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¿Se trata solo de un problema económico?

La cifra es tremendamente preocupante. La Fundación “TECHO-Chile” ha dado a conocer que, al 31 de diciembre de 2017, 40.541 familias del país estaban viviendo en campamentos. Es difícil apreciar adecuadamente  lo que  esto significa pero, según afirma en forma muy destacada  la  prensa tradicional (El Mercurio 16.05.2018),   se trataría de una cifra similar   a la que se registraba en 1985, es decir  treinta y dos años antes Curiosamente, al día siguiente, Cristian Bowen,  Director Ejecutivo de la Fundación, en Cartas al Director, puntualizó: “No nos parece correcta la comparación de estos datos con los elaborados por el Gobierno en 1985, los cuales fueron hechos en dictadura, sin parlamento que fiscalizara y escasa transparencia en el método….preferimos observar la cifra arrojada por el Minvu en 1997 que estimaba en 104.808 las familias que habitaban en campamentos”.

El titulo mercurial lo dice todo: “RETROCESO DE 30 AÑOS: CANTIDAD DE FAMILIAS EN CAMPAMENTOS EQUIVALE A LA CIFRA DE 1985”. Resulta “muy feo” por decir lo menos (otros dirían que resulta “poco ético”) el trabajo del decano de la prensa nacional. Se aprovecha de un dato estadístico actual,   muy preciso,   para introducir sibilinamente la idea de que desde la recuperación de la democracia nada efectivo se ha hecho en este campo, tomando para ello, como base de comparación, un dato carente de toda seriedad técnica.

Más allá de lo dicho,  en todo caso es útil trabajar con el guarismo entregado por TECHO, sobre la base de las siguientes consideraciones:

1.- Los economistas nos dicen que el  ingreso real promedio  de la población ha  subido notoriamente en las últimas tres décadas, a tal punto que el país ya estaría oteando el horizonte del desarrollo, factor que haría  posible una solución en relativo corto plazo. A pesar de las inequidades sobradamente conocidas, de las catástrofes experimentadas por el país (sismos, aluviones, incendios forestales) la edificación de viviendas sociales ha permitido absorber el crecimiento vegetativo de la población y disminuir en casi 65.000 el número de familias en campamentos.

2.- Debe reconocerse que el proceso está hoy virtualmente estancado ya que al mismo tiempo que se absorben casos por otra parte se agregan nuevos originados por tres factores: a) alza generalizada de arriendos que hace imposible que las familias más vulnerables puedan sustentarlos; b) Incremento de  familias viviendo en condiciones de hacinamiento o como allegados, en barrios marginales o inseguros o carentes de servicios básicos o sin acceso a redes laborales; c) Flujo migratorio de familias con alto grado de vulnerabilidad. Acota Bowen: “Si los campamentos de hace tres décadas respondían  a la búsqueda de familias por vivir en la ciudad… los nuevos campamentos … responden a familias que, habitando ya una vivienda, se encuentran con tal nivel de tensión social económica o habitacional que ven en los campamentos una salida, a pesar de los riesgos o inseguridades que el campamento implica”.

3.- Esta realidad social está marcada por  la segregación y la exclusión. Debido al alto precio del suelo, las soluciones habitacionales se construyen en sectores aislados y marginales  o las familias se ven obligadas a vivir hacinadas en viejos inmuebles explotados por especuladores, fenómeno  que se da especialmente en relación con los inmigrantes. Es decir, en las grandes ciudades convive la marginalidad territorial (barrios para pobres, barrios para ricos) con la exclusión social que se da en el corazón mismo de estas urbes.

4.- Personeros de la Cámara Chilena de la Construcción plantean, de acuerdo a su particular visión de las cosas, tres tipos de solución; uno, que se amplíen los límites urbanos ad infinitum para bajar el precio del suelo; dos, que se rebaje la carga impositiva; tres, que se disminuyan las exigencias normativas. Sin vergüenza alguna. Todo sea por el negocio.

5.- Hay algunos elementos de juicio que deben ser considerados en relación con este asunto, porque son  indiciarios de  una sociedad fragmentada: a) Importantes inmobiliarias ofrecen departamentos de 550 o 600 metros cuadrados  en sectores altos de la capital, a precios que van “desde” las 27.500 UF, es decir del orden de los 810 millones de pesos; b) Las mismas empresas plantean ofertas  en la playa o el campo, para adquisición, sí, tal como se lee, de la segunda o tercera vivienda; c)  Ricardo Consiglio, gerente de estudios  del fondo de inversión Larraín Vial, anuncia que el año 2018 la actividad constructora alcanzará su más alto nivel de utilidades.

Según  el Ministro de la Vivienda Cristián Monckeberg, para lograr una mejor calidad de vida “no necesariamente hay que tener mayores ingresos”. Como señalara el diputado Gonzalo Winter, “el Índice de Calidad de Vida Urbana demuestra lo contrario”. “Las comunas con mayores ingresos son las que tienen la mejor  calidad de vida”. En ciudades profundamente desiguales “el poder adquisitivo determina quién vive en barrios con amplias áreas verdes y quiénes en guetos de la periferia con escasez de servicios y de conectividad”, agregando que “el sector inmobiliario funciona como un negocio que, en la práctica, prioriza obtener ganancias sin considerar el impacto que generan sus proyectos en la calidad de vida urbana, como ya hemos visto en los casos de los guetos verticales y  la destrucción patrimonial que afecta a varias comunas de Santiago”.

En el último tiempo, un hecho ha llamado la atención. La Municipalidad de Las Condes es propietaria de un extenso terreno situado en la vecina comuna de Vitacura. El alcalde Joaquín Lavín decidió edificar en el lugar un conjunto de viviendas sociales “de buena calidad”,  pero el alcalde Torrealba, de su misma coalición política,  se opuso, argumentando que su municipio quería destinarlo a áreas verdes. El conflicto escaló a tal nivel, que debió intervenir el MINVU. Se llegó a una solución salomónica: la mitad del terreno sería destinado a viviendas sociales y la otra mitad a áreas verdes. Torrealba, luego, desconoció el acuerdo e insistió en que no permitiría otro destino del predio que no fuese el de área verde, todo esto en la comuna con la mayor cantidad de metros cuadrados de parques por habitante del país.

En el caso que comentamos, queda en claro que el sector más rico del país simplemente no acepta convivir con personas de bajos ingresos.

El tema de la vivienda y el desarrollo urbano es complejo. Dejarle su solución al “señor mercado” es inaceptable. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿Existirá políticamente la posibilidad de que el Estado deje de ser un ente “subsidiario” y que asuma el rol que le corresponde de gerente del bien común?

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