LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los derechos humanos son aplicables a todos los grupos sin distinción de edad. Niños y niñas gozan por ende de los mismos derechos humanos que un adulto; sin embargo, por tratarse de seres humanos que están en una condición de vulnerabilidad especial, sus derechos deben recibir una atención y protección primordial, garantizando así que puedan desarrollarse en su pleno potencial, sin sufrir las nefastas consecuencias del hambre, las enfermedades, el abandono y los malos tratos.

La citada Convención establece además que los niños y niñas no son propiedad de sus familias, ni deben ser vistos como sujetos de la caridad; por el contrario, la convención reconoce a los niños y niñas en su condición esencial de individuos, que gozan entonces de derechos y responsabilidades propias, adecuadas a su respectivo nivel de desarrollo.

La Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, estableció que los niños y niñas no solo tienen derecho a la salud, una apropiada nutrición y la educación, sino que también tienen el derecho esencial a la protección y a vivir en un “entorno seguro y protector”, evitando por esta vía que sean objeto de violencia, abusos y explotación. Esta Cumbre se refirió especialmente a la protección de los menores que viven en circunstancias particularmente difíciles, entendiéndose por ello a aquellos niños y niñas huérfanos, de la calle, refugiados o desplazados, trabajadores, sometidos al yugo de la prostitución y abusos sexuales, discapacitados y delincuentes.

Tanto la Convención como la Cumbre antes mencionadas reconocen a la familia como el pilar fundamental para la protección de los menores; sin embargo, el Plan de Acción de la Cumbre Mundial avanza un paso más allá, al señalar que para que los menores se desarrollen plena y armónicamente “estos deben crecer en un ambiente familiar y en una atmosfera de alegría, amor y comprensión”. Destacando de esta manera, no solo la importancia de la familia en la formación de los niños y niñas, sino que además, la importancia de la existencia de un ambiente armonioso para el desarrollo de los menores.

Es este ambiente de armonía, en que niños y niñas son acogidos con alegría, amor y comprensión, el que se constituye en la piedra angular de su desarrollo integral. Gozar de este ambiente, es entonces un derecho de niños y niñas, cuya protección corresponde al Estado. Aquellos que han sido privados de este entorno familiar armonioso, tienen derecho a una protección, asistencia y cuidados alternativos especiales, y el establecimiento de este ambiente alternativo es responsabilidad del Estado, con la participación activa de toda la sociedad.

Humberto Maturana, hablando sobre la importancia del amor en la formación de niños y niñas señaló recientemente que el amar, como espacio en que acogemos al otro, dejándolo aparecer y tener presencia, en que escuchamos lo que dice, sin negarlo desde un prejuicio, supuesto o teoría, se transforma en la educación que nosotros queremos para nuestros niños y niñas; es este amor el que les da a los niños y niñas el espacio para reflexionar, preguntar y ser autónomos, abriéndoles una ventana para que puedan decidir por sí mismos. Maturana señaló además que “amar educa”; si creamos un espacio que acoge, que escucha, en el cual decimos la verdad, en el que estamos dispuestos a contestar las preguntas y nos damos el tiempo para estar allí, presentes con el niño o la niña, atendiendo su curiosidad, ese niño o niña se transformará en una persona reflexiva, seria y responsable, y con capacidad para escoger desde sí.

Parece entonces evidente, que para el resguardo de los derechos de niños y niñas que viven en circunstancias particularmente difíciles, y el establecimiento de un ambiente familiar, que les permita crecer y desarrollarse en una atmosfera de alegría, amor y comprensión, no basta con la aprobación de leyes y el establecimiento de instituciones, que muchas veces no son más que cascarones vacíos, carentes del contenido amoroso esencial que todo niño y niña requiere, para su pleno desarrollo.

El problema que se ha destapado en Chile en los últimos meses y que como ya es costumbre, se ha politizado y simplificado, presentándolo como la “crisis del Servicio Nacional de Menores (SENAME)”, es realmente mucho más que eso. El problema radica esencialmente, en que el cuidado de estos niños que viven en circunstancias particularmente difíciles, es visto por sectores importantes del Estado y la sociedad, como una obligación y una carga, más que como una responsabilidad y oportunidad para con aquellos, que sin buscarlo ni merecerlo, se han visto privados de una familia donde crecer o de un ambiente familiar y armonioso en que desarrollarse.

Somos una sociedad profundamente segregada a causa del individualismo; y esta segregación es la que lleva a que muchos, consciente o inconscientemente intenten excluir a aquellos que “sobran”.  Sobran los inmigrantes; sobran los Mapuches; sobran los menores que viven en circunstancias particularmente difíciles, aquellos miles de niños y niñas huérfanos, de la calle, refugiados o desplazados, trabajadores, sometidos al yugo de la prostitución y abusos sexuales, discapacitados y delincuentes.

En la medida en que no cambiemos radicalmente la manera en que vemos esta responsabilidad, no seremos capaces de solucionar esta dramática situación. Sin perjuicio de los innegables problemas estructurales de las leyes e instituciones destinadas a proteger a la infancia que hoy existen, y del deber primordial que en este tema le cabe al Estado, la solución de fondo se encuentra en la toma de consciencia de que estos niños y niñas son responsabilidad de todos y por ende, es nuestro deber ético y moral, el velar para que se generan las condiciones adecuadas para que les demos la acogida que se merecen.