Existir es fácil, vivir un tanto más complejo. ...Pero vivir comprometido con un cambio de las injusticias sociales, humanas, económicas y medioambientales, eso sí es difícil, pero realmente valioso, eso es vivir de verdad!!!
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¿Quién nos está gobernando?

Una simple información de rutina.

El pasado lunes 13 de enero, EMOL (la versión resumida digital de “El Mercurio”) daba conocer que el periodista Alfonso Peró Vergara asumía el cargo de Director de Comunicaciones de la Presidencia de la República. De acuerdo a esta información al recién nominado le correspondería “la coordinación estratégica de los contenidos comunicacionales del mandatario” (sic). Acto seguido, la Ministra Karla Rubilar escuetamente puntualizaba que se trataba de un profesional “de gran trayectoria”.

Lo que Rubilar no dijo, fue lo siguiente:

a) Que Peró estudió en la Universidad Finis Terrae;
b) Que era hijo del presidente homónimo del Fondo de Inversión Capital Advisors;
c) Que estaba casado con Guadalupe Ureta Cardoen;
d) Que “su trayectoria”  se reducía al paso por la revista empresarial “Capital” y al cargo de Editor de Política y Reportajes precisamente del diario El Mercurio; y
e) Que el cargo se había creado para él, ya que hasta ahora no existía.

Por supuesto, cabría preguntarse: ¿Qué factores influyen para que un periodista tan destacado abandone un cargo estable en el más influyente diario-papel del país para irse a cumplir una función política de plazo bien limitado? Si la afinidad ideológica de Peró con el mandatario era tan profunda ¿Con qué independencia ejerció durante este tiempo sus funciones profesionales?

Además, según han señalado los medios, Peró tendrá como “jefe directo” al propio Presidente en coordinación con el jefe de asesores del “segundo piso”, Cristián Larroulet, al tiempo que se le quita a la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno la responsabilidad del manejo y análisis de las “redes sociales”.

¿Qué nos dice todo esto?

Simplemente que ni el Presidente Piñera ni el cerebro ideológico de La Moneda, luego de casi cien días, logran entender (¿o no quieren entender?) la naturaleza de la gravísima crisis social que está viviendo el país. Para uno y otro, todo se reduce a un problema de “orden público” (tarea en la cual han ido de fracaso en fracaso) o a la acción de un grupo de malvados que incitan a la violencia y al caos a través de las redes  Si eso fuera así ¿cómo se explicaría que el Ejecutivo cuente con un 10% de adhesión y un 80% de desaprobación? ¿Cómo se explicaría que quien pretendía proyectarse como líder internacional caiga 36 puntos y baje del puesto 1 al 7 en Sudamérica, según la encuesta Ipsos?

Pero, tras bambalinas, parece que tenemos otro problema.

Horas antes, Jorge Selume, director de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno, sorpresivamente había presentado su renuncia “por problemas de carácter personal”, siendo reemplazado de inmediato por el periodista Christián Rendic.

Todas las luces apuntan a que Selume fue el anónimo personaje que proveyó al presidente y al ministro Gonzalo Blumel de los insumos en que se sustentaron sus temerarias afirmaciones en cuanto a que éramos víctimas de la intervención de “gobiernos extranjeros” que utilizaban “tecnologías extraordinariamente sofisticadas” y con los cuales se alineaban Mon Laferte, Gary Medel y los rockeros surcoreanos del grupo K-Pop. A través del decano de la prensa nacional, se sabía que un misterioso informe de 112 páginas había sido entregado por intermedio del Ministerio de Defensa, a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). El Gobierno raudamente aclaraba que no había contratado tal trabajo y que, en consecuencia, no se habían ocupado dineros públicos en él.

A los pocos días se supo que el documento Big Data de análisis de las Redes Sociales, había sido elaborado por la empresa española Alto Data Analytics y, para cerrar el círculo, se hacía público que el servicio había sido contratado por la empresa Quiñenco, matriz del grupo Luksic, con fines particulares y que don Andrónico, a través de su Gerente Legal Rodrigo Hinzpeter, decidió poner en contacto al referido proveedor con autoridades de gobierno para su “consideración y análisis”. O sea, para ocuparse de tan sesudo estudio se reunieron las autoridades de seguridad del Estado chileno, personeros de inteligencia de las Fuerzas Armadas, empresas privadas nacionales (Quiñenco) y extranjeras (Alto Data Analytics).

Hasta ahora no se ha aclarado quién pagó por el documento (¿o fue un regalo de Luiksic al Estado) ni nadie se ha hecho responsable de este affaire.

La guinda de la torta la puso el Fiscal Nacional Jorge Abbot, al informar que el explosivo informe lo recibió el Ministerio Público de parte de la ANI, agregando: “No le hemos encontrado ningún valor y no nos ha parecido necesario indagar sobre su origen”.

En medio de la mayor crisis social del país, nuestro Presidente nos ha entretenido con esta bochornosa operación comunicacional.

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