EDITORIAL. La línea roja.

En la madrugada del sábado 27 de abril (exactamente, a las 0.50 de esa jornada) a veinticuatro kilómetros de la localidad de Cañete, fueron asesinados tres funcionarios de Carabineros: los cabos primero Sergio Antonio Arévalo y Misael Vidal Cid y el sargento primero Carlos Cisternas Navarro.

Los funcionarios policiales cumplían funciones de resguardo y protección en el sector y de patrullajes preventivos. La camioneta en que se movilizaban recibió cuatro disparos por parte de autores del atentado y en el sorpresivo ataque se les privó de su armamento y municiones. Acto seguido, el vehículo fue incendiado con el personal ya individualizado en su interior, el que pereció calcinado.

La situación descrita no corresponde a un delito común y corriente:  es la expresión de un acto de barbarie y salvajismo que refleja una brutalidad pocas veces vista.

A la hora de presumir responsabilidades, los dardos apuntan a las diversas organizaciones mapuche y, en particular, a la respuesta de estos movimientos frente al Estado nacional que ha condenado por sentencia judicial a dos décadas de prisión al comunero Héctor Llaitul.

Mucho se podrá discutir acerca de la legitimidad de los reclamos de los pueblos originarios por sus derechos a territorios ancestrales, gran parte de los cuales fueron apropiados fraudulentamente como lo demuestran innumerables antecedentes históricos.

Pero, hoy tenemos una realidad política, social, económica, que debe ser reconocida y que debe ser tomada en cuenta en todos sus aspectos a la hora de construir propuestas de soluciones.

El triple asesinato cometido en el día del aniversario institucional del Cuerpo de Carabineros, es un acto de una crueldad inusitada y merece la condena sin titubeos ni remilgos de toda conciencia civilizada. Como toda conducta terrorista es, en buenas cuentas, una manifestación de cobardía tal como lo fue en su momento el homicidio de la familia Luchsinger.

En este clima fragoroso, la actitud de ciertos sectores políticos y comunicacionales (capitaneados por la mano negra del decano de la prensa nacional, a través de centenares de comentarios insidiosos construidos, en minutos, con nombres y domicilios falsos) para aprovecharse de la ocasión, pidiendo la remoción del Presidente de la República, imputando complicidades o tolerancia de las más altas esferas de Gobierno con el atentado, implorando explícitamente por una intervención directa de las Fuerzas Armadas, constituye la forma ostensible de mentes desquiciadas incapaces de ver un poco más allá de sus narices.

Salvaguardar nuestra subsistencia como país, requiere voluntad de diálogo, disponibilidad para sacrificar parte de nuestras aspiraciones y deseos, en aras de un proyecto común.

El triple crimen de Cañete no es solo una acción deleznable cometida por seres irracionales. Los hechores pueden gozar del éxito de su transitoria victoria sin que exista en ellos un ápice humanidad.

Como país estamos llegando a una hora límite en que estamos obligados a optar entre la sensatez y la racionalidad o avanzar por caminos de violencia sin destino.