desarrollo integral: ciudades y alimentos

El Derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria, son aspecto tremendamente relevantes para el desarrollo integral de las personas, desde hace algunas décadas, el planeta ha comenzado un proceso de sostenida urbanización, lo que ha provocado que habiten más personas en ciudades que en zonas rurales. Las proyecciones indican un crecimiento sostenido de la población en ciudades pequeñas e intermedias al 2030, generando una atención especial a estas áreas urbanas, y la oportunidad para desarrollar políticas de seguridad alimentaria y nutricional con enfoque en las urbes, que tienen una influencia directa en los territorios rurales con los que poseen vínculos sociales y económicos. El derecho a la ciudad y al hábitat, unidos, deben fortalecer las políticas y gestión del Estado incorporando la dimensión ecológica a los procesos de planificación territorial, donde los “espacios abiertos”, escenarios de la vida cotidiana de los habitantes urbanos, ocupan un lugar cada vez más importantes en el ámbito de las políticas que buscan ciudades más integrales.

Los países y Chile, tendrán que reequilibrar las políticas e incentivos agrícolas para llevar a cabo medidas de inversión y políticas que tengan en cuenta la nutrición en toda la cadena de suministro de alimentos, a fin de reducir las pérdidas de alimentos y potenciar la eficiencia en todas las fases. Las políticas de protección social que tienen en cuenta la nutrición también resultarán esenciales para que los países incrementen el poder adquisitivo de las poblaciones más vulnerables y la asequibilidad de las dietas saludables para estas poblaciones. También serán necesarias políticas que impulsen de manera más general un cambio de comportamiento en favor de dietas saludables. Sólo así Chile podrá reforzar cada una de las leyes y decretos relacionados con el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional.

En la Plataforma de seguridad alimentaria de la FAO, se entrega un marco jurídico sobre el derecho a la alimentación. Se menciona, por ejemplo, que en la Constitución de 1980 da un reconocimiento implícito a este derecho, establecido en su art. 5: “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” y que ”es deber de los órganos del estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Del mismo modo, el artículo 19 del texto constitucional reconoce sus incisos 1 y 9 “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona” y “el derecho a la protección de la salud”. Pero estos derechos en la practica se violan de forma sistemática. En plena pandemia, los comedores y ollas comunes volvieron aparecer (tal cual como en la época de la dictadura 1973-1989), así como la pobreza y el desempleo. Todo esto de la mano con un abandono en el primer año de pandemia, donde el rol de la mujer dirigente se fortaleció en torno a la logística alimentaria de su barrio.

Pero ¿qué es el derecho a la alimentación? Todo ser humano tiene derecho a una alimentación adecuada y tiene el derecho fundamental a no padecer hambre, según las normas internacionales de derechos humanos. El derecho a una alimentación adecuada comprende los aspectos cuantitativos, cualitativos y de aceptabilidad cultural.

Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger, promover, facilitar y materializar el derecho a la alimentación. Algunas obligaciones son de carácter inmediato y otras deberán cumplirse gradualmente destinando la mayor parte posible de los recursos disponibles. El derecho a la alimentación no es el derecho a ser alimentado sino, primordialmente, el derecho a alimentarse en condiciones de dignidad. Sólo cuando una persona no pueda, por razones ajenas a su voluntad, proveer a su propio sustento, tiene el Estado la obligación de proporcionarle alimentación o los medios de adquirirla.

En Chile, sin embargo, la mutilación permanente de nuestros ecosistemas no nos está garantizando este y muchos otros derechos que dependen exclusivamente de los recursos naturales y con eso, arriesgamos la violación de derechos esenciales para nuestras futuras generaciones. Si hay algo en lo que debemos trabajar es en aprender a que el planeta tiene procesos mucho más lentos que los nuestros. Porque se autorregula, en cambio nosotros saturamos y rompemos todos los ciclos naturales que nos permiten vivir en dignidad.