PROYECTO SERVICIO DE BIODIVERSIDAD (SBAP) – Un análisis (Parte IV)
N. del E.:
1. La Parte III de este artículo fue publicada en la edición de La Ventana Ciudadana del 26.02.2023).
2. Por un error interno se omitió la publicación de la Parte IV el 05.02.2003. Por tanto, se publica en esta edición del 12.03.2023).
A MODO DE CONCLUSIÓN
Para analizar el proyecto de ley del SBAP se requiere, a mi juicio, tener en cuenta el contexto del proceso de instalación de la dimensión medioambientalista en Chile. Hay que tener en cuenta que, durante los 17 años de dictadura, Chile se excluye o queda excluido de los grandes procesos mundiales del tema tales como el proceso que llevó a cabo la Comisión Brundtland[1], por ejemplo. Y justo al iniciar su camino de recuperación democrática se realiza la denominada Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Sin embargo, ya desde 1990 que se había instalado un grupo de trabajo forestal, coordinado por CIPMA a través de Eladio Susaeta (que justamente hoy aparece defendiendo el modelo forestal[2]), que va a determinar en gran medida lo que hoy vamos viendo en el diseño de la institucionalidad forestal; hay que reconocer que los empresarios fueron adelantados para resguardar sus intereses y, es muy probable que los contenidos de ese grupo de trabajo hayan servido de insumos para la participación de Chile en la Cumbre de la Tierra. Lo cierto es que la decisión de dicho grupo de trabajo determinó en medida importante el primer eslabón en la cadena de fraccionamiento de las funciones de los bosques, teniendo como referente el proceso análogo emprendido en 1987 en Nueva Zelandia, que concluiría con desarmar su Servicio Forestal, dando origen a nuevas institucionalidades dispersas y donde, finalmente, los denominados bosques productivos pasarían a ser regulados por una entidad privada. Junto a ese contexto, también hay que considerar la discusión nacional acerca de cuál debería ser la institucionalidad que se ocupara del emergente tema medioambiental en que se enfrentaron dos corrientes: una coordinadora que aprovechara, potenciara y obligara a cada ministerio a incorporar la componente medioambiental en la gestión de sus instrumentos de política pública, versus una entidad centralizada y concentrada, con presencia regional pero a cargo exclusivo de la componente medioambiental (ver análisis de Rafael Asenjo[3]). Es necesario comentar también que una entidad concentrada y centralizada es mucho más vulnerable al “lobby”, que un conjunto de instituciones.
En todo este largo proceso político queda la sensación de que el proyecto de ley del SBAP es una realidad casi insoslayable, dados los fuertes intereses políticos involucrados, y por tanto sólo quedaría esperar que se cumplan eficazmente los objetivos planteados[4]; que exista un sistema de áreas protegidas efectivamente protegidas; que se desarrolle un sistema de gestión de dichas áreas protegidas a un nivel cuantitativa y cualitativamente superior al actual; que se eliminen de verdad todos los ámbitos y dimensiones de vulnerabilidad, partiendo por los que el propio proyecto incluye frente al enorme riesgo de la inversión productivista.
Por otra parte, hay que recordar que el proyecto SBAP tiene dos objetivos, como señala su artículo 1º: “La presente ley tiene por objeto la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas”. Es decir, a) conservar la diversidad biológica del país y sistemas degradados, a nivel de genes, especies y ecosistemas y, b) proteger el patrimonio natural del país a través de la creación del SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas). A mi juicio, sería un doble error asignar al SBAP la tarea adicional de hacerse cargo de gestionar los ecosistemas degradados, ya que, junto con contradecir su “propia” lógica de separación de funciones de los bosques, significa una responsabilidad que requiere una especialidad distinta; complementaria, pero distinta.
Alberto Peña Cornejo.
Fuente de figura:
[1] En 1987, Naciones Unidas publicó el informe “Nuestro Futuro Común”, también conocido como Informe Brundtland. Es el documento donde hay constancia por primera vez del concepto Desarrollo Sostenible.
[2] https://www.uchile.cl/noticias/202559/entrevista-a-eladio-suzaeta-primer-egresado-de-ingenieria-forestal
[3] https://revistaderechoambiental.uchile.cl/index.php/RDA/article/view/36510
[4] Ver presentaciones de la Mesa Forestal del Maule y del Colegio de Ingenieros Forestales en abril 2022 en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, mismas que cuestionan si efectivamente se cumplen los objetivos declarados: https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=248631&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=248731&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION
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