
La leche derramada.
El categórico resultado del plebiscito del 4 de septiembre ha generado una secuela de comentarios, la mayoría de los cuales busca justificar la derrota de la opción del “apruebo”. Los comentaristas que han aflorado por montones, han repetido hasta el cansancio que nos encontramos ante el caso de una ciudadanía manipulada y desinformada que en esta ocasión fue víctima de una serie de mentiras y falsedades, habiendo contado con la adhesión de sectores que antes se mostraban como “democráticos y progresistas” y que en esta oportunidad habrían abandonado o traicionado sus principios.
Buscar explicaciones simples para problemas políticos y sociales complejos, es bastante pueril. En verdad, a cualquier análisis que tenga pretensiones de seriedad sobre el frustrante proceso, bien debería aplicársele esa vieja máxima que nos recuerda que “los que no conocen la historia, están condenados a repetirla”
Curiosamente, ha sido Fernando Atria, uno de los principales ideólogos de la Convención, quien ha planteado algunas consideraciones de interés al afirmar que “el texto propuesto fue escrito en lenguaje propio de asambleas estudiantiles”, “que el daño lo hizo la conducta de la Convención más que las mismas normas que se aprobaron”, y “que la magnitud de la derrota muestra que hubo una propuesta que no fue aceptable para el pueblo chileno”. Hay un hecho indesmentible: Los convencionales o constituyentes (la mayor parte de ellos muy lejos de poder ser considerados como “constitucionalistas” o sea juristas especializados en Derecho Constitucional) trabajaron aprovechándose de su mayoría al interior del organismo sin pensar que era imprescindible generar un producto que lograse ser mayoría dentro de la comunidad nacional, .asumiendo un papel refundacional que simplemente consideraba que todo el pasado de la sociedad chilena había sido un error.
Un dato duro, a tener presente, es que el resultado del plebiscito fue, en buenas cuentas, muy homogéneo. Las cifras confirman que el escrutinio final muestra grandes similitudes entre el Chile del Norte, del Centro (Metropolitana y Valparaíso y del Sur; entre los votantes urbanos y rurales; entre hombres y mujeres; entre jóvenes y adultos; entre población con mayor o menor nivel educacional; entre mundo popular y de clase media, y, -¡oh, sorpresa! – entre comunas con mayoría de población de ancestro indígena y las demás.
En verdad si se quiere lograr un juicio válido sobre lo sucedido, necesitamos responder a ciertas preguntas: ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo fue posible que, luego de que el país por clara mayoría manifestara que quería una nueva Constitución, ahora rechazara el plato que se le presentaba?
No puede negarse que tanto la imagen de la Convención como el comportamiento de sus integrantes, fueron claramente negativos. Era obvio que los sectores que desde un principio manifestaron su oposición a la idea de una nueva Constitución, iban a explotar todos los errores y tonteras que se cometieran para desprestigiar su trabajo. Y desde el primer día recibieron el aporte generoso de los constituyentes.
Los poco más de seis meses de trabajo efectivo del organismo, se desarrollaron en un clima confrontacional que proyectó hacia la sociedad un sentimiento de inestabilidad e incertidumbre. El solo hecho de funcionar en base a comisiones temáticas a partir de las cuales se generaron múltiples y contradictorias vocerías, contribuyó a crear confusión ciudadana generalizada mostrando un déficit comunicacional incomprensible.
Por su parte, el rol jugado por el Gobierno durante el período durante el período fue contradictorio. Durante la etapa de discusión del proyecto se auto-marginó arguyendo su respeto por la autonomía de la Convención (pese a que los constituyentes del Partido Comunista y del Frente Amplio estuvieron lejos de aportar sensatez en aspectos claves) al final se jugó por el texto entregado, actitud que llevó a que importantes sectores vieran en el referéndum la oportunidad propicia para juzgarlo en materias tales como seguridad, orden público, delincuencia, narcotráfico e inflación.
Ahora, debemos preocuparnos de ver como seguimos adelante.
Sin duda, y cualquiera sea el camino que se adopte, hay aportes de la Convención que deben ser preservados tales como la normativa sobre derechos humanos y derechos sociales; paridad; agua, naturaleza y medio ambiente; descentralización y regionalización; y todo cuanto configura la concepción de un “Estado social de derechos”, sin perjuicio de un ordenamiento y correcciones indispensables..
Hay temas que deben ser reanalizados para que respondan a lo que la ciudadanía quiere, tales como plurinacionalidad y derechos de los pueblos indígenas, bicameralismo, reelección presidencial inmediata, iniciativa presidencial en gasto público, Poder Judicial y sistemas de justicia, régimen de partidos políticos entre otros.
El único camino a seguir por la vía institucional, es a través del Congreso Nacional, Poder del Estado al cual la ciudadanía debe exigir respeto por principios fundamentales que ya forman parte de la conciencia ciudadana entre los cuales los mecanismos de participación son relevantes.
Toda pretensión de entregar soluciones a través de “elites de expertos” debe ser dejada de lado como asimismo la senda promovida por mentes sobre- ideologizadas que confían en la fuerza de los “movimientos sociales” que terminan siendo grupos de interés movidos por intereses particularistas con desconocimiento y desprecio de una comprensión global de la sociedad en su conjunto.
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