Editorial: Orden en la sala…..!!!

La crisis social desatada a partir del 18 de octubre, mantiene al país en ascuas tras casi ocho semanas de manifestaciones protestatarias y de ira desbocada. Una oposición desconcertada buscó una explicación racional y razonable a lo que estaba sucediendo (procurando separar aguas de los múltiples ataques destructivos a bienes públicos y privados más una organizada red de saqueos) fundando la explosión callejera en el hastío e indignación generados por décadas de abusos, inequidades, desigualdades e injusticias. Al frente, un Gobierno superado por los hechos e incapaz de alcanzar una lectura adecuada del acontecer y empecinado en dar palos de ciego creyendo (hasta el día de hoy) que todo se trata de problemas de orden público (solucionables mediante control y represión)   y de un set de demandas económicas (que pueden satisfacerse mediante bonos y reajustes salariales).

El 15 de noviembre, tras la suscripción del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” con el asenso de casi la totalidad del espectro político, se creyó vislumbrar una salida al caos existente en casi todas las ciudades más importantes del territorio. Sin embargo, y este punto conviene destacarlo, el documento, y así lo aclara en sus primeras líneas, busca una salida institucional a la situación a través de “un procedimiento inobjetablemente democrático” pero esquiva cualquier compromiso relativo a eventuales transformaciones del modelo económico social imperante.

Como consecuencia de lo anterior, se presentan dos problemas particularmente preocupantes:

Uno, que un importante sector político, aledaño a la extrema derecha, ha declarado su explícita voluntad de votar negativamente la opción de una nueva Constitución contra toda la lógica implícita en el mismo Acuerdo.

Dos, que el Gobierno en ejercicio, que ha aparecido hasta ahora respaldando el Acuerdo político, ha persistido con tenacidad en enfocar la coyuntura como si fuese de naturaleza meramente monetaria para lo cual está dispuesto a ocupar recursos de los bonos soberanos de la nación o a recurrir al endeudamiento público pero en ningún caso a emprender reformas estructurales de fondo o a tocar el patrimonio de “las doce familias”.

El juego de los grupos dominantes es claro: diluir las tensiones sociales para salvar el experimento neoliberal. Su ilusión es que los beneficios expresados en bonos y reajustes a determinados sectores de la sociedad, permitan aplacar la fuerte conflictividad que vive el país y lo hagan retornar a lo que dichos grupos consideran como la normalidad que no es otra cosa que su normalidad de clase privilegiada.

Sería, por supuesto, un fracaso que la ciudadanía terminara confundiendo paz y equidad social con un orden público formal de características autoritarias y represivas, y que los terribles costos en víctimas humanas e inconmensurables daños materiales de estos días negros,  hayan sido en vano. Peor aún: Si bien es posible que por la estacionalidad las expresiones de violencia tiendan a disminuir, sería bastante ingenuo descartar la posibilidad de que estas acciones recrudezcan a partir de marzo con las consecuencias imaginables.

La trampa de los sectores conservadores, por el momento, estará en embarcar a la ciudadanía en un alambicado debate sobre ciertos puntos formales de una eventual Nueva Constitución (NC)  (régimen político-institucional, número de parlamentarios, reelecciones, regionalización…) que resultan bastante atractivos para la población, sustrayendo de la discusión los temas esenciales que son aquéllos que amarran y resguardan un modelo configurado en base a la ideología del individualismo preservando el rol subsidiario del Estado y cerrando las puertas a todo cuanto pudiera significar avanzar hacia una democracia participativa que exprese una concepción de una comunidad solidaria.

Para evitar lo antes dicho, y sin perjuicio de los avances que puedan lograrse en la elaboración general de una NC, parece absolutamente adecuado discernir ciertos temas gruesos y generar en torno a ellos un debate ordenado, metódico, serio,   como camino racional de trabajo que haga posible concientizar a la comunidad nacional sobre todos sus aspectos y derivaciones y que permita aclarar de una vez por todas quién es quién  ya sea en la defensa del statu quo o ya sea en la capacidad de abrirse conceptualmente a valores más justos e inclusivos.

La sociedad civil tiene la capacidad de organizarse y lograr  que las Universidades, los medios de comunicación social, los sindicatos y gremios, los Colegios profesionales, los establecimientos educacionales,  las confesiones religiosas, los centros filosóficos, los partidos políticos, entre otros, concentren su atención en puntos que son críticos para definir la naturaleza de la comunidad que pretendemos delinear.

La persona humana y sus derechos; la naturaleza y alcances del derecho de propiedad y específicamente el dominio del agua como bien público; la relación institucional con nuestros pueblos originarios, son materias que pueden ser puntos de partida que inviten y motiven este proceso.

Nada obsta a que la vía procedimental siga su camino pero si queremos una Carta Fundamental que nazca desde el corazón de la ciudadanía, debemos impedir que nuestra discusión cívica se desperdigue y que un año de trabajo se traduzca en desorden y frustraciones.

Es perfectamente posible que podamos avanzar con altos niveles de participación democrática de todos los sectores siempre que motivemos al ciudadano y tengamos la madurez necesaria como para ordenar el debate.