EDITORIAL. El tiempo malgastado.

El gobierno actual, que tiene al frente una dura mayoría parlamentaria, ha trabajado con especial ahínco el tema de la seguridad social particularmente en lo que tiene que ver con el sistema de pensiones. Este sistema con su secuela de problemas y déficits se arrastra por ya largos años y en cada período presidencial, cualquiera que sea el signo o el color de quien esté en La Moneda solo se le han dado algunas manitos de gato para enfrentar sus aspectos más críticos y salir del paso.

Hay algunos hechos evidentes que deben tenerse presentes para centrar la discusión e iluminar el debate.

Más allá de las consideraciones fuertemente ideologizadas, nadie puede negar que el sistema privado de capitalización individual, operado a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) ha fracasado. Su creador José Piñera, brilla por su ausencia y evade su defensa. Es claro que los recursos acumulados son ingentes, superiores a los 200.000 millones de dólares, y permiten alimentar un mercado de capitales barato en beneficio de las grandes empresas pero también es claro que las promesas de retiros con niveles cercanos a las remuneraciones efectivas del trabajador no fueron más que ilusiones ya diluidas por el paso de los años. Para la inmensa mayoría las pensiones son de mera subsistencia y, en no pocos casos, hasta miserables. Los únicos ganadores son las propias AFPs que perciben constantes y altas comisiones sobre los saldos ahorrados aunque estos sufran largos períodos de pérdidas y deterioros.

Por lo demás, la “capitalización individual” opera silenciando datos graves como los bajos niveles de ingreso del asalariado nacional, las enormes lagunas sin imposiciones especialmente de las mujeres trabajadoras y un limitado mercado formal del trabajo, factores todos que hacen que el régimen diste de ser un sistema social generalizado y solo garantice ingresos decentes a sectores privilegiados.

Los expertos, de uno y otro lado, han coincidido en que para garantizar un mejor desarrollo de la seguridad social con visión de futuro, es imprescindible elevar la tasa de cotizaciones, y curiosamente ya no existe discusión en cuanto hay que subirla de un 10 a un 16% mediante un incremento de cargo patronal.

Superado ese problema de inicio, la cuestión central se ha desplazado hacia un plano ideológico. Los sectores conservadores de la política chilena insisten en que ese 6% adicional debe ir en su totalidad hacia cuentas de ahorro individuales,  para lo cual sus partidos, sus medios de comunicación y las propias AFPs, han orquestado una sistemática campaña mediante reiterados “estudios de opinión” cuyos resultados son más que previsibles.

Sin embargo, esa fórmula tiene sus bemoles.

Sus sostenedores nuevamente evaden las cuestiones críticas antes planteadas y no se hacen cargo ni del desprestigio del actual régimen ni de sus graves falencias en cuanto estas afectan a las personas ya pensionadas o cercanas al momento de pensionarse, ni de la situación masiva de las mujeres que perciben ingresos sustancialmente inferiores a los varones y, por tanto, cotizan menos, ni de las anormalidades del mercado del trabajo.

La solución mágica, en contradicción con sus convicciones ideológicas, es que todas esas carencias deben ser atendidas “por el Estado” con cargo a rentas generales de la nación. Los mismos magos que plantean esta solución, son los que asesoran a los más poderosos grupos de interés para oponerse a todo incremento tributario señalando que los mayores ingresos fiscales que se requerirían eventualmente provendrán del “crecimiento económico” del país.

El tiempo malgastado en eternas discusiones tiene un costo y ese costo lo pagan las personas que hoy son víctimas de una “seguridad social” que poco “asegura” y que las mantiene en condiciones de pobreza y precariedad.

Una clase política desprestigiada en la liviandad de su quehacer, tiene en este terreno la posibilidad de rehabilitarse en parte ante la opinión pública. Siempre en materia de números hay soluciones intermedias lo que hace imperativos e inevitables algunos consensos en beneficio de las grandes mayorías.