«La ciudadanía tiene el deber y el derecho de cuidar la democracia, salir al paso de cualquier posibilidad de extremos que pongan en peligro las libertades públicas. Digamos nó a la amenaza de fascismo en Chile , votar y votar bien, es nuestra responsabilidad.«

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Un país flaco y confuso

En general, la ciudadanía en tiempos de crisis espera que en algún momento las aguas se calmen y la vida nacional se encauce por canales que permitan alcanzar ciertos niveles de certeza sobre el futuro. La coyuntura actual, marcada tanto por los problemas sociales y políticos como por la pandemia, causa profunda inquietud entre las personas a quienes la incertidumbre afecta en sus vidas personales y familiares ya que deben sufrir las consecuencias de hechos que están ocurriendo y que escapan de su campo de acción.

El panorama, como se ve, se vislumbra como bastante confuso.

En lo que tiene que ver con el Gobierno del Estado, existe una desorientación total. Con un Presidente agobiado por sus propios errores de gestión y por sus persistentes conflictos de intereses que lo han llevado a caminar a lo menos al borde de la legalidad, el país observa con asombro que, en los hechos, pese a las amplias atribuciones que le reconoce la institucionalidad vigente, simplemente no gobierna. Tanto él como su equipo de asesores se empeñan tozudamente en culpar a otros sobre las inacciones que son de su propia responsabilidad a tal punto que ni los candidatos presidenciales de derecha ni los postulantes a cargos parlamentarios quieren en modo alguno mostrarse cercanos a él.

El desgobierno es notorio.

Cuando se encuentra prácticamente cumplido el primer período de “estado de emergencia” simplemente no ha pasado nada. Es claro que lo que se pretendió fue dar un golpe de efecto con el fin de desviar la atención pública concentrada en el escándalo de los “Pandora papers”, ya que a partir de ese entonces todo ha sido improvisación como bien lo pueden asegurar los habitantes de las zonas afectadas.

Mientras tanto, desde La Moneda se trabaja en un claro y descarado intervencionismo electoral. A los discursos del ministro Bellolio y del subsecretario Galli, se suma la denuncia contra la Ministra de Desarrollo Social Karla Rubilar por usar recursos públicos para sostener la alicaída candidatura a diputado de su pareja. Rubilar trabaja en el propio palacio de Gobierno y sus declaraciones en cuanto a no haber utilizado dineros fiscales solo buscan esconder lo que era evidente. A tanto ha llegado la molestia por estas acciones que el oficialista diario “El Mercurio” ha editorializado afirmando que “los antecedentes conocidos son inquietantes y ameritan ser investigados” ya que “sugieren una delicada confusión entre la función pública e intereses políticos particulares”.

En otras circunstancias, habría muy sido muy fácil despreocuparse por estos asuntos pensando en que al actual mandatario lo quedan pocos meses en su cargo.

Sin embargo, es imprescindible tener presente que el desencuentro entre el régimen institucional vigente y las iniciativas trabajadas en el seno de la Convención Constituyente hacen vislumbrar un conflicto de difícil solución. Luego de tres meses de funcionamiento de la entidad, se ha hecho evidente que un alto número de sus integrantes ha buscado, con éxito, exceder el marco del mandato ciudadano emanado de la reforma que originó su función y, lo que es más grave, se percibe en ellos un espíritu tendiente a evadir la tarea de construir “una casa común” para buscar imponer a la sociedad un modelo afín a sus propios intereses políticos. En ese terreno, resulta sorprendente la pretensión de extender el plazo considerado en la reforma constitucional cuando recién ahora se va a iniciar el trabajo de fondo sobre la materia encomendada.

Como lo hemos señalado en comentarios anteriores, consideramos que una nueva Carta Fundamental debe desatar, en ejercicio de la soberanía popular, todos los nudos a través de los cuales la Constitución de 1980 pretendió amarrar ad eternum la evolución y desarrollo de nuestra sociedad conforme a los principios del individualismo propiciados por el neoliberalismo.

Las políticas públicas concretas, tendientes a construir un “Estado social de derechos” inspirado en principios básicos de reconocimiento de la dignidad y libertad de las personas, de justicia social y de solidaridad, deben ser resueltas conforme a la realidad de cada momento y a las posibilidades reales del país.

El populismo, tanto de izquierda como de derecha, sin duda, está al acecho. Los vendedores de ilusiones se encuentran en cada esquina. Los que buscan deliberadamente engañar a la gente haciéndole creer que basta con consagrar en una disposición el derecho a la vivienda gratuita, a la educación, a la salud, a la seguridad social, para que, por milagro, todo se solucione, finalmente son unos estafadores de los ciudadanos. Al igual que quienes prometieron acabar con la “fiesta de los delincuentes” y que hoy se niegan a reconocer el fracaso de ésta y otras promesas demagógicas.

Es obligación advertirlo: Quienes burdamente pretenden tensar las cuerdas mostrando que, a fin de cuentas, son muy semejantes en su totalitarismo ideológico a los guzmanes de la dictadura, pueden llevar a que, por último, una ciudadanía molesta, por variadas razones, termine optando por un camino negativo en el “plebiscito de salida” .

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