El caso de Segundo Catril

El pasado martes 24 de mayo, muy temprano, 31 trabajadores, casi todos de origen mapuche, eran recogidos por un bus blanco que los llevaría al lugar de su faena. Todos laboraban para la pequeña empresa “Santos Reinao Millahual SpA” en la restauración de la vegetación nativa de las riberas del lago Lleu Lleu, que, habiendo sido depredadas por la acción de las empresas forestales. Ahora, una de ellas, Forestal Mininco, financiaba este proyecto y en el horizonte se vislumbraba la posibilidad de una restitución de tierras que antaño pertenecieron a las comunidades del lugar.

En el cruce Santo Domingo, en la ruta entre Lumaco y Tirúa, el bus fue emboscado. Disparos de fusil traspasaron los vidrios de sus ventanas: José Catril, casado, 2 hijos, de la comunidad Juan Yevilao, fue herido por impactos de proyectil y permanece hospitalizado, sin riesgo vital; Tránsito Mariñán, de 33 años, miembro de la comunidad Juan Lincopán, recibió un tiro en el rostro con fractura de mandíbula y permanece grave tras ser intervenido quirúrgicamente; Juan Segundo Catril Neculqueo, 66 años, 4 hijos, miembro de la comunidad Humberto Millahual,  recibió el impacto directamente en el cráneo y falleció en el Hospital de Temuco al poco rato de su arribo al establecimiento.

Los hechos descritos bien pueden ser considerados como un eslabón más del prolongado y extenso conflicto que envuelve a la zona pero, como señaló la dirigente mapuche Karina Reinao “este ataque no fue un acto reivindicatorio o de sabotaje, ya que fue un ataque a sangre fría”.

El criminal y cobarde atentado tiene antecedentes que ayudan a configurar el cuadro. Al tiempo que el dirigente y contratista Santos Reinao puntualizaba que el proyecto en que trabajan desde hace tres años contaba con el respaldo social y político de las comunidades del sector, se recordaba que paralelamente se han estado distribuyendo panfletos calificando a estos trabajadores como “vendidos”, “traidores” y “yanaconas de las forestales”.

El crimen de Lumaco es de particular gravedad. Pretender utilizar lo acontecido con fines políticos o para la defensa de intereses gremiales como lo hizo un alto dirigente del empresariado nacional, es inaceptable. Expresar que se trata del primer acto de esta naturaleza contra civiles, como desafortunadamente lo expresó la Ministra del Interior, constituye un error grave de esos que terminan costando caro.

Nuestro país vive, quizás, el período más crítico de su historia excluyendo, por supuesto, la situación excepcional de la dictadura. El principio fundamental de todo Estado en forma que proclama que solo esta entidad tiene el monopolio exclusivo del uso legítimo de la fuerza, está absolutamente sobrepasado y la permanente tolerancia de la autoridad hacia inconductas sociales cada vez más numerosas y extendidas va derivando paulatinamente hacia situaciones de descontrol que se escapan absolutamente de las manos.

Ya no solo se trata de grupúsculos violentistas absolutamente incapacitados de entender que es posible luchar por objetivos legítimos por métodos ajenos a la violencia sino de personajes que subrepticiamente desafían al orden democrático como un ex almirante de la Armada en una cena ceremonial o de un dirigente como Héctor Llaitul que impúdicamente desafía la institucionalidad pública.

Como hemos señalado en reiteradas oportunidades, el conflicto de La Araucanía tiene raíces variadas y complejas y, obviamente, es una quimera la pretensión de una solución total e inmediata. Más aún: la presencia de múltiples grupos de acción con nombres, fines y métodos de operación diversos, hace patente que todo está entremezclado y que ya no se persigue únicamente la reivindicación territorial y cultural de los pueblos originarios afectados sino que su justa causa está siendo utilizada por el narcotráfico y por la delincuencia pura y dura.

La Coordinadora Arauco – Malleco (CAM) deslindó sus responsabilidades en el asesinato del comunero Catril pero eludió una condena categórica de hechos como los comentados.  

Juan Segundo Catril era un hombre sencillo, modesto, esforzado y trabajador. Su familia y su comunidad, subsistían en un ambiente de pobreza. De la noche a la mañana, su vida se extinguió a consecuencia del ataque alevoso de un grupo de individuos, al parecer de su misma raza, de su mismo pueblo. Las víctimas pudieron ser muchas más.

¿Qué nos está pasando? ¿Estamos viviendo en un país definitivamente desquiciado? Las huellas de la cobardía y de la violencia están quedando marcadas en diversos lugares y tiempos.

Es hora de abordar el reto de la violencia con decisión y coraje. Si bien el Gobierno aparece en primer lugar con la responsabilidad correspondiente (este gobierno y los precedentes), es claro que las respuestas deben comprometer a toda la comunidad. Trivializar la injuria, la funa, el ataque artero a personas, a  bienes públicos y privados, minimizar la agresividad en las relaciones interpersonales, constituyen muestras de un país en decadencia social y moral.