¿BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS o BIODIVERSIDAD Y ÁREAS DESPROTEGIDAS?

Las esperanzas del mundo ambientalista y de la ecología eran que se lograra la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que cumpla cabalmente con el significado de los vocablos “protección” y “biodiversidad”. Los acontecimientos durante los últimos trámites de aprobación de la Ley de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas (SBAP), después de los más de 10 años de estudio, son francamente decepcionantes.

Por los resultados en la tramitación de la ley en comento, se está confirmando que tanto el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) como la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), no tienen la capacidad de gestión ni la voluntad para la protección ambiental de los ecosistemas de las agresiones de todo tipo que sufren por acciones destructivas de la mayoría de los humanos y sus organizaciones productivas. Más bien son protectores incondicionales de las empresas industriales a todo evento como lo hemos visto con la aprobación de la ampliación de la Mina Los Bronces y como lo habíamos presenciado antes con los desgraciados sucesos provocados por la aprobación ambiental del Proyecto Mina Invierno en Isla Riesco, Magallanes.

Otra situación preocupante es el confuso lenguaje que emplea la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas en sus declaraciones públicas, como por ejemplo decir que “sin la creación de este servicio, Chile es incapaz de cumplir los compromisos internacionales que adquirió en la COP de biodiversidad”. Es evidente que con este SBAP no los podrá cumplir. Las declaraciones de ‘jueces’ que también ‘son partes’ tienen muy poco valor.

Otros defectos graves de la ley y su articulado, por lo adversos que son para la protección de las áreas vulnerables, son la no integración de la gestión de las áreas protegidas y su biodiversidad con el necesario desarrollo rural de las comunidades humanas territorialmente involucradas; la proclividad de la ley a que el Estado pueda transferir a terceros su obligación de financiar, administrar y gestionar las áreas protegidas, mediante la tercerización contemplada en su articulado; la creación de un servicio desfinanciado, según lo informado por la Comisión de Hacienda del Senado y la protección ambiental acotada a “objetos” contenidos en las áreas protegidas y no a la integralidad “de su territorio”, lo que implica un postura reduccionista y regresiva para una adecuada protección holística de los ecosistemas contenidos en dichas áreas.

El hecho de que la Comisión Mixta haya rechazado prohibir las concesiones salmoneras en áreas protegidas, en la tramitación de la ley SBAP y que este nuevo servicio reemplace a la CONAF dejando así las áreas protegidas en manos de Ministerio de Medio Ambiente, ministerio con muchas debilidades, antes que de afirmar que es un avance, debemos reconocer que es un retroceso. 

Con todo lo que está sucediendo hoy en Chile, con esta ley SBAP en particular y con el Medio Ambiente en general, debemos concluir que si no hay una política de Estado que proteja los bienes naturales comunes -que como estamos observando no la hay- las “fuerzas del mercado” están logrando –como está ocurriendo con la industria salmonera– ir convirtiendo los otrora prístinos mares de la Patagonia en una cloaca.

Fuente de figura:

https://www.elmostrador.cl/dia/2022/02/18/tras-30-dias-finalizo-expedicion-que-recorrio-los-canales-patagonicos/