«La concentración de riquezas, el poder del dinero, por sobre todo, el dinero fácil, en su accionar destruye la historia, la educación, cultura , los valores de una sociedad que desee permanecer limpia y sana.»

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POR SUS PRESOS, LOS CONOCERÉIS

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

El lunes 19 de febrero, se hizo público el informe de la Corte Suprema de Justicia sobre la situación carcelaria en Chile. El texto es una radiografía a los establecimientos en que se recluye a las personas privadas de libertad, elaborado por Lya Cabello, fiscal judicial del máximo tribunal, en base a los antecedentes recopilados en el transcurso del 2017.

Sus datos son patéticos .La funcionaria referida visitó en el período 53 recintos,  constatando que en 25 de ellos se vivía en una situación de hacinamiento. Como ejemplos,   se destacaron el Centro de Limache con capacidad para 110 internos y una población efectiva de 279. La ex Penitenciaría con capacidad para 2.384 reclusos encierra a  una población real de 4.486. El Centro de Copiapó, por su lado, con capacidad de 242 personas recluye efectivamente nada menos que 453. En casi todos los lugares, los reclusos son encerrados a las 16 horas y desencerrados a las 8.30 del día siguiente,  permaneciendo 16 horas sin recibir alimentación alguna. En general, los espacios abarrotados carecen de servicios higiénicos y de condiciones mínimas de ventilación y luz. La situación horaria hace imposible que se desarrollen por parte de Gendarmería las actividades mínimas de reinserción que exige la ley. A nivel general, prácticamente no existen programas de capacitación laboral ni tiempos disponibles para actividades de educación física y cultural.

Este negro recuento significa que, desde 2003, año en que la fiscal de entonces Mónica Maldonado elaboró un duro informe sobre la materia, ha habido cero progreso.

Y entonces ¿quién o quiénes son los responsables? La respuesta es una sola: FUENTEOVEJUNA, es decir, en buen castellano, TODOS.

Por décadas, ningún Gobierno, ni en dictadura ni en democracia, ni de  centro, ni de izquierda, ni de derecha, ha tenido el coraje de enfrentar el complejo problema de la seguridad pública y la delincuencia. Al comienzo de la década del 2010, el Ministro de Justicia de la época,  Felipe Bulnes abordó el tema carcelario y planteó una serie de propuestas serias y factibles pero luego fue trasladado al Ministerio de Educación, sin            que ninguno de sus sucesores manifestara voluntad en cuanto a continuar con  las políticas insinuadas.

Sin duda que el problema es complejo. En una rápida mirada, saltan a la vista  diversos aspectos, cuya importancia y priorización será materia para analizar y decidir: Situación material y capacidad de los recintos carcelarios; cantidad y capacitación de funcionarios de gendarmería; régimen de penalización (nuevo Código Penal);  régimen de penalidades alternativas; tratamiento de menores y mujeres  infractores de ley; capacitación educacional y laboral para una adecuada reinserción en el medio libre. Lo único claro es que el abordaje requiere definir e implementar una POLÍTICA DE ESTADO GLOBAL, de largo plazo, que implique el compromiso efectivo de todos los ámbitos de los sectores público y privado y de las organizaciones y entidades de la sociedad civil que tengan la voluntad de sumarse a este desafío.

Es duro decirlo pero, hasta ahora, el discurso político específico ha sido de una inmadurez y de una  irresponsabilidad espantosas. La superficialidad manifestada en eslóganes irrisorios (“la delincuencia apoya a tal candidato”, “fin a la mano blanda”, “se les acabó la fiesta a los delincuentes”); las medidas para la galería (cámaras, drones, electrificación de cercos, cierre nocturno de plazas y parques) que no atacan sino que trasladan el problema; la tontera pertinaz de parlamentarios y actores políticos que no imaginan otras medidas que no sean las de aumentar las penas caso a caso; revelan no sólo la incomprensión absoluta del problema sino la incompetencia (¿o cobardía?) de quienes han sido mandatados para regir la res pública.

Cuando los medios de comunicación social trabajan día a día en la creación de un clima de temor y de inseguridad en la población ya sea con  el propósito de  aumentar sus ratings o lectorías, ya sea para servir a los grupos de interés que defienden,  y se muestran incapaces de abordar las diversas dimensiones de un problema social cuyas raíces se hunden en sus más diversos aspectos (familia, educación, pobreza y marginalidad, trabajo, etc.), el futuro se puede vislumbrar como muy poco auspicioso.

El punto de partida para poder avanzar  radica, en nuestra opinión, en la creación de una conciencia cultural basada en el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos entre los cuales se encuentran, por supuesto, los infractores de ley. Ello debe ser reflejado en una legislación tan equitativa como para que la comunidad perciba que las normas han sido establecidas para ser aplicadas a tirios y troyanos, a ricos y a pobres, y no constituyen un mecanismo de protección y defensa de los privilegios de una clase dominante.

Si,  desde esa base conceptual,  somos capaces como nación de unirnos unos a otros para trabajar en procura de un avance paulatino, racional, humano, en las diversas aristas anteriormente insinuadas, será posible trastocar la realidad que se vive y construir un país más solidario e integrado.

Se trata, sin duda, de una tarea terriblemente ardua, pero desafiante e impostergable.

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1 Comentario en POR SUS PRESOS, LOS CONOCERÉIS

  1. ¡Qué horrorosa situación carcelaria tenemos en Chile! Donde existe un Ministerio de Justicia sólo de nombre, que jamás se ha preocupado de la sub-desarrollada situación, según así lo demuestra el reporte entregado por la Corte Suprema de Justicia. Y ¿Pensamos que de esta forma llegaremos algún día a ser un país «desarrollado» en América Latina?. ¡Qué ilusión más grande!.

    Ojalá que la nueva administración de Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique analice los cambios extremadamente necesarios que enfrentan los departamentos correccionales chilenos. Tiene cuatro años para solucionar esta grave situación carcelaria a nivel nacional, y darle una prioridad a la aplicación de una debida justicia a esos ciudadanos que pagan sus penalidades de una forma completamente inhumana.

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