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El derecho de acción

Jonathan Marcial Mendoza

Licenciado en Derecho con Especialidad en Formación Docente

El tratadista jurídico Eduardo García Máynez (2002), en su texto clásico Introducción al Estudio del Derecho, fue el primer latinoamericano, en el siglo XX, que establece precedentes sobre derecho de acción. Gracias a este finado abogado mexicano, es que deja bases fundamentales sobre ese punto tomando en cuenta a la Teoría General del Proceso más el derecho subjetivo.

Del párrafo anterior, no se trata de explicar, punto por punto, los alcances totales de ese segmento del libro referido para exponer el derecho de acción; más bien, como finalidad del presente artículo, se toma en cuenta extractos significativos del autor principal complementándola a partir de otros exponentes que esclarecen más significativo al tema de esta sección.

Máynez deja claro que “cuando la solución de las controversias y, en general, la tutela del derecho, queda encomendada al poder público, aparece la función jurisdiccional” (2002, página 228). O sea, la actividad recae en el Estado para resolver un conflicto donde se procura evitar la justicia por propia mano, tal como nuestro artículo 17 constitucional lo regula, y recurrir a órganos jurisdiccionales con el propósito de determinar si las facultades que el reclamante se atribuye exijan realmente y ordene su satisfacción.

¿En qué sentido? Primeramente, examinar la situación a partir de aplicación de normas jurídicas a casos concretos que obliga al particular en hacerlas efectivas desde el procedimiento judicial. Libia Reyes (Introducción al estudio del Derecho, 2012) interpreta que el Estado interviene en las contiendas para limitar las venganzas, dando la función del juzgador para solucionar los conflictos por la vía jurisdiccional. Es más, Máynez fue tajante en especificarlo así: “La acción no puede ser considerada como derecho accesorio, porque ello equivaldría a destruir el concepto mismo del derecho subjetivo” (2002, página 231).

Dicho de otra manera, la aplicación de normas jurídicas a casos concretos que obliga al particular y hacerla efectiva para la protección de derechos subjetivos. Agregando lo antedicho, Ovalle Favela comenta que “las personas tienen para promover un proceso ante un órgano jurisdiccional, con el fin de que, al concluir el proceso, emita una sentencia sobre una pretensión litigiosa” (Teoría general del proceso, 2005, página 153).

Retomando ideas principales, son tres características que aluden un derecho de acción:

  • Fundamentarse en una ley vigente.
  • Individualización al realizarse el hecho que la ley atribuye en forma eficaz (derecho subjetivo).
  • Existencia de ese derecho que quiera reclamar ante el órgano jurisdiccional.

Leonel Pereznieto Castro, citando a Ovalle, ha declarado de forma similar bajo los siguientes términos: “como derecho, facultad, poder o posibilidad jurídica de las partes para provocar la actividad del órgano jurisdiccional del Estado, con objeto de que se resuelva sobre una pretensión litigiosa” (Introducción al Estadio del Derecho, 2006, página 213). Cuando el juez nota que el derecho solicitado no exista tiene la obligación de declarar que la acción es infundada; ya que, si no hay acción, no hay derecho subjetivo.

El derecho de acción radica, volviendo a Máynez, en un aspecto meramente procesal donde existe la demanda (por parte del actor o demandante), la defensa (el demandado o reo) y la sentencia (el juez). ¿Con qué resultado?  En una petición de función jurisdiccional donde puede ser ejercitado por cualquier persona, o sea, “de cada ciudadano como tal, de pretender del Estado al ejercicio de su actividad para la satisfacción de los intereses amparados por el derecho” (2002, página 237).  

¿Qué es derecho de acción tal cual? En la obra del pionero en la materia lo define como: “Facultad de pedir a los órganos jurisdiccionales la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, ya sea con el propósito de esclarecer una situación jurídica dudosa ya con el de derecho de declarar la existencia de una obligación y, en caso necesario, hacerla efectiva” (página229).

En el mismo sentido, Mario Ignacio Álvarez Ledesma lo ha replanteado bajo la óptica del derecho subjetivo, tomando de base la postura de Hans Kelsen, como el significado de encontrarse jurídicamente “facultado para intervenir en la creación de una norma especial como una sentencia, la que impone la sanción al individuo que de acuerdo con la misma resolución ha cometido el acto antijurídico o violado de su deber” (Introducción al Derecho, 1996, páginas 243-244). A su vez, Jaqueline Jongitud Zamora entiende sobre esto que se viene exponiendo “como un derecho subjetivo procesal de las partes frente al juez, es decir, frente al titular del órgano jurisdiccional” (Introducción al Derecho, 2015, página 172).

A si las cosas, el derecho de acción simplemente constituye un derecho para el ciudadano y una obligación para el Estado, donde es concebida como una potestad para provocar un litigio, eso sí, con la existencia de un derecho propia del sujeto planteada al juez para su intervención plasmada en una resolución llamada sentencia.

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