Editorial. El triángulo de Vitacura y la construcción de verdades.

El pasado 3 de mayo, la Organización No Gubernamental “Reporteros sin Fronteras” (RSF) dio a conocer su informe 2022 sobre la calificación mundial de la libertad de prensa.

Al ser evaluados ciento ochenta países, 131 de ellos reciben una calificación negativa en niveles variables que van desde “muy graves”, a “difíciles” o “problemáticos”. El estudio en cuestión, además del análisis general, destaca el enorme riesgo que amenaza la vida de los periodistas en el desempeño de sus labores. Últimos casos pueden ser encontrados tanto en la guerra invasiva de Rusia contra Ucrania, en el interminable conflicto Israel – Palestina como en nuestro propio país. A la hora de cerrar este texto, falleció la joven periodista Francisca Sandoval, del canal comunitario TV3 de La Victoria, víctima de un aleve y cobarde disparo.

Según un escueto y semi oculto reporte del “decano” de la prensa nacional, solo ocho países en el mundo (entre ellos Reino Unido, Costa Rica, Portugal, países nórdicos….) presentan una situación sin problemas. En la vereda del frente, se encuentran los latinoamericanos Cuba, Nicaragua, Honduras, Venezuela, ya sabidos, más Brasil, Guatemala, El Salvador, Bolivia y México. Por supuesto, los últimos lugares del ranking los ocupan los regímenes totalitarios del Medio Oriente, Corea del Norte, Rusia y la República Popular China.

Por supuesto, las acciones de amedrentamiento a la prensa van desde los asesinatos de reporteros (plano en el que México encabeza la lista) hasta amenazas y privaciones de libertad que pueden ser “legales” pero que son casi siempre abusivas e ilegítimas. Las estadísticas constatan que entre 1992 y 2021 nada menos que 1.440 periodistas han sido asesinados. El control del periodismo, por otra parte, ha sido utilizado por regímenes autoritarios para confinar comunicacionalmente a su población y aislarla del resto del mundo silenciando medios críticos y encarcelando periodistas (caso China) o para crear climas propicios para una guerra mediante la propaganda sistemática (caso Rusia).

Y ¿qué pasa con Chile?

Nuestro país ocupa, ahora, un vergonzoso lugar 82°, habiendo retrocedido un par de decenas de puestos.

¿Es esta calificación justificada?

RSF utilizó para su evaluación cinco indicadores: contexto político, marco legislativo, contexto económico, contexto socio-cultural y seguridad, marco en el cual destaca “el incremento de la potencia de los circuitos de la desinformación”. El marco legislativo en el país (Ley 19.733 de 2001 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo texto que lleva las firmas del ex presidente Ricardo Lagos y del ex ministro Claudio Huepe García) puede estimarse satisfactorio. Nuestros problemas van por otros flancos largos de analizar.

El periodismo libre constituye la sangre vital de una democracia. Su ejercicio abarca diferentes facetas que van desde la libertad de empresa hasta su compromiso férreo con el receptor de la información ya que, como alguien dijo, la prensa está llamada a servir a los gobernados y no a los gobernantes, concepto que bien pudiera ser ampliado al decir que debe servir a los consumidores y no a las empresas, a los ciudadanos y no a los dueños del poder.

La tarea periodística se desnaturaliza absolutamente cuando se pone al servicio de reconocidos grupos de interés y pretende presentarse ante la sociedad como si fuera una expresión objetiva, razón por la que tiene la obligación moral de hacer públicos los compromisos que le impiden entregar una visión imparcial del acontecer. Basta revisar caso a caso, con sentido crítico, lo que se entrega al receptor. Las campañas encubiertas para desprestigiar a personas o instituciones, la selección sesgada de informaciones, la escogencia de los expertos que opinan, el silenciamiento u ocultamiento de ciertos hechos, el abandono del periodismo de investigación, entre muchas otras actitudes, son materiales que se utilizan a diario para crear “climas de opinión” o crear “verdades artificiosas” con el propósito implícito de evitar que el ciudadano razone y defina fundadamente sus actitudes y decisiones. Si a ello se suma el hecho de que los mismos medios formales mantienen bajo su alero y protección una red social de “comentarios” que, desde el anonimato más la injuria y la calumnia sistemáticas buscan fomentar el racismo, el clasismo, la aporofobia, la afectación de la convivencia cívica civilizada es indesmentible.

Como se nos ha hecho presente, es llamativa la triangulación impúdica que el principal diario del país conforma con centros de investigación y universidades ligados a partidos de derecha para presentar a Chile verdades construidas a la fuerza.

Si la prensa nacional desea recuperar el respeto, la confiabilidad y la dignidad que por su naturaleza merece, no es necesario, como algunos pretenden, crear consejos estatales de comunicación social sino simplemente ser consecuentes con los más elementales principios éticos del periodismo.