Incógnitas y decisiones.

En los tiempos inmediatos, la vida política de nuestro país marchará por dos carriles paralelos pero que, se quiera o no, en algún momento dado tendrán que cruzarse: la Convención Constituyente y la tarea que le ha sido asignada que debería concluir en los próximos tres meses, y la gestión del nuevo gobierno que encabeza Gabriel Boric.

En ninguno de los dos campos se vislumbran las cosas fáciles y el entrecruzamiento al cual hemos aludido eventualmente puede llevarnos a una crisis de marca mayor.

La Convención, aunque ha mostrado una cierta tendencia a la morigeración en las últimas jornadas, más por temor al fracaso que por convicción, trabaja día a día hasta altas horas de la madrugada en su esfuerzo por consensuar textos que puedan ser aprobados en los correspondientes plenarios. Sin embargo, el trabajo de parto sigue cargado de un fuerte tinte ideológico y populista que compromete su destino.

El pleno del organismo aprobó el informe de la “Comisión sobre Forma del Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal”. De acuerdo a lo informado, se trata de un documento extremadamente extenso (treinta y cinco largos artículos) y de compleja comprensión aún para los expertos en Derecho. En una época en que las críticas a la juridicidad críptica se han multiplicado (leyes incomprensibles para el ciudadano común y corriente) al extremo que la propia Corte Suprema de Justicia ha instruido a los tribunales para que en sus sentencias utilicen redacciones asequibles para todo el mundo, el documento en cuestión insiste en armar un tramado de tal naturaleza que su sola implementación requerirá, como ya se ha señalado, del transcurso de toda una generación.

Otro punto relevante en este momento es el relativo al “Sistema Político”. De los 96 artículos propuestos por la comisión respectiva, 93 fueron rechazados por el Pleno, lo que obligará a reiniciar la tarea prácticamente hasta la segunda quincena de abril. Y el tema no es menor. Además de todo lo relativo al Poder Legislativo (unicameral, bicameral, supresión del Senado, atribuciones, cámara territorial) y al Poder Judicial (Sistema Nacional de Justicia) con la transitoriedad y evaluación de los magistrados dañando gravemente su autonomía, se ha pretendido sustituir el “presidencialismo exacerbado” instaurado en la Constitución del 80 por un verdadero “triunvirato” (Presidente, Vicepresidente, Ministro jefe de Gobierno) que avizora un permanente conflicto. Grave resulta la proposición de reconocer a los “movimientos sociales” los mismos derechos que a los partidos políticos, entidades éstas que constituyen la esencia de una democracia en forma. Si bien nadie puede negar que es indispensable regular estrictamente el funcionamiento de estas colectividades, es preciso reconocer que los movimientos sociales (o gremiales) representan grupos de interés por legítimos que ellos sean, lo que claramente desnaturaliza la democracia y tiene claros atisbos fascistas.

En suma, el desafío constitucional es trascendente y si no se recupera la racionalidad a tiempo puede derivar en un fracaso a través del plebiscito de salida, resultado catastrófico que arrastrará al emergente gobierno.

Por su lado, el nuevo Ejecutivo en su primera semana de funcionamiento ha cometido una serie de “errores no forzados” que pueden carecer de importancia sustantiva pero que afectan su imagen (rey de España, visita a la Araucanía, presos políticos, wallmapu, Felipe Berríos) los que esperaban anhelantes todos los sectores que apuestan por su fracaso.

La ministra vocera Camila Vallejo, al señalar que “vamos a cometer errores pero necesitamos la colaboración de todos los sectores” hizo un reconocimiento al respecto. Curiosamente, “El Mercurio”, decano de la prensa – papel y auto identificado como ejemplo de periodismo serio, junto con entregar la información abrió las compuertas para que Emol (El Mercurio on line), su brazo armado, desatara una indisimulada campaña antigubernamental. Parece increíble que en un par de horas, la frase ministerial recibiera sobre un millar de comentarios todos plagados de injurias, palabras soeces y agresiones indisimuladas. Uno solo de los tantos comentarios optó por una formalidad distinta y preguntó: ¿Por qué El Mercurio no pone fin a su función de servir de tribuna a la ramplonería ordinaria y barata, no ejerciendo la censura sino exigiendo que todo comentario sea firmado con nombres verdaderos y verificables y con fotos auténticas en su caso? Agregamos una interrogante: ¿O el diario está embarcado en una operación de demolición y desprestigio del nuevo Gobierno?