El Estado a punto de aprobar el proyecto más corrupto e ilegal de la historia

Un cortocircuito institucional en bloque tiene bajo máxima tensión a la institucionalidad ambiental y política de la Región de Valparaíso y del país entero.

Bajo la figura de un «Téngase Presente Consolidado», se ha notificado formalmente un vicio de legalidad absoluto que clausura la viabilidad legal del megaproyecto «Puerto Exterior de San Antonio», el cual pretende ser resuelto a puertas cerradas por el Comité de Ministros este lunes 2 de noviembre de 2026.

La opinión pública debe conocer que el andamiaje que sostiene la actual Resolución de Calificación Ambiental (RCA) responde a un fenómeno de captura política transversal. Las presiones e intervenciones más agudas sobre los servicios evaluadores del Estado se consolidaron bajo el mandato presidencial de Gabriel Boric Font, cuyos ministros y parlamentarios oficialistas articularon un lobby institucional público y explícito nunca antes visto en la historia del SEIA para forzar la aprobación del expediente técnico. Esta presión política regional se vio reforzada por las gestiones de los Gobernadores Regionales de la Quinta Región y de la Región Metropolitana, quienes defendieron la iniciativa sin contar con fundamentos técnicos ni sociales válidos.

A nivel legislativo, las denuncias apuntan a una omisión lesiva y generalizada: más del 60% de las comisiones del Congreso —tanto de la Cámara de Diputados como del Senado— rehusaron ejercer sus facultades fiscalizadoras frente a las irregularidades expuestas. La explicación de este blindaje corporativo descansa sobre un lobby minuciosamente estructurado, diseñado porque el proyecto carece de viabilidad científica, técnica, social o jurídica, dependiendo exclusivamente de un salvataje político-económico.

Este engranaje opera mediante un juego de espejos y nexos familiares cruzados protagonizados por la dinastía Ossandón Irarrázabal. En el plano ejecutivo y fiscalizador ambiental, opera la primera dupla: Doña Paula Izquierdo Ossandón como Directora Regional (S) del SEA de Valparaíso, y Don Ignacio Ossandón Irarrázabal como miembro activo del directorio de la firma estatal proponente (EPSA), vulnerando abiertamente el Principio de Probidad Administrativa y la abstención obligatoria de la Ley N° 18.575. En paralelo, en el plano del control político, se consolida la dupla legislativa perfecta: sus hermanos directos, el senador Manuel José Ossandón Irarrázabal (miembro permanente y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado) y la diputada Ximena Ossandón Irarrázabal (Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Diputados). El hecho de que este clan familiar viva y labure en la cúspide de ambas cámaras del Congreso Nacional desmantela la independencia del Poder Legislativo, transformando a la fiscalización parlamentaria en una farsa institucional y sirviendo como la «bisagra» perfecta para silenciar las denuncias ciudadanas y técnicas.

El desglose de las verdades institucionales certificadas por los propios órganos de la administración del Estado es categórico y revela una orfandad de certezas alarmante:

• Bloqueo Financiero del Estado: El Subsecretario de Evaluación Social (Carta SES N° 825/2026) ratificó que el diseño del puerto está «Objetado Técnicamente» (RATE OT) y detenido en el Sistema Nacional de Inversiones, operando con presupuestos y rentabilidades sociales obsoletas y congeladas desde el periodo 2014-2021.

• Peligro de Apagón Civil: La Comisión Nacional de Energía (Oficio ORD. N° 77/2026) certificó que no existen memorias de cálculo de demanda eléctrica para el puerto ni sus canteras, alertando que la nueva subestación de Llolleo no contempla la carga del proyecto.

• Amenaza al Suministro de Agua Humana: La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) confesó por escrito la total inexistencia de informes técnicos que evalúen el riesgo de intrusión marina y cuña salina sobre las plantas de captación de agua potable de ESVAL y Copagua.

• Alerta de Seguridad Nacional: El propio Estado Mayor Conjunto (EMCO), mediante el Oficio N° 6800/2176, decretó bajo parámetros estratégicos que la falta de resiliencia de la infraestructura logística y presupuestaria del proyecto ante fluctuaciones macroeconómicas afecta directamente la Seguridad de la Nación y la Defensa Nacional.

A esto se suman sentencias firmes de la propia Justicia Ambiental (Segundo Tribunal Ambiental, Rol R N° 467-2024), que ya acreditaron que la autoridad incurrió en «omisión manifiesta» al fragmentar ilegalmente el Humedal «Ojos de Mar» en la desembocadura del Río Maipo.

A través de esta difusión masiva, se deja en claro que las superintendencias sectoriales, la Contraloría, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, los bancos multilaterales, la academia, el Colegio de Ingenieros, el CPI, los ministerios y ambas cámaras del Congreso (Diputados y Senado) fueron debidamente avisados con años y largos meses de anticipación sobre estas ilegalidades y asaltos institucionales. Nadie del espectro público o privado puede argumentar hoy ignorancia o falta de antecedentes ante los tribunales. Las solicitudes de acceso a la información pública mediante la Ley de Transparencia ya se encuentran timbradas en los portales gubernamentales, exigiendo a cada ministro exhibir el sustento técnico de su voto. Concurrir a aprobar un expediente bajo estas condiciones despoja al acto de toda motivación real, abriendo las puertas a una invalidación total en tribunales por falta de servicio y desviación de poder.

Imagen de portada: de izquierda a derecha: Francisca Toledo Echegaray – Ministra del Medio Ambiente (quien preside la instancia), May Chomalí Garib – Ministra de Salud , Daniel Mas Valdés – Ministro de Economía, Fomento y Turismo (y de Minería).

Abajo de izquierda a derecha: Diputada Ximena Ossandón Irarrázabal, Senador José Ossandón Irarrázabal, la directora (s) del SEA Valparaíso, Paula Nicole Izquierdo Ossandón, y el director de la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA), Ignacio Ossandón Irarrázabal.