EDITORIAL: ES UN ESCÁNDALO, DICEN….

En medio de los demenciales homicidios ocurridos el domingo 2 de julio en el Casino Monticello, de las denuncias de una joven mujer contra un reconocido músico por la violencia ejercida en su contra, de la derrota de la selección  de fútbol en la Copa Confederaciones y de tantos otros hechos que rellenan el día a día de los chilenos, la “prensa bien” ha guardado un riguroso silencio respecto a uno de los hechos más graves que ha afectado a la sociedad política. Concretamente, en este país, en nuestro país, usted puede violar disposiciones expresas de la legislación que tipifican ciertas conductas como un delito, y salir casi totalmente libre de polvo y paja mediante artilugios de un cinismo formal que  va más allá del límite de la frescura.

Hace aproximadamente tres años, a causa de un incidente interno, Hugo Bravo, ex ejecutivo del grupo financiero Penta, abrió las compuertas que hicieron posible sacar a la luz pública  el financiamiento ilegal de la política a través de reiterados fraudes tributarios. La Unión Demócrata Independiente, el mayor partido político en la actualidad, se vio comprometida en los hechos denunciados y algunos de sus más importantes personeros fueron declarados culpables para alegría y jolgorio de sus opositores. Pero las cosas no terminaron ahí. A poco andar, las investigaciones lograron detectar que innumerables sujetos de la elite política y financiera de Chile habían montado una verdadera “máquina para defraudar” cuyo barro ensuciaba a dirigentes y operadores de casi todos los partidos políticos, de gobierno y de oposición.

A partir de ese instante, se activó una acción comunicacional, política y administrativa,  destinada a bajarle el perfil a los hechos sacándolos del ámbito de la normativa penal y radicándolos en el plano de la falta e irregularidad impositiva,  para lo cual se recurrió al uso de todas las presiones necesarias en un contubernio vergonzante destinado a cerrar los procesos y que no por ser tácito era menos evidente. La fórmula de la impunidad la daba la propia legislación orgánica del Servicio de Impuestos Internos al disponer que, en casos como estos, era indispensable su denuncia o querella para posibilitar el actuar persecutorio del Ministerio Público. El mensaje oficial era claro: “Delinca, procure que no lo pillemos y, si lo pillamos, pague los impuestos defraudados más una pequeña multa para que la cosa no se vea tan fea y ¡caso cerrado!” Por supuesto, eso valía para las “Very Important People” y no para la gente como uno.

En el análisis de los hechos, salta a la vista la  enorme debilidad observada en la conducta de la Fiscalía Nacional ya que esta entidad,  autónoma de acuerdo al texto de la Carta Fundamental,  pudo perfectamente ir más allá de las palabras de buena crianza y recurrir al Tribunal Constitucional para que este organismo declarara la supremacía de la norma que le otorga la exclusividad de la persecución delictiva por sobre disposiciones legales comunes y anteriores que, en un sano juicio, deberían entenderse tácitamente derogadas.

Al caso del “financiamiento irregular de la política”, se agregó el descubrimiento de una red de cohecho mediante la cual, empresas y asociaciones gremiales del sector pesquero,  compraron ministros, subsecretarios, parlamentarios, etc., para hacer posible la aprobación de un paquete legislativo que protegiera adecuadamente sus intereses por tiempo indefinido.

Al final del día, a los ciudadanos les queda un sabor amargo difícil de tragar. El sistema jurídico, manejado por quienes tienen poder  e influencias, puede ser hábilmente usado como  una maraña que enrede lo sustantivo de las disposiciones permitiendo que, para los delincuentes de cuello, dinero y corbata, todo quede sin castigo.

En el marco de una democracia insatisfecha, resulta indignante constatar que toda una cohorte de personajes que tienen por costumbre actuar al filo de las normas, se paseen impávidos proclamando, como si su vida fuese un ejemplo de conducta a seguir, que han actuado con estricto apego a la ley eludiendo la evaluación de la legitimidad moral de sus conductas.

Una larga sucesión de conductas (investigaciones lentas, juicios abreviados, sanciones irrisorias, obstrucciones procedimentales, protecciones mediante no interposición de querellas y no desafuero  parlamentario, prescripciones, desperfilamiento comunicacional de los delitos, etc.) configuran un cuadro que lleva a pensar que la cárcel está hecha sólo para los pobres. Los poderosos podrán continuar prostituyendo la democracia en la certeza de que el peso de la ley jamás caerá sobre ellos.