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DE TERRORISTAS

Andrés Cruz Carrasco

Abogado. Magister en Filosofía moral. Magister en Ciencias Políticas.

 La seguridad se ha expuesto como un axioma político y un valor prioritario que encontramos contenido en los discursos de casi todas las autoridades y también de los que pretenden llegar a serlo. Todo atentado conlleva un reforzamiento de la incertidumbre y la angustia que configuran la sustancia emocional de la sociedad del riesgo. Esta inseguridad, antes difusa, ahora se ha materializado. Una idea difusa como la del terrorismo, que aparece como invisible, permite extraer elementos simbólicos precisos e ideales para fundar toda acción contra la misma: un acontecimiento, un grupo e incluso ya se habla de apoyos extranjeros. No importa si el fenómeno ya es conocido en otros territorios del país, la impronta del discurso sólo se hace cargo del acto terrorista cuando puede llegar a afectar la seguridad de los que detentan el poder en su centralista espacio de privilegio. Potencialmente el terrorismo, a diferencia de la delincuencia común, no permite dar a entender en el lenguaje discursivo con tanta facilidad el hecho de tener todo bajo control. Desde una perspectiva simbólica, tiene mucho más fuerza una gran catástrofe que la acumulación sucesiva de males paulatinos. Es por esto que la capacidad de unificación y movilización contra el terrorismo, invocando sus imágenes, no tenga precedentes. Es el miedo en definitiva, que le permite a los Estados desenvolverse en el campo de la detestada caricatura de la amenaza criminal, justificando incluso acciones militares contra el crimen organizado que puede ser cualquier cosa. Se introduce también en el discurso una promoción de la dicotomía entre amigo y enemigo. En este último caso, se identifica al enemigo, otorgándole rasgos específicos que permiten hacer más fácil su determinación de terroristas, relativizando las garantías de ciertos individuos y generalizando dinámicas de control, antes sólo concebidas para los Estados de excepción. De este modo, el desafió es impedir que se llegue a considerar como terrorista a todo quien ejecuta conductas socialmente desviadas, cuando estos no son más que actos de simple criminalidad, confundiendo el delito con acciones de guerra, justificando incluso la vulneración de sus derechos esenciales. Pero también es urgente una nueva ley antiterrorista, que confiera herramientas investigativas efectivas en el contexto de un Estado de Derecho, respetando la dignidad de todos los seres humanos, pero libre de todo sesgo ideológico y complejos históricos que puedan entorpecer la persecución de determinados grupos extremistas en el contexto de una absurda posición política que no reconozca el carácter de terrorista de sus actos de violencia por el ciego afán de mantener alzadas banderas que no admiten la evidente vulneración de los derechos humanos cuando las víctimas son consideradas opositoras a lo que uno cree.

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