El desarrollo de la nación debe estar presidido por el respeto al Medio Ambiente.
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Editorial: Las manos al fuego.

Equipo La Ventana ciudadana

Periodismo ciudadano.

El buen funcionamiento del sistema democrático requiere los más altos niveles de transparencia en las acciones que realizan las diversas personas que ejercen la función pública. Solo en contados casos, muy excepcionales y fundados por lo demás, la institucionalidad debe permitir el secreto y  la confidencialidad. Así, por ejemplo, se comprende perfectamente que en materia de defensa nacional, de seguridad interior o de indagaciones tendientes a investigar conductas delictivas, se guarde reserva por razones fáciles de entender.

Los parlamentarios (diputados y senadores) son mandatarios de la ciudadanía, es decir son sus representantes,  llamados a ejercer en su nombre las funciones que la Constitución Política les señala. Para tal efecto, se les entregan, como a cualquier mandatario, los medios suficientes para el desempeño de  las tareas encomendadas y, como es obvio, deben rendir debida cuenta. Asimismo, la persona llamada a ejercer el cargo de Presidente de la República también es un mandatario de los ciudadanos e, indirectamente, lo son sus respectivos ministros de Estado.

Con el objeto de  dar cumplimiento a una de sus responsabilidades fundamentales, la de legislar, es evidente que estos personeros necesitan la  asesoría técnica indispensable tanto para la adecuada redacción y sistematización de los textos legales,  como para la apreciación de sus costos, de sus riesgos y beneficios, y de sus consecuencias.

Sin embargo, todo lo señalado anteriormente, que pareciera lógico y plenamente justificado, ha abierto las puertas al abuso sin límites.

Tras la denuncia de Radio Bío Bío, dando a conocer que el actual senador y candidato presidencial Alejandro Guillier habría contratado la asesoría profesional de un abogado con cargo al presupuesto de asignaciones del Senado y que el informe entregado por el profesional no era otra cosa que una burda copia de una información de libre acceso disponible para todo público en el sitio de la Cámara Alta, el Centro de Investigaciones Periodísticas, CIPER, hizo público un acucioso estudio muestral que permitía establecer fehacientemente que a lo menos un tercio de los diputados había contratado y pagado,  también con recursos del Parlamento,  asesorías profesionales carentes de toda seriedad y de todo fundamento.

En efecto, al cotejar los informes entregados se comprobó que ellos eran copias totales o parciales de documentos de libre acceso público, de artículos o comentarios publicados anteriormente por la prensa,  y de información y datos cuya fuente sistemáticamente había sido silenciada. Más aún: algunos reproducían proverbios de circulación generalizada y, lo que es peor aún,  de uno de estos “trabajos” se entregaron veinte copias a veinte diputados y, por lo tanto, se pagó veinte veces por la asesoría de un “think tank”.

El Ministerio Público, alertado por estos hechos que podrían constituir un delito de fraude al Estado, requirió al Senado la entrega de los informes correspondientes a un período determinado,  a lo cual esta Corporación se ha negado arguyendo que ello cuestionaba la honorabilidad y el principio de inocencia.

Lo anteriormente expuesto configura  una situación de extrema gravedad.

Por un lado, estos hechos  han generado un serio conflicto institucional ya que  el ordenamiento jurídico, junto con establecer la igualdad ante la ley, dispone que el organismo responsable de la persecución penal está facultado para requerir todos los antecedentes  necesarios cada vez que considere la eventual comisión de un delito. Por otra parte, parece indudable que, conforme a la Ley de Transparencia, cualquier ciudadano podría solicitar estos informes por esta vía.

Asimismo, choca contra todo principio de lógica, el hecho de que los informes solicitados por los diputados se encuentren ya a disposición de la Fiscalía y que los informes solicitados por los senadores, se entiendan como documentos reservados.

Sin embargo, más allá de los enmarañados aspectos jurídicos y procedimentales con los cuales se está pretendiendo enturbiar el problema, lo que resulta a todas luces repudiable y condenable es el  abuso casi habitual  que personajes investidos con ropajes de autoridad, han estado haciendo con los recursos del Estado. La utilización de argucias y triquiñuelas para acceder a fuentes de financiamiento público en beneficio personal o partidario, es inaceptable. Constituye claramente una inmoralidad además de un delito.

La información disponible hasta la fecha, demuestra,  sin dejar espacio a duda alguna, que en esta trama están involucrados representantes de todos los sectores políticos, sin excepción. Cada uno de ellos ha estado cometiendo reiterados atentados contra la esencia misma de la democracia, desprestigiando y dañando al único sistema político con capacidad para resguardar las libertades y derechos de las personas. Su irresponsabilidad se pagará caro si la ciudadanía no tiene el coraje de adoptar las medidas de limpieza indispensables.

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