Editorial: Una cuestión demasiado seria.

La “política”, y no constituye novedad afirmarlo, es algo demasiado serio como para dejarlo en manos de los “señores políticos”. Si bien, mentalmente, asociamos esta actividad con los procesos electorales,  la verdad es que concierne a casi todos los aspectos de la vida en sociedad. Por esa razón, resulta incomprensible que una parte importante de la gente  se margine de ella y manifieste su rechazo hacia los representantes que fueron elegidos por la misma ciudadanía.

Generalmente, las voluntades y requerimientos de la comunidad política se manifiestan ya sea por la vía de los movimientos sociales, ya sea por la vía de los partidos.

Los movimientos sociales, tal como lo hemos visto durante la última década, si bien tienen una legitimidad indiscutida, están marcados por la particularidad de sus demandas y de sus propuestas, las que responden  a intereses sectoriales específicos: educación superior, régimen de pensiones, familias “sin casa”, a los cuales se suman los innumerables problemas que el día a día va presentando. De ahí que  su accionar resulte útil para destacar sus requerimientos y comprometer respuestas pero no constituya el camino racional para la gestión pública.

El otro cauce es el de los partidos políticos, colectividades que, por su propia naturaleza, están llamadas a ofrecer visiones más globales, visiones que miren al país en su conjunto y que, en el marco de su ideario, determinen prioridades en el obvio entendido de que los recursos que se invierten en un determinado sector implican el sacrificio o la postergación de otro. Precisamente, los partidos, al asumir la gestión del Estado, requieren tener el coraje de atender preferentemente a los sectores más vulnerables y  de proyectar su acción en función del desarrollo a largo plazo  del país, ejerciendo una verdadera pedagogía social que resulta indispensable.

Es lamentable, pero los partidos políticos chilenos sufren  una prolongada etapa de descrédito. Muchas personas explican esta situación radicando la culpa  en la larga sequía cívica experimentada bajo la dictadura pero lo cierto es que las responsabilidades concretas corresponden a cada colectividad y a sus propios dirigentes.

Chile ha vivido la experiencia de contar con colectividades de importante acervo doctrinario, es decir con capacidad de ofrecer a los ciudadanos un conjunto armónico de ideas que mostraban un sueño de país, un horizonte a lo mejor inalcanzable pero que orientaba marcando el rumbo  hacia donde se quiere caminar. También ha tenido la experiencia de colectividades de naturaleza programática que ofrecen respuestas a los  problemas de la coyuntura bajo el amplio e impreciso paraguas del querer ciudadano. Una podrá ser considerada como más válida que la otra pero ambas tienen cabida en el ámbito de una sociedad democrática.

Sin embargo,  una serie de conductas han minado la naturaleza de los partidos y han llevado a altos niveles la desafección ciudadana a su respecto. Minorías bien organizadas los han transformado en verdaderos cotos de caza para alcanzar el poder por el poder. Los llamados “operadores políticos” han pasado a ser personajes más importantes que los líderes que piensan y conducen  o que los técnicos que elaboran soluciones. Los parlamentarios, con muy contadas excepciones, se han apoderado de las estructuras partidarias, se han rodeado de  cortes de incondicionales y adulones y han cerrado el   paso a todo pensamiento crítico o alternativo. Perpetuarse en sus cargos ha pasado a ser la razón de su existencia, presionar para que la función pública recaiga en sus adláteres sin consideración alguna por su capacidad y eficiencia, posicionar adecuadamente a hermanos, cónyuges e hijos, han pasado a ser conductas tan persistentemente presentes que ya ni siquiera llaman la atención. En suma, los intereses personales han pasado a ser tan fuertes que la vía hacia la corrupción ha quedado expedita  como lo demuestran múltiples casos.

Una verdadera “revolución ciudadana” debe presionar para torcer esta inercia y encauzar al país por el camino que corresponde. El “apoliticismo” constituye un fraude cívico que busca ocultar las verdaderas intenciones de quienes los sustentan y eludir el enfrentamiento de la realidad social. Cuando un político exhibe desprecio por las ideas, amor por las cuñas comunicacionales, ocultamiento de los lazos que lo ligan a grupos de poder económico y financiero, y muchas otras actitudes semejantes, está socavando las bases del sistema democrático y abriendo puertas al populismo irresponsable.