«Enseñar, es enseñar a dudar» Eduardo Galeano

 

 

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EDITORIAL. Un puzle demasiado complejo

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

Las copiosas lluvias con las que hizo su debut el invierno de 2023, significaron un rudo golpe para toda la actividad en la zona central del país. Una población, acostumbrada ya a la sequía, se vio enfrentada al sufrimiento que siempre golpea a los más pobres.

Un breve recuento de los efectos del anegamiento, nos permite acceder a textos, fotos, entrevistas, que muestran cómo viven (¿o subsisten?) los grupos más vulnerables, esas familias que han levantado sus precarias chabolas a las orillas de ríos y esteros, en terrenos fiscales o privados sin delimitación fija, confiadas en que la sequía prevalecerá.

Más allá de la cuestión de la vivienda humana,, (“que es un escándalo, dicen”) que se expresa generalmente en términos constructivos y algo urbanísticos,  hay un problema moral que debiera interpelar a las conciencias de la comunidad nacional, y de equidad mínima en una sociedad democrática.

Gran parte de la crisis habitacional que vive el país, deriva de los altísimos precios alcanzados por el suelo. No se trata de que la economía nacional sea incapaz de producir los materiales necesarios para edificar – cemento, madera,, áreas  fierro, vidrios, clavos, puertas, ventanas, zinc y tejas – sino de la desvergonzada especulación con los terrenos. En las grandes ciudades, extensiones enormes, pese a estar conectadas a vías y a equipamiento básico, permanecen intocadas a la espera de que los grandes consorcios inmobiliarios edifiquen guetos para concentrar la pobreza.

Asimismo es posible constatar que en las llamadas “comunas del privilegio” se construyen y ofertan a diario casas y departamentos con precios que superan los 1.500 millones de pesos, al tiempo que en una de ellas, Las Condes, el Municipio se permite comprar poco un poco más de media hectárea de terreno y pagar por el retazo nada menos que catorce millones de dólares lo que equivale de 11.400 millones de pesos, con el fin de concentrar en un lugar oficinas que hasta ahora han estado repartidas en diversos lugares.

Si se repasa la historia de sucesivos gobiernos, de todos los colores, es posible constatar que, al implementar sus programas y políticas, se ha privilegiado “lo llamativo” o “electoral” por sobre “lo importante”. Aunque la escasez de lluvias ha permitido eludir las responsabilidades, no es primera vez que el país debe soportar las consecuencias de cortes en la única vía troncal que une al territorio.

Las deficiencias en la gestión pública son notorias. En múltiples ocasiones se dictan normas que no se cumplen, pasando a ser una verdadera burla a los intereses ciudadanos. Un ejemplo ineludible es el relativo a la legislación sobre Alta Dirección Pública que pretendía profesionalizar la administración del Estado y que, en los hechos, se ha traducido en que, tras un largo y engorroso proceso de calificación y selección, los funcionarios nombrados son desafectados por un nuevo gobierno, previo pago de millonarias indemnizaciones. Otro caso a tener presente tiene que ver con el cumplimiento de funciones y tareas del Estado a través de organizaciones de la sociedad civil, lo que en teoría permite una descentralización y agilización de la gestión pública pero que en la práctica, si no hay una clara especificación de las tareas correspondientes, una asignación a entidades con trayectoria y experiencia, se presta para todo tipo de abusos y actos de corruptela como ha quedado palmariamente demostrado en los últimas dos semanas.

El daño que hechos como los ejemplificados le hacen a la moral social es inconmensurable. Un país no puede avanzar si no hay eficiencia en la gestión de sus autoridades y no se respetan principios éticos fundamentales.     

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