La dignificación de la ciudadanía,construyendo su constitución es un buen camino a la libertad y justicia que necesitamos.
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¿Pasito a pasito?

20-20. Un nuevo año, además de abrazos y buenos deseos, debería significar un cambio de actitud tanto personal como colectiva. Si la dura experiencia que hemos vivido como país no nos ha servido de nada, quiere decir que nos queda todavía mucho por aprender.

La peor torpeza (inconcebible en la elite que gobierna) que se puede cometer es proclamar que todo lo sucedido no ha sido más que un accidente en la vida ciudadana, que todo lo sucedido ya pasó, y que, con el lavado y repintado de muros públicos y privados, con la reposición de pavimentos y semáforos, Chile volverá a ser “un oasis de paz” y de “buena convivencia social”. 

Por sobre la destrucción material alimentada por turbas enajenadas, hay una secuela de víctimas fatales, de jóvenes mutilados, de personas abusadas, que no podrá ser borrada de un día para otro porque ha herido el alma del país.

Los violentistas, una mínima minoría dentro de la multitud de manifestantes, actuaron con la irracionalidad desenfrenada de individuos carentes de toda percepción acerca de las consecuencias de sus actos, de tal forma que los principales damnificados fueron sin duda los grupos más carenciados afectados en su locomoción, en su abastecimiento, en sus modestas opciones laborales que para ellos significan muchas veces la opción entre alimentar y no alimentar a su familia. Si quienes encabezaron este proceso pensaron que el caos significaba el logro de sus aspiraciones, solo consiguieron demostrar su inmadurez y generar rechazos vehementes especialmente de los sectores medios.

El Gobierno, sorprendido por este reventón masivo, hizo evidente su nula capacidad de comprensión del problema apelando, de las más diversas formas, a la represión como una fórmula de sometimiento. Sin respuestas políticas, solo policiales, ha dejado la pelota dando bote en el área chica con el inminente peligro de que el resultado final no corresponda a lo que imagina. Cuando luego de más de nueve semanas de crisis generalizada el Presidente “pide que los valores de la Navidad saquen a nuestro país de este clima enrarecido” (frase que recuerda a un ex Ministro de Hacienda que invitaba a rezar para que aumentara el crecimiento económico) quiere decir que se carece de toda capacidad de comprensión de lo que está sucediendo. Cuando una queja prioritaria ciudadana recae en la indignidad de las pensiones que recibe el grueso de la tercera edad y el Gobierno es descubierto gastando más de doscientos millones de pesos en una campaña comunicacional “por la paz”, su actitud tiene más sabor a burla que a respuesta inteligente y responsable.

Es claro que “los hechos son los hechos” y que el modelo de desarrollo amparado por la Constitución de 1980, con sus puertas abiertas al abuso y al libertinaje, se encuentra en el corazón del conflicto. La Derecha gobernante no aparece hasta ahora como dispuesta a aceptar reformas que afecten sus intereses económicos fundamentales lo que hace predecible la subsistencia indefinida de una situación de alto riesgo explosivo.

Por otra parte, la oposición política al Gobierno de ChileVamos, expresada en su variedad de vertientes, incurre en un grave error de apreciación al hacer sentir a los ciudadanos que en una nueva carta constitucional se encuentra la solución mágica de todos sus problemas. El largo proceso reformista que en su teórica aplicación práctica culminará en un período cercano a los dos años, si bien implicará avances importantes en muchos aspectos, no resolverá de un día para otro el dilema entre dos concepciones radicalmente opuestas. La añeja idea de la prescindencia absoluta del Estado en el manejo y concreción del bien común, posiblemente quede sepultada para siempre. La concepción alternativa de que el Estado debe cumplir un rol proactivo en este campo puede quedar estampada en la carta fundamental pero sus alcances concretos en la vida de las personas solo serán constatables en la medida que haya una renovación de las elites políticas para abrir paso a quienes deseen efectivamente avanzar hacia una diferente concepción de la democracia y de la vida colectiva fundada en principios de equidad y justicia y, también, last but not least como dicen los ingleses, en la medida en que exista una cierta concordancia entre las demandas sociales y sus costos y el acceso a los recursos financieros suficientes para darles respuestas.

Mientras el mundo superestructural se entretenga en el debate inacabable sobre los procedimientos, el mundo real, el de la gente, debería abrirse camino en tres tareas de fondo: definir el cuadro jurídico de los derechos humanos elaborando normas sobre sus alcances y su debida protección; alcanzar una normativa que integre a los pueblos originarios a través de una convivencia que reconozca y ampare sus derechos; debatir, con todos los costos que ello pudiese significar, sobre los alcances del derecho de propiedad con su gama de derivaciones especialmente en materia de agua y recursos naturales.

Se trata de temas que, bien conducidos, invitarán a la participación y nos permitirán avanzar, aunque sea lentamente, hacia una sociedad de equilibrios sólidos.

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