La pesca milagrosa.

René Fuentealba Prado, abogado.

Dice el relato evangélico que estando Jesús con sus discípulos a orillas del mar de Galilea, les indicó que echaran las redes pero ellos le respondieron que durante toda la noche lo habían hecho sin éxito pero que, confiados en su palabra, lo harían de nuevo. Sorpresivamente, regresaron con sus barcas cargadas. Jesús les dijo: “Hasta ahora habéis sido pescadores de peces. Yo os haré pescadores de hombres”.

Dice la historia chilena reciente que las empresas pesqueras nacionales, tras haber depredado durante décadas los inmensos recursos que el mar Pacífico puso a disposición de los habitantes del país hasta el extremo de amenazar la subsistencia misma de numerosas especies, se vieron en la necesidad de recurrir a las autoridades políticas para que regularan su extracción permitiendo que éstas se renovaran paulatinamente.

Períodos de veda, cuotas, capacidad de las naves, tamaño de las especies, estudios científicos contratados con diversas universidades, etc. etc. fueron algunas de las medidas que se aplicaron y cuyo cumplimiento debió ser fiscalizado por organismos del Estado. La situación se puso asaz complicada toda vez que,  en las disputas por los volúmenes y áreas de extracción,  se enfrentaron las empresas de la pesca industrial entre sí y de éstas con los medianos y pequeños empresarios.

Tras largos debates y juegos de presiones de todo tipo y a todo nivel, los “industriales” comprendieron que era mejor entenderse entre ellos para lo cual se organizaron en poderosas asociaciones gremiales, por una parte, y, por otro lado,  enfrentar,  de manera conjunta,  al adversario interno (“los artesanales”) y a eventuales nuevos actores que quisieran incursionar en el negocio ya que la “libre competencia” es buena pero no tanto.

Así, convencieron al Gobierno de la época acerca de la necesidad de legislar sobre la materia encontrándose con un Ministro de Economía solícito en atender a sus requerimientos. Las ocho familias que controlaban el sector, se coludieron activamente y en una hábil y persistente campaña comunicacional buscaron convencer al país de que lo único que buscaban era proteger los recursos naturales bajo amenaza de extinción y salvaguardar los intereses nacionales que, casualmente, coincidían con sus intereses particulares. Centenares de documentos y estudios, muchos de ellos bien comprados y bien pagados, proporcionaron el sustento técnico que el caso requería. Para darle un sentido social a su operación, agregaron que estaban defendiendo la fuente de trabajo de miles de chilenos para cuyo efecto, con gran sacrificio económico, movilizaron  dirigentes sindicales hasta Valparaíso  y organizaron manifestaciones populares.

Pero, como buenos hombres de fe, nunca olvidaron que el Maestro había predicado sobre la necesidad de que sus discípulos “se hicieran pescadores de hombres” y, de acuerdo a los tiempos que corren que nos hablan de la equidad de género, determinaron hacerse “pescadores de hombres y de mujeres”  evitando todo tipo de discriminación.

Su trabajo fue fecundo. Partieron por una hasta entonces desconocida diputada por Iquique, continuaron con un generoso financiamiento a un senador de la misma zona y, movidos exclusivamente por su voluntad de servir al bien común, y prosiguieron con una caterva de personajes que, encabezada por un Ministro, incluyó senadores de la República, diputados, asesores parlamentarios, asesores de los asesores parlamentarios, subsecretarios, alcaldes, concejales, candidatos a alcaldes, partidos políticos en formación,  y un sinfín de individuos e individuas de una nómina que cada día nos trae mayores sorpresas. Cada uno de ellos fue retribuido como corresponde ya sea mediante boletas ideológicamente falsas, seudoasesorías, aportes políticos legales, etc. Por ahora, se puede hablar de algunos centenares de boletas  y de algunos miles de millones de pesos. (El detalle correspondiente, con nombres y apellidos,  puede ser revisado en los  sitios de CIPER y de SERVEL).

Para concluir, se puede llamar la atención sobre los siguientes hechos:

1.- Según declaración de los propios receptores de estos recursos, en su caso todo corresponde a trabajos efectivamente realizados tales como asesorías verbales, seguimientos legislativos y judiciales, relaciones con la comunidad y otros semejantes.

2.- Si bien los aportes legales a partidos y campañas electorales tienen el carácter de “reservados”, es obvio que alguien (el candidato o una persona  de su comando) gestionó tales recursos, resultando absolutamente inverosímil la declaración justificatoria de una senadora en cuanto a que ella “no tenía como saberlo”.

3.- Las grandes empresas pesqueras, a través de todo el país, invirtieron ingentes sumas de dinero en cohechar influencia política siendo igualmente condenables tanto los cohechados como los cohechadores.

Lo grave es que todas estas deleznables conductas no solo degradan a la actividad política y empresarial sino que dañan en lo más profundo la convivencia ciudadana al destruir las confianzas en que se sustenta la vida de una comunidad y al crear la sensación de que en política y en negocios “todo está permitido”.