Volvamos a clases, a dar la lección…

Existe una cierta tendencia a creer que el problema educacional de un país es un asunto meramente sectorial que interesa o atañe solamente a los grupos etarios, gremiales o sociales en general, más involucrados de forma directa en este tema. Así, los principales actores serían los niños y adolescentes – los educandos – de una parte, y los profesores – los educadores – de otra parte.

Sin embargo, la realidad es tremendamente distinta. Y, demasiado compleja.

Una primera afirmación para someter a la consideración ciudadana, es la siguiente: La educación, por su naturaleza misma, involucra no solo el presente de una sociedad sino también su futuro. La forma en que ahora enfrentemos este proceso, sin duda condicionará no solo la vida de las personas individualmente consideradas sino también el devenir del colectivo social.

Habiendo despejado el punto anterior, se hace indispensable dilucidar una cuestión fundamental: los niños y adolescentes deben ser educados conforme a los deseos, preferencias, simpatías ideológicas o religiosas de sus padres quienes desean transmitirles a modo hereditario sus personales creencias y/o prejuicios, o deben ser formados asumiendo que deben tener un juicio crítico de la sociedad en que viven para así tener debida conciencia de sus problemas e insuficiencias y poder dar soluciones que la realidad demanda. En verdad, esta es una discusión de nunca acabar y en una comunidad con pretensiones democráticas de alguna manera, directa o indirectamente, deben ser conjugados ambos criterios definiendo claramente los principios en que debe sustentarse esta tarea.

En Chile, la provisión de la educación se efectúa en tres frentes: la educación particular pagada; la educación subvencionada provista por particulares y financiada por el Estado; y la educación pública provista directamente por el Estado o los municipios. Las diferencias entre estos frentes son evidentes y se expresan en el capital cultural familiar, en la infraestructura y el equipamiento, en la calidad docente y en el financiamiento que va desde la magra subvención fiscal por alumno que asiste a clases hasta $1.000.000.- mensuales autofinanciados para colegios de elite. En los hechos, el promedio de alumnos por curso va desde los 45 en la educación pública a 20 en el sector pagado, debiendo destacarse el caso de los establecimientos “unidocentes” que abundan en el sector rural.

Sin embargo, lo más grave y peligroso para el desarrollo de una sociedad democrática radica en la perpetuación ad infinitum de una sociedad de clases que alienta la convivencia solo entre iguales en una especie de apartheid social.

En las breves pinceladas anteriores, hemos tratado de poner sobre el tapete los problemas más agudos de la educación nacional y cuyo abordaje es complejo y requiere tiempo y recursos para alcanzar un mínimo de logros.

Pero, a pesar de todo, se hace indispensable empezar a caminar.

En tiempos de pandemia, llevamos dos años lectivos con “educación a distancia”, hecho que además de afectar la socialización de los alumnos y la provisión alimentaria (y sanitaria) que el Estado entrega a través de los establecimientos, acentúa groseramente las distancias sociales ya señaladas. Como reconociera un alto dirigente del Colegio de Profesores “un tercer año sin presencialidad sería catastrófico”.

Entonces, la comunidad nacional tiene derecho a preguntarse: ¿Por qué razones la autoridad educacional (ministro) insiste mediante declaraciones y amenazas en restablecer el régimen normal de clases y el Colegio de Profesores se niega cerradamente a acatar tales órdenes?

Las víctimas del conflicto, que son los estudiantes y sus familias, desearían que desapareciera esta actitud de controversia beligerante y hubiera disposición para alcanzar acuerdos mediante la estipulación de pisos mínimos en lo sanitario de tal forma que los establecimientos que los alcanzaran pudieran recuperar paulatinamente un funcionamiento más o menos regular, siendo deber del Estado (a través de los municipios y sostenedores privados) contribuir positivamente a la búsqueda de progresivas soluciones.

 Lo claro, es que como país no podemos seguir marcando el paso  ya que, a la hora de pasar las cuentas, ni las burocracias públicas ni las dirigencias gremiales estarán presentes para pagar la boleta.