La ciudadanía no puede permitir que lleguen al gobierno, los que se coluden contra sus intereses.
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Verde que te quiero verde…

Esteban Lobos, analista económico.

El candidato presidencial republicano, Donald Trump, en el debate televisivo con Hillary Clinton, negó haber afirmado que el problema del calentamiento global no existía y que era un invento de los chinos hecho con el propósito de quitar competitividad a la economía estadounidense. En pocos minutos, quedó demostrada su mentira. Lo que no sería más que una anécdota, es otro de los síntomas de la liviandad con que el tema del medio ambiente es asumido.

Hoy, al parecer, no hay nadie que discuta la efectividad del cambio climático y del calentamiento global. Podrá haber diversos argumentos  para asignar responsabilidades, pero el “hecho de la causa” está fuera de toda duda:  Las temperaturas alcanzan los niveles más elevados que se conocen desde que se lleva registro;  los océanos experimentan variaciones inimaginables generando la migración y muerte de miles de ejemplares;  amplias zonas del planeta se han ido desertificando: los hielos polares y los ventisqueros van paulatinamente desapareciendo.

El ser humano “civilizado” prosigue con su paso implacable destruyendo la cuenca del Amazonas, principal pulmón de la Tierra; deforestando áreas cultivables; sustituyendo bosque nativo por especies exóticas de más rápido crecimiento para satisfacer su sed insaciable de dinero; asesinando especies maravillosas como las ballenas y los elefantes hasta el extremo de amenazar su subsistencia; y contaminando suelo, aire y mar sin más justificación que sentirse a sus anchas en la “sociedad de consumo”.

Eso no es todo. Mientras más de mil millones de personas procuran sobrevivir con dietas de hambre, el mundo desarrollado bota a la basura diariamente miles de toneladas de alimentos que son desechadas en restaurantes, supermercados, etc.

La creciente “urbanización” del planeta enciende las luces de alarma. Casi el 55% de la población mundial, para ser más claros  3.900 millones de seres humanos, habitan hoy en ciudades en una tendencia creciente que no logra detenerse. La “urbanización” puede ser mirada, sin duda, como un avance civilizatorio ya que pone al alcance de las personas beneficios de educación, salud, vivienda, esparcimiento, comercio, etc.,  a los cuales el habitante rural no puede acceder. Sin embargo, la migración “campo-ciudad”  no se produce por la búsqueda de mejores condiciones de vida sino que está causada por la pobreza rural y la cesantía que va generando la tecnificación de la agricultura o la sustitución de ésta por la actividad forestal poco demandante de mano de obra. Los migrantes, carentes de educación y con pocas posibilidades de acceso a trabajos de cierta calidad, carentes asimismo de recursos económicos básicos, se van radicando en los suburbios de las ciudades generando verdaderos cinturones de pobreza. Las pocas imágenes conocidas de Río de Janeiro y sus favelas, con ocasión de los Juegos Olímpicos, constituyen una muestra palpable de lo dicho. En el caso de Chile, resulta sorprendente constatar que, a pesar del gigantesco esfuerzo que han significado durante décadas las políticas habitacionales públicas y privadas, se ha incrementado el número de pobladores que habitan en los hoy llamados “campamentos”, sucesores de las tradicionales “poblaciones callampa”, a tal extremo que se prevé que su erradicación total demorará cerca de 30 años.

La pregunta obvia: ¿Es Chile un  país tan pobre que no puede dar vivienda a sus familias? ¿Es entendible y justificable que, a pesar de toda nuestra riqueza forestal, no se pueda dar un mínimo de dignidad humana a esas personas?

Los factores que conspiran contra una solución son múltiples.

Uno, estratégico, es la carencia de una adecuada gestión territorial. El país sigue sufriendo su ya intolerable macrocefalia centralista. Santiago, especialmente, pero también las conurbaciones de Concepción y Valparaíso,

Amplias áreas que cuentan con  equipamiento básico, presentan niveles impactantes de deterioro y no son remodeladas pues sus propietarios las mantienen a la espera de que una inmobiliaria les pague el precio soñado.

Las ciudades se expanden sin razón alguna. Los cambios en los planos reguladores permiten que miles de hectáreas agrícolas de calidad sean destinadas al “uso habitacional”, beneficiando así a los inversores inmobiliarios

Otro, especulativo-financiero. El suelo urbano, en virtud del sacrosanto mercado, ha alcanzado precios propios de las grandes capitales del mundo, limitando, como consecuencia, la acción del Estado en materia de vivienda por sus altos costos.

Un tercer factor, es esencialmente político, en el buen sentido de la palabra. Abordar “políticas públicas” en este terreno, requiere claridad de objetivos, proyectos de largo plazo y decisión para acometerlos. Lamentablemente, los gobiernos,  con mandatos de cuatro años, se han acostumbrado a vivir en el día a día electoral y están más preocupados de sus porcentajes en las encuestas que de asumir responsablemente políticas de Estado.

La necesidad de dar una respuesta racional al uso del territorio, es impostergable. Si se tiene en cuenta que en la actualidad el 70% de la contaminación del planeta proviene de los centros urbanos, la amenaza es inminente.

En un diálogo con estudiantes, algunos jóvenes preguntaron: ¿Están nuestros políticos a la altura de las circunstancias? A veces es preferible no responder a este tipo de cuestiones. La lectura diaria de la prensa formal, nos permite constatar  que las preocupaciones son otras. Solo muy pocas personas  muestran asomo de interés por estos problemas pero, poco a poco, son arrastrados por la corriente de la mediocridad.

En último término, los responsables somos los ciudadanos. Simplemente porque no exigimos responsabilidad y seriedad a nuestros mandatarios y, también, porque a la hora de elegir no somos capaces de discernir maduramente.

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