“Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.” Salvador Allende, 11 de septiembre de 1973.

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Editorial. La cola del Diablo

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

En medio de un ambiente bastante conflictivo, la atención del país se ha ido desplazando paulatinamente desde el proceso constituyente hacia las próximas elecciones de noviembre, momento en que la ciudadanía deberá elegir Presidente de la República, parlamentarios y consejeros regionales.

En la tradición republicana, amplificada por el régimen de gobierno que ha consagrado un sistema hiperpresidencial, la inmensa mayoría de los ciudadanos siempre ha considerado la periódica elección de la primera autoridad como el hito más relevante de nuestra democracia.

Las disposiciones constitucionales y legales actualmente vigentes, hacen posible que los diversos partidos políticos y agrupaciones de índole social, cultural o territorial puedan participar formalmente de este proceso cumpliendo un mínimo de requisitos ya que a la o el postulante se le exige solo ser ciudadano con derecho a sufragio y el respaldo de una cifra básica de patrocinantes que, a la fecha actual, alcanza a un poco más de treinta y tres mil firmas. 

El pasado lunes 23 de agosto se cerró el período de inscripción de candidaturas y, a pesar de la laxitud de la normativa, de los treinta y dos nombres anunciados y difundidos por los medios de comunicación, finalmente fueron nueve los nombres inscritos en plazo en el Servicio Electoral. Dos de ellos fueron posteriormente rechazados, uno por problemas de plazos de militancia, caso de usual ocurrencia, y otro por haberse detectado un gigantesco fraude en materia de firmas presentadas como respaldo.

Para la elección de convencionales constituyentes, había llamado la atención el sorpresivo éxito del colectivo de facto autodenominado “Lista del Pueblo” que superó la treintena de electos y que rápidamente se transformó en un referente obligado en la operación de institucionalización y puesta en marcha de la Convención. Surgió entonces la legítima posibilidad de seleccionar un nombre de sus filas como postulante a la Presidencia de la República lo que se concretó tras un conflictivo y cuestionable proceso interno. El SERVEL, que ha mostrado una trayectoria de impecable conducta en el cumplimiento de sus responsabilidades, detectó que más de 23.000 firmas de patrocinio, aparecían autorizadas en una notaría ya no existente y por un notario fallecido. 

Se trata de un delito contemplado en sus diversos aspectos tanto en la legislación electoral como en el propio Código Penal. Sin duda, en el caso hay una maquinación fraudulenta que compromete a múltiples personas cuya individualización deberá determinarse.

Sin perjuicio del clamor ciudadano por la aplicación de sanciones ejemplares para autores, cómplices y encubridores (para cuyo efecto es indispensable efectuar las modificaciones legales pertinentes), moralmente lo grave del caso radica en la violación deliberada de la confianza ciudadana. Un colectivo político, que hace un par de meses en su franja electoral, incluso recurriendo al apoyo de reconocidas figuras de la televisión, decía textualmente “necesitamos que votes por la Lista del Pueblo, sin empresas, sin triangulaciones, sin mentiras, sin trampas”, impúdicamente ha burlado la confianza de quienes les entregaron su apoyo.

No se trata en el caso de hacer leña de un árbol caído sino de abogar por los cambios urgentes que reclama una democracia sana. Cuando los ciudadanos de a pie observan que los autores de fraudes tributarios son condenados a clases de ética, que las empresas que se coluden reciben solo ridículas sanciones monetarias, que el autor de reiterados robos de bienes patrimoniales queda virtualmente impune, que en algunas entidades públicas campea la influencia del narcotráfico, se genera una sensación colectiva en cuanto a que en Chile “todo está permitido”.

Es obvio que los problemas de corrupción no se solucionan ni con más policías ni con un mero aumento de las penalidades aplicables. Es, además, imprescindible promover un cambio cultural que lleve a que cada uno de nosotros rechace y condene sin titubeos, ni debilidades ni complacencias políticas, lo que está corroyendo el alma de Chile.      

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