de esta “privatización” por parte de trabajadores del 13 y de Académicos, llevaron al rector Sánchez a declarar que, al reservarse  un tercio de la propiedad, “la Universidad Católica quiere mantener su presencia en un medio de comunicación tan importante” en tanto que Errázuriz, en declaraciones a El Mercurio puntualizaba: “En la Universidad se evaluó que, como católico practicante, el nuevo controlador daba garantías de mantener un estándar editorial de calidad y acorde con la actual línea del Canal”.  En otra entrevista, el Cardenal precisaba que, el hecho de que la Iglesia mantuviera parte de la propiedad del medio,  le permitía defender sus valores y resguardar una línea editorial consecuente.

Desde entonces, han transcurrido menos de cinco años, período en el cual TV 13 ha sido reiteradamente denunciado ante el Consejo Nacional de Televisión por una serie de programas que traspasan, en horario de emisión y en contenidos, los límites aceptables.

El miércoles 12 de abril, en el programa matinal “Bienvenidos”, prosiguiendo con su línea constante de explotación del caso de Nabila Rifo (la mujer  víctima de un feroz atentado en Coyhaique que culminó con el arranque de sus dos globos oculares, al parecer por parte de su pareja), TV 13 llegó al punto máximo imaginable: leyó  en pantalla los detalles de la declaración del ginecólogo que examinó a la víctima, en un acto intolerable  de abuso informativo y de irrespeto a la dignidad de la víctima. Curiosamente, no hubo ni un editor responsable que evitara esta torpeza moral ni un “rostro” que, en la misma pantalla, tuviera el coraje necesario para frenar tal tropelía.

María José Guerrero, directora de OCAC (Observatorio contra el Acoso Callejero) declaró: “Es aberrante que el canal trasmita este tipo de contenidos, donde la víctima es vulnerada de forma terrible, exponiendo detalles sobre su cuerpo y su intimidad, sin ninguna responsabilidad”, agregando “La responsabilidad es compartida entre quienes se animaron a leer esas cosas en pantalla y quienes definen la pauta”. Se equivoca la señora Guerrero: los verdaderos responsables son, claramente, los dueños del Canal: el católico practicante Andrónico Luksic y la Iglesia  a través de la PUC. Aunque sería exagerado exigirles un control minuto a minuto de la programación, obviamente el marco ético regulatorio lo fijan ellos o las personas de su confianza que ellos pusieron a cargo del Canal. Las frecuentes vulneraciones a la dignidad de las personas demuestran fehacientemente que prácticamente no hay límites.

El caso originó más de 500 denuncias ante el Consejo Nacional de TV. El Canal entregó una declaración: “En el día de hoy, en la edición de nuestro matinal “Bienvenidos” se emitió un extracto de la declaración que realizó ayer el ginecólogo Francisco Redondo en el juicio por el ataque que sufrió Nabila Rifo. Canal 13 lamenta profundamente la difusión de este contenido y pide disculpas a la víctima, su familia y toda nuestra audiencia, por el inapropiado y lamentable tratamiento entregado en esta ocasión al caso”. Por su lado, Luksic precisó: “No vi el programa de hoy y me enteré por twitter. Definitivamente, no todo puede ser por rating. En esto, mal el canal”.

Es claro, que ni ese ente abstracto que es “el Canal” ni sus dueños (Luksic y la Iglesia Católica) tienen la menor idea de la responsabilidad social y moral de los medios de comunicación. No han leído ni los acuerdos del Concilio Vaticano II ni las declaraciones de los Pontífices en reuniones con periodistas y directores de medios. Tampoco piensan leerlos. ¿Para qué hacerse problemas de conciencia que terminarán echando al agua el negocio? Finalmente, despidieron al director del programa… Alguien tenía que pagar los platos rotos.

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