Gobierno informa

El Ministerio Secretaría General de Gobierno ha puesto en marcha durante esta segunda quincena de marzo, un programa de youtube bajo la denominación que encabeza este comentario.

La iniciativa ha suscitado la inmediata repulsa de la prensa de la elite que, sin entrar al cuestionamiento de lo que se ha comunicado a través del incipiente sitio  oficialista, la ha cuestionado abiertamente sumando de inmediato a su causa a la Asociación Nacional de la Prensa, ente gremial que agrupa a la mayor parte de los medios afines.

Para un adecuado análisis de la situación es imprescindible situar este hecho en un contexto que permita juzgar con una objetividad mínima el procedimiento gubernativo para saber con exactitud qué terreno estamos pisando.

 Como antecedente, debe precisarse que Uruguay y Chile han sido considerados como los dos únicos países del continente que gozan de “libertad de prensa plena”, ya que incluso naciones como Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, han sido calificados por los estudios correspondientes como territorios con algunos niveles bajos de restricción. El hecho indiscutible es que desde un punto de vista formal aquí reina – particularmente en el plano de los infomedios – absoluta libertad de emprendimiento al tiempo que en lo sustantivo el derecho a emitir informaciones y opiniones sin censura prensa, es absoluto sin perjuicio, como es lógico y lo reconoce la legislación correspondiente, de que los emisores deban responder civil o penalmente por los delitos que puedan eventualmente cometer en su ejercicio.

En el marco de una sociedad democrática, el pluralismo en materia de medios de comunicación resulta indispensable. Pero como estos medios no son políticamente neutrales, el pluralismo se concreta en la medida en que la prensa refleje de forma equilibrada y honesta los diversos puntos de vista. Si, por el contrario, los principales canales de expresión – prensa-papel y televisión – están ligados a determinadas posiciones políticas y, más aún, a grupos de interés perfectamente identificables es casi imposible que el ciudadano reciba una información objetiva. Si bien la prensa digital ha permitido algunos avances, su peso como contribuyente a la formación de una conciencia crítica es bastante menor.

El mayor atentado a la libertad de expresión tras la dictadura, lo cometió el gobierno de Piñera 2 cuando pretendió presionar directamente al propietario del canal de TV La Red, para que corrigiera su línea editorial y los medios, autocalificados de “serios”, guardaron discreto silencio. Sin embargo, el tema sigue vigente y puede observarse con asombro que hechos tales como la corrupción investigada en el Municipio de Vitacura, el escándalo de las horas extraordinarias en el Municipio de Las Condes, el uso de “información privilegiada” por parte de personajes como el propio Piñera o Alejandro Navarro, el financiamiento ilegal de la política, el vaciamiento de empresas para eludir obligaciones por parte de uno de los mayores grupos financieros, y, en general, los delitos cometidos por delincuentes de cuello y corbata  son deslavados y diluidos para que el olvido los borre de la conciencia colectiva.

La sociedad anónima periodística El Mercurio, habiendo constatado la necesidad de competir en el terreno de la prensa digital, mantiene el sitio denominado EMOL (El Mercurio On Line) en el que entrega informaciones políticas, económicas, deportivas, faranduleras, bastante completas y actualizadas, para cuyo efecto cuenta con la provisión de contenidos de agencias y de su propia y extensa red. Sin embargo, este espacio claramente tiene por objeto ejecutar una labor de zapa mediante la cual, a través del espacio abierto a los “comentarios” se permite, se tolera y alienta la emisión irresponsable (bajo nombres inventados, domicilios falsos…) de las peores manifestaciones de injurias, racismo, chovinismo, clasismo. Un ejemplo señalado lo constituye la noticia de la condena de Emilio Berckdof y un grupo de comuneros mapuches (24.03.2023) que, a los pocos minutos de ser dada a conocer, recibió una cincuentena de comentarios, todos, unánimemente, destinados a atacar al gobierno en forma soez y grosera. Se hace difícil pensar que en el caso se trate de un hecho fortuito y no programado.

El derecho del Gobierno a dar a conocer sus políticas, nos parece absolutamente legítimo. Se podrán refutar los antecedentes, se podrán cuestionar las orientaciones, pero cuando el grueso del periodismo más formal aparece cooptado por ciertos intereses inocultables, resulta necesario que la autoridad cuente con una tribuna de espectro más amplio.