El Neo-liberalismo... Un atentado a la vida, al Medio Ambiente y a los Derechos Humanos.
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Un país sobre ruedas

En reiteradas oportunidades, hemos criticado la absoluta  desalineación que existe entre las elites políticas y los problemas reales del país. Pareciera que diputados, senadores, ministros, subsecretarios, etcétera, vivieran en otro  mundo, en un universo  paralelo alejado de la realidad que viven las personas concretas. Este estrato de la institucionalidad, generado directa o indirectamente por la propia voluntad ciudadana, persiste en un ensimismamiento preocupante  que deriva en  la indiferencia molesta e indignada de la sociedad hacia “la política”.

El tema de la semana ha sido la ley 21.088 que modificó “la ley de tránsito para incorporar disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte”. Publicada el día 10 de mayo de 2018, con las firmas del presidente Piñera y de la ministra del ramo, Gloria Hutt Hesse, y bautizada por la prensa como “ley de convivencia vial”, sus disposiciones entraron en vigencia hace diez días.

Cada tanto tiempo, los ministerios respectivos o los legisladores utilizan sus facultades para atiborrar a los ciudadanos con nuevas normas que han elaborado en la tranquilidad de sus escritorios. Si hacemos memoria,  podemos recordar que a partir de la ley de tránsito surgen  disposiciones tales como la que prohíbe tocar bocina, la que prohíbe estacionar sobre las aceras o frente a los grifos de incendio, la que prohíbe  utilizar celular mientras se conduce, la que hace obligatorio el uso de casco para los ciclistas, la que impuso el chaleco amarillo  reflectante, la que prohíbe pasar con luz roja, las que fijan límites de velocidad urbana, interurbana o rural. ¿Para qué seguir con más ejemplos?

Haga usted un ejercicio muy simple. Camine una docena de cuadras, asuma mentalmente el rol de carabinero o de inspector municipal, y cuente cuántas infracciones de tránsito detecta y que, pese a cometerse a vista y paciencia de los funcionarios aludidos, permanecen absolutamente impunes.

Nuestros legisladores (tanto quienes integran el Congreso Nacional como los que desde el Ejecutivo dictan los Reglamentos que hacen posible la aplicación de las leyes) han descubierto algo muy valioso: Cómo dar soluciones simples a problemas que son complejos.

Desde hace unos diez años a lo menos se viene estudiando una modificación de fondo a la normativa del tránsito. Los sucesivos ministros de Transporte nos han contado que se implementarán políticas nuevas que, por fin, consagrarán el principio que establece que la obtención del “carnet de conducir” ya no será más un derecho  sino un privilegio. Para tal efecto, a cada conductor se le asignará una cédula con un determinada cantidad  de puntos y, a partir de ahí, se le restarán uno, dos o más según la gravedad de la infracción para concluir en la suspensión temporal o definitiva de la licencia, todo ello sin perjuicio de las sanciones pecuniarias correspondientes. ¿Ha escuchado usted este cuento alguna vez?

Hay ciertos hechos que conviene tener presente. Uno, que el Ministerio de Transportes hace más de una década dejó de ser tal y pasó a ser el Ministerio del Transantiago. Dos, que toda inversión en autopistas urbanas o en infraestructura y pasos sobre o bajo nivel, por principio se ejecuta siempre en la capital ya que para los regiones, los recursos no están nunca disponibles. Tres, que ninguno de los cerebros centralistas ha logrado tomar conciencia de que, dadas las carencias materiales que sufren la inmensa mayoría de las comunas y que difícilmente podrán ser abordadas  en el corto plazo, gran parte de los problemas de “convivencia vial” solo se solucionarán en la medida en que se cambie la naturaleza de las acciones punitivas y en que se socialice una cultura general de respeto hacia los demás por parte de los diversos actores que ocupan las vías.

El “señor Mercado” nos ha informado, con gran orgullo, que la “venta de vehículos sigue imparable: anota record en octubre y 348.539 unidades en el año”. Si se proyectan las cifras de la Asociación Nacional Automotriz  al 31 de diciembre de 2018, se sobrepasarán las 420.000 nuevas unidades incorporadas al parque vehicular liviano. Si se supone que en los cien metros de una cuadra se desplazan simultáneamente un máximo de 45 vehículos, el país requiere anualmente, a lo menos,  unas 9.000 cuadras de nuevas vías de las cuáles, es casi innecesario decirlo, el 50% corresponderán a la Región Metropolitana.

Ningún gobierno (ni la dictadura ni la media docena de gobiernos de generación democrática que la sucedieron) ha mostrado preocupación alguna para estudiar y abordar este gran problema que nos llevará al caos en menos que canta un gallo. Todas las medidas que de vez en cuando se proponen, no constituyen sino un maquillaje superficial que permite convencer  a los ciudadanos de que se está “haciendo algo” cuando la fuerza de la realidad nos demuestra palmariamente que, por los menos en materia vehicular, no vendrán “tiempos mejores” sino “tiempos cada vez peores”.

Por lo menos, en el corto tiempo es probable que se apruebe el proyecto de ley que consagrará  el “taca.taca” como deporte nacional.

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