«Si la justicia existe, tiene   que ser para todos; nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia»

Paul Auster

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EDITORIAL. Un Problema y una Responsabilidad

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

Nuestro país se encuentra a poco menos de dos meses de la conmemoración de los cincuenta años del golpe de Estado. El 11 de septiembre de 1973 quedará grabado para siempre en la historia nacional al implicar el derrocamiento del gobierno constitucional y al evocar las secuelas de dolor, torturas, asesinatos y desapariciones que trajeron los diecisiete años de dictadura.

Hay muchas personas, incluso víctimas directas o indirectas de los hechos acaecidos, que prefieren olvidar, y entre dientes murmuran diciendo, con pudor y algo de vergüenza, “qué sacamos con remover un pasado que es irreversible, para qué transmitir a nuestros hijos y nietos esas vivencias que siempre estarán teñidas de odio y de ocultos deseos de venganza”.

Lo antes dicho puede ser comprensible en múltiples casos individuales pero, como nación, como cuerpo social ¿es moralmente lícito pretender borrar un trozo de nuestra vida común para no incomodar nuestra convivencia y no molestar a ciertos sectores? ¿Cómo reaccionaríamos, por ejemplo, si de los textos de historia general desaparecieran los crímenes del nazismo, del estalinismo, o de los kmers rojos en Camboya?

Una vieja reflexión muy conocida, nos indica que quienes no conocen la historia están condenados a repetirla. De ahí que sea necesario intentar precisar los hechos con objetividad no para justificarlos o eludir eventuales responsabilidades sino para aprender la lección recibida.

Hay datos duros que ameritan un debido análisis y que no pueden ser eludidos.

En el trasfondo, dentro de las piezas que configuran el período antecedente al golpe de Estado hay claramente una crisis de la democracia chilena que se da en el contexto de la Guerra Fría y que la mayor parte de los actores nacionales no supieron o no quisieron leer.

La Unidad Popular al llegar al poder era claramente un gobierno de minoría. Su instalación generaba enormes problemas al gobierno de los Estados Unidos (Nixon / Kissinger) que no estaba dispuesto a aceptar una “nueva Cuba” en su “patio trasero” (América Latina) y que encontró en la derecha económica chilena su aliado natural para complotar (gestión de Agustín Edwards ante la Casa Blanca, asesinato del comandante en jefe del Ejército René Schneider). Una vez asumida la presidencia por Salvador Allende e implementadas algunas decisiones trascendentes (nacionalización del cobre, control de grandes empresas), el bando oficialista se dividió entre los que postulaban la “consolidación de lo avanzado” (PC, PR) y quienes promovían la política de tierra arrasada: “avanzar sin transar” (Partido Socialista, MIR, Mapu del hoy empresario Oscar Guillermo Garretón). Las nuevas circunstancias crearon las condiciones propicias para el incremento del descontento interno y fueron absolutamente funcionales a las operaciones golpistas que estaban maquinándose. La multiplicación de las ocupaciones de predios agrícolas, las tomas indiscriminadas de pequeñas y medianas empresas, la proclamación en Concepción de la constitución de la Asamblea del Pueblo para sustituir al Congreso Nacional, fueron solo algunos de los hechos que sirvieron de campo de cultivo para justificar la insurrección armada.  ¿Había otros caminos a seguir para evitar el golpe? Claro que sí, pero no se usaron.

Soslayar el análisis de las circunstancias internas e internacionales que crearon el clima adecuado para la intervención armada, no es algo que se haga para justificar el golpe sino una exigencia histórica ineludible.

Por otra parte, el solo examen de los largos diecisiete años dictadura nos enseñan que los extremismos de izquierda pueden fácilmente conducirnos a actuaciones extremistas de represión. Se trata de “hechos”. Los torturados, los ejecutados, los detenidos desparecidos, los degollados, no corresponden a figuras retóricas ni a una perversa interpretación sino a víctimas de carne y hueso.

Toda esta compleja trama debiera llevarnos a utilizar lo vivido para educarnos en la convivencia cívica, en la vivencia de la democracia como forma de relación entre las personas, en el respeto irrestricto sin ambigüedades de los derechos humanos.

No sería bueno conmemorar estos cincuenta años para plantar un punto político sino para cumplir una tarea de pedagogía social indispensable.       

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