DESCENTRALIZACIÓN EN MARCHA

Debemos prepararnos. Estoy absolutamente convencido de que debemos prepararnos para asumir como ciudadanos el proceso de descentralización que vive Chile. Sabemos que es un proceso lento, que necesitará nuestra participación activa, porque va en la dirección correcta de los cambios que necesita nuestro país para crecer y desarrollarnos en igualdad y en paz.

          El paso más importante que se ha dado en un comienzo, ha sido el de las elecciones democráticas de los Gobernadores Regionales. Ese cargo, que viene a asumir competencias de los antiguos Intendentes, ya no es designado a dedo por el Presidente de la República de turno. Ahora hemos sido los ciudadanos los que, en el marco de una Democracia firme, estable y abierta a todos, les elegimos por primera vez. Esto ocurrió los días 15 y 16 de mayo de 2021, asumiendo sus cargos el 14 de julio, tras un intercambio de tareas con los antiguos Intendentes. Éstos, a su vez, fueron sucedidos por los Delegados Presidenciales Regionales, creados mediante la Ley 20.990, y quienes ahora comparten atribuciones con los Gobernadores Regionales.

          El Gobernador Regional es el órgano ejecutivo del cargo de administrador superior de cada una de las 16 regiones en que se divide el país. Preside el Consejo Regional, cuyos miembros también son elegidos democráticamente en procesos paralelos y simultáneos con los de Alcaldes y Concejales.

          No es fácil el proceso de cambio en el sistema administrativo central de las regiones. Porque se trata de instaurar un nuevo sistema de Gobierno Regional, que tiene también un escalón mayor de participación a nivel nacional. Como en todo proceso democrático, en algunos casos el Gobernador Regional no coincide con las ideas políticas del Presidente de la República y, por lo tanto, tampoco con las del Delegado Presidencial Regional. Como están en proceso las transferencias de competencias, hay sombras en varios temas y se producen contradicciones que llegan, en algunas ocasiones, a confrontaciones de tipo jurídico.

          Sin embargo, el hecho de existir un representante popular a la cabeza de la Administración Regional, significa un real y notable acercamiento de las autoridades a los problemas de los ciudadanos en cada Región. Por lo tanto, la solución de ellos se hace más fácil, más rápida y con gran efectividad.

El Gobernador Regional es una persona que ostenta un incuestionable liderazgo. Por lo mismo, los procesos de participación ciudadana son oídos y pueden colocar las necesidades de la población en las prioridades adecuadas, con lo cual las soluciones  se hacen más acertadas y oportunas.  

          El Gobierno Central entiende la situación actual y ha dado un paso adelante en el proceso de descentralización. Reunido el Presidente Boric y su Ministra del Interior, la chillaneja Carolina Tohá,  con los Gobernadores Regionales del país y con los representantes de las Asociaciones de Municipios, consensuaron un documento importante, el Compromiso por la Seguridad. En este documento se avanza en la clarificación y ampliación de las competencias de los Gobernadores en materia de Prevención, así como involucra también en ellas a los municipios. El Gobierno se compromete a presentar iniciativas legales y de políticas públicas en tal sentido.

          Esa es una buena línea para aunar criterios entre los distintos estamentos de la Administración Pública, con el fin de desarrollar políticas que permitan realizar una labor más efectiva en el combate contra la delincuencia. Y, a la vez, permitir la dotación de mayores y más modernos recursos humanos y técnicos en torno al mismo objetivo.

          Los Gobiernos Regionales podrán diseñar, ejecutar y evaluar políticas  intercomunales de prevención y de atención a las víctimas. Lo cual se puede hacer a través de los propios Consejos Regionales de Seguridad. En ellos participan todos los estamentos relacionados con la seguridad, incluyendo obviamente a los municipios. Es decir, los Gobernadores Regionales tendrán una mayor responsabilidad en estos temas, aunando criterios y racionalizando la acción contra el delito, contando además con la participación activa de las organizaciones vecinales y entidades ciudadanas.

Sin duda que esto significa un avance sustancial en el proceso descentralizador. Traerá mayores recursos a las regiones y, a la vez, las regiones tendrán mayor presencia a nivel nacional, incidiendo en la dotación de entramados legales superiores que vayan en un beneficio más igualitario a todas las regiones. 

Todo esto permitirá a la población sentirse más activa en la participación del combate a la delincuencia y, a la vez, vivir con mayor seguridad y tranquilidad.