EDITORIAL. Desafíos urgentes de nuestra democracia.

Los sistemas democráticos, que gozan de un abundante reconocimiento en los países del mundo, esconden bajo su nombre diversos sentidos que ponen en duda sus alcances y que trastocan su verdadero sentido original. Ellos pasan, en todo caso, por una innegable etapa de crisis que se expresa en la creciente desafección de la población hacia regímenes que se consideran distantes y alejados de la necesidad de dar urgentes respuestas a los requerimientos de las grandes mayorías. Los parlamentos, considerados como herramientas fundamentales para expresar la diversidad de puntos de vista existentes al interior de cada sociedad, manifiestan simultáneamente el contrapunto de los variados grupos de interés (económicos, sociales, religiosos) que buscan dominar el debate público.

Por esa razón, los ciudadanos miran con distancia las eternas discusiones sobre cada materia y, simplonamente, añoran regímenes autoritarios en que un autócrata, por sí y ante sí, decide lo que hay que hacer, su financiamiento y su ejecución.

Chile, nuestro país, no es ajeno a esta realidad que cuestiona la esencia misma de la democracia formal en que hemos vivido, circunstancia que alimenta las posiciones populistas y extremas que ofrecen soluciones simples e inmediatas para problemas complejos pero que, en el corto plazo, como ha quedado demostrado, se traducen en fracasos reiterados incomprensibles.

Aunque lo dicho puede alcanzar a diversas materias, es evidente que hay dos desafíos urgentes que necesitan ser abordados con el más amplio consenso político y social, ya que su enfrentamiento constituye la base y condición inexcusable para el adecuado funcionamiento del aparato público.

Nos referimos concretamente, a la eficiencia del Estado y al control del narcotráfico y del crimen organizado.

Resulta evidente que el complejo mapa de la institucionalidad pública, necesita una urgente reforma, a través de modificaciones que van desde la supresión de entidades que constituyen meras expresiones burocráticas que duplican sus campos de acción, a la supresión de cargos funcionarios y trámites innecesarios, hasta una efectiva calificación de méritos y cumplimiento de objetivos.

Por otra parte, es incuestionable que el narcotráfico y el crimen organizado están permeando toda la actividad nacional, pública y privada, abriendo paso a variadas formas de corrupción que destruyen las bases de la ética púbica y alimentan la creación de una cultura en que todo estaría permitido.

Ambos puntos deben ser analizados exhaustivamente ahora, para obtener compromisos formales de los postulantes a la Presidencia de la República y al Parlamento que nos permitan avanzar de una vez por todas.