«Si la justicia existe, tiene   que ser para todos; nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia»

Paul Auster

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EDITORIAL. Un país en la indecisión.

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

Luego de una definición categórica y bastante entusiasta de la ciudadanía en orden a que el país quería una nueva Constitución y deseaba que este instrumento fuese elaborado por representantes elegidos para tal efecto con exclusión de los parlamentarios en ejercicio, Chile entró en un proceso sorprendente que aún no concluye tras cuatro años.

Tanto la Convención Constitucional como el Consejo Constitucional que la siguió a continuación de su estrepitoso fracaso, se abocaron sin disimulo a la elaboración sucesiva de textos, de signos contrarios, que expresaban, uno y otro, sus convicciones partisanas  y dejaban flotando en el ambiente un espíritu divisivo con la pretensión de imponer la ideología de unos sobre otros.

Ninguna de las mayorías redactoras fue capaz de entender que lo que el país quería era una Carta Fundamental que definiera las reglas del juego de la convivencia común para que las definiciones coyunturales específicas fueran tomadas en su momento por los representantes democráticamente electos. La Comisión Experta fue el organismo que estuvo más cerca de elaborar un proyecto de “casa común” pero la mayoría republicana, ensoberbecida con su sorpresiva mayoría, consideró que era el momento de institucionalizar su propia programa de gobierno y disparó contra el borrador experto presentando nada menos que cuatrocientas indicaciones.

Ni en la fracasada Convención ni en el Consejo que la sucedió hubo comprensión de que las constituciones no se guían por las reglas de las mayorías ocasionales sino que requieren acuerdos amplios, consensos generales, sobre la forma en que se gestionará una sociedad por un tiempo indefinido.

A pesar de algunas frases “de buena crianza” que pretenden encubrir lo esencial del problema, es claro que el proyecto que va a ser plebiscitado el próximo 17 de diciembre, reafirma la sustentación jurídica del modelo neoliberal impuesto por la dictadura y que en la práctica implica la erradicación de lo público y de lo solidario dando preferencia al individualismo de mercado.

Ya se ha hecho presente que sistemas de educación pública como el vigente hoy en Finlandia, en Chile serían inconstitucionales conforme al proyecto de marras. Tampoco serían aceptables los avanzados sistemas de salud de Canadá ni la seguridad social de Alemania. En buenas cuentas, la aplicación práctica del “estado social y democrático de derechos” pierde su naturaleza intrínseca para abrir paso a los negocios de los privados que se mueven, por supuesto, conforme al afán de lucro y al interés particular.

El aplauso generoso del empresariado y de los economistas de derecha, develan la verdad de las cosas.

La atención de los problemas de las personas sigue en un campo abierto en el cual la famosa “libertad de elección”, de hecho, solo alcanza para quienes tienen suficientes recursos como para optar entre las variadas entidades educativas, sanitarias, previsionales, que les ofrece el mercado. Para decir las cosas por su nombre, el proyecto que debe ser plebiscitado consagra y consolida la realidad social y económica de una comunidad profundamente fragmentada que porta en su seno la semilla de la violencia y la consiguiente degradación.

Cuando valores tales como la justicia y la solidaridad son borrados de los documentos esenciales que definen y caracterizan lo que somos o lo que aspiramos a ser, estamos dándonos el lujo de autodestruirnos  sin pensar siquiera por un instante en la patria que dejaremos a nuestros hijos.

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