EDITORIAL. La ley, la ley…llegó la nueva ley.

Con una velocidad inusitada, el Gobierno del Presidente Boric firmó el decreto que promulga el proyecto aprobado por amplia mayoría en el Congreso Nacional y que regula diversos puntos en materia de seguridad pública.

Bautizada como ley “Naín – Retamal” (en memoria del cabo 2° de Carabineros Eugenio Naín asesinado durante un procedimiento policial en la Región de la Araucanía en 2020 y del sargento 2° Carlos Retamal asesinado en San Antonio al fiscalizar un evento de carreras automovilísticas clandestinas), la iniciativa adquirió dramática urgencia con los alevosos homicidios de la sub comisaria Rita Olivares y del cabo Daniel Palma, hechos delictuales ocurridos durante la última semana.

Las nuevas normas aumentan las penalidades aplicables a los autores de homicidios de personal de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería elevándola a presidio perpetuo calificado sin derecho a beneficios de ninguna especie y castiga duramente los ataques y agresiones a recintos y vehículos policiales.

Uno de los puntos más controvertidos del texto legal, es el que establece la presunción de “legítima defensa” para los casos en que los funcionarios antes referidos reaccionen repeliendo ataques con el uso de sus armas institucionales. Se trata, en buenas cuentas, de una figura privilegiada en beneficio del poder punitivo del Estado.

El problema radica en que el correspondiente juicio de valor sobre la situación concreta que se enfrenta en un momento dado, lo hace el propio policía partícipe en los hechos, y la evaluación sobre si concurren o no las circunstancias específicas determinadas por ley termina recayendo en quien eventualmente fue víctima.

En general, la sociedad chilena (y en particular los sectores que se perciben o autocalifican como “entes pensantes”) es reacia a trabajar en un análisis racional, serio y fundado de asuntos complejos. Es como si las argumentaciones contradictorias, en vez de entregarle aportes para formarse un juicio sensato y equilibrado, le incomodaran, prefiriendo guiarse por impresiones o sensaciones que se les entregan a través de la televisión o las redes sociales.

La propia prensa se transforma, de esta forma, en cómplice activo de una comunidad pasiva, que es invitada a “no pensar” por sí misma sino que a atenerse “a lo que le cuentan”. Dos datos son ilustrativos al respecto:

Uno, el comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, alertó sobre los riesgos que contenía el texto propuesto. La respuesta de columnistas y opinólogos fue descalificar al organismo señalando además que no le correspondía inmiscuirse en problemas internos del país.

Dos, casi un centenar de académicos de todas las tendencias, agrupados en torno a la Sociedad Chilena de Criminología, hicieron pública una declaración crítica a diversos aspectos de la iniciativa legal. La respuesta fue: silenciar el texto mismo y descalificar masivamente a los firmantes.

Es un hecho que iniciativas de este género despiertan la adhesión masiva de una población que se ve amenazada y sometida a las acciones de la delincuencia. Senadores y diputados se hicieron eco de este sentir ya que cuestionarla era muy impopular.

Sin embargo, hasta el propio diario El Mercurio, en Editorial del 3 de abril, se permitió llamar la atención sobre “los peligros de legislar apresuradamente”. Textualmente señaló: “La agenda legislativa desplegada ente la crisis de seguridad  es apresurada e, igual que la mayor parte de la legislación penal reciente, de escasa calidad técnica. Esto hace que las modificaciones no tengan efectos relevantes o, como en no pocos casos, sean contraproducentes”.

Aplicando el texto bíblico “por sus obras los conoceréis”, es más que claro que estamos viviendo en una sociedad impregnada por una cultura de la violencia, lo que vemos a nivel domiciliario, poblacional, de establecimientos educacionales o de salud. Las policías y gendarmería estarán obligadas a construir en su interior una cultura de respeto a los derechos de las personas de tal forma que la forma en que ejercen sus nuevos beneficios dignifique su función y les permita consolidar el respeto ciudadano.

No a la violencia, de todas maneras. Pero nunca a costa de los principios fundamentales que deben regir a una sociedad civilizada.