EDITORIAL. La empresa privada y el país.

El presidente del grupo económico CMPC (ex Papelera) Luis Felipe Gazitúa ha sido tajante para justificar la decisión de su empresa de invertir en Brasil y no en Chile: “Nadie en su sano juicio va a iniciar una inversión de 4.000 millones de dólares cuando el proyecto se puede demorar catorce años”.

Sus palabras dicen una verdad, pero también expresan sibilinamente una mentira.

Es obvio que en el país existe una maraña de disposiciones legales burocráticas y muchas veces innecesarias que entraban la concreción de iniciativas privadas -bautizadas por “El Mercurio” como “permisología”- pero no es menos cierto que muchos de los proyectos del sector vulneran el corazón de la normativa.

Lo que Gazitúa calla es que la razón esencial del sector es “el fin de lucro” y que la decisión adoptada por la empresa que preside, es buscar mayores mercados en su propio beneficio. Pero, como siempre sucede, se aprovecha la ocasión para atacar al Gobierno.

La respuesta del Ministro de Hacienda, fue categórica: las palabras de Gazitúa provenían de la empresa que lideró una de las mayores colusiones que registra la economía nacional.

El problema, retornando a lo esencial, es dar respuesta a interrogantes básicos del modelo vigente: ¿Están las grandes empresas respetando los principios fundamentales de una economía de mercado? ¿Están ajustando sus conductas a los principios éticos definidos por los economistas escoceses al desarrollar sus teorías sobre el liberalismo económico?

Nuestro país ha visto con asombro la serie de colusiones ilegales, delictivas, en que han incurrido grandes empresas violando las reglas de “la libre competencia” en perjuicio sistemático de los consumidores. También ha observado cómo los gestores inmobiliarios han violado con frecuencia la normativa vigente en materia de loteos y proyectos urbanos, corrompiendo muchas veces a funcionarios públicos para obtener permisos y recepciones por caminos ilícitos. En el momento actual, al celebrarse y promoverse el famoso “Cyber day”, el Servicio Nacional del Consumidor ha recibido innumerables reclamos por falsos descuentos y ofertas cometidos por empresas tales como Falabella, Cencosud y Líder.

No siendo éste el momento de inmiscuirse en el eterno debate acerca del modelo económico de libre mercado impuesto al país, es claro que muchos de los grandes actores han entendido que lo que rige es el derecho al libertinaje económico, incurriendo así en conductas inaceptables que perjudican masivamente a la población.

Si bien es indispensable simplificar los procedimientos burocráticos para así lograr en menores plazos que se concreten proyectos que aporten al crecimiento y desarrollo de Chile, es ineludible la exigencia a los emprendedores en cuanto a respetar las bases éticas de una economía sana.

La tolerancia o el silencio cómplice respecto a este tipo de inconductas, no pueden permitirse pues el daño que provocan “a la gente de a pie”, es cuantioso y la corrupción moral que generan es un factor que afecta lo más profundo de la vida en sociedad.