Ecuador, un pueblo que protesta… Levantamiento indígena 2019

Judith Pinos Montenegro

Docente Investigadora. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Desde Quito, Ecuador

Ecuador está presidido por Lenin Moreno quien llegó al poder (en mayo de 2017), gracias al apoyo de su predecesor Rafael Correa. Sorpresivamente, Moreno desplegó una sostenida campaña de desprestigio al gobierno de Correa. Además, ha repetido constantemente que Correa dejó un Estado sin recursos y altamente endeudado. Con esa justificación Moreno se acercó al Fondo Monetario Internacional (FMI) para pedir recursos, que ahora debe pagar. Junto a lo anterior, Moreno instaló un discurso que descalifica al Estado como administrador de sectores estratégicos y productivos; para el actual gobierno ecuatoriano, el Estado necesita reducirse y así lo hizo en estos meses, eliminando paulatinamente empleos públicos, subsidios y compensaciones monetarias para sectores sociales de bajos recursos económicos. En su último anuncio mantiene la intención de reducir 10.000 empleos públicos para inicio del próximo año.

El día martes 1 de octubre el presidente Lenin Moreno emitió el Decreto 883; entre las medidas económicas tomadas, dos concentraron el malestar popular. La primera, la eliminación de los subsidios a los combustibles (gasolina y Diésel) y la segunda, la reducción de los salarios en un 20%, para nuevas contrataciones. La reacción popular no se hizo esperar, particularmente el rechazo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE, instancia que aglutina a 18 pueblos y 14 nacionalidades indígenas.

Cabe señalar, que la mayor parte de población indígena reside en la zona rural, donde se calcula que siete de cada diez personas atraviesan situación de pobreza y pobreza extrema (INEC, 2010; SENPLADES, 2013). Los indicadores de precariedad laboral, muestran que, de aproximadamente, 8 millones de personas, 4,5 millones ganan menos de un salario mínimo y 330.097 están totalmente desempleadas (INEC, 2018). Hasta donde se conoce la situación económica no ha cambiado, por lo que a decir de la CONAIE el Decreto 883 empobrecía a las familias indígenas.

El gobierno de Lenin Moreno justificó las medidas económicas, indicando que la eliminación de subsidios a los combustibles dotará de financiamiento al Estado, evitará la fuga de recursos en las fronteras, permitirá sostener la dolarización y pagar los intereses de la deuda externa. No obstante, el 21 de agosto de 2018, Lenin Moreno, sancionó la Ley de Fomento Productivo, que condonó el 100% de deudas pendientes con el Estado por impuestos. Los principales beneficiarios fueron las empresas y banca privadas. Así, mientras se exoneró de deudas a los grupos poderosos, un año más tarde se sancionaba el Decreto 883 que afectaban a grupos sociales vulnerables.

Desde el día jueves 2 de octubre, la CONAIE rechazó las medidas económicas y decidieron que se trasladarían hacia Quito para hablar con el presidente Moreno y pedir la derogatoria del Decreto 883. La capital ecuatoriana se vio poblada por grupos de diversas etnias y procedencias; se calcula que más de 22.000 indígenas llegaron desde todo el país. El día 9 de octubre, los locales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, destinados a apoyo humanitario y donde grupos de familias, que participaban en las jornadas de protesta se alojaron, fueron afectados al caer bombas lacrimógenas, causando el terror entre la población indígena que ahí descansaba.

Según la Defensoría del Pueblo -en su informe séptimo- entre el 3 y el 12 de octubre de 2019, fallecieron ocho personas, 1.340 fueron heridas y 1.192 fueron apresadas por el gobierno. Ante este clima tenso la ONU y la Conferencia Episcopal llamaron a un diálogo. La respuesta del gobierno de Moreno puede leerse en dos momentos. En el primero, Lenin Moreno, afirmó que no retrocedería en sus medidas y se trasladó a la ciudad de Guayaquil, donde su alcaldesa y ex alcalde (representantes de la derecha política ecuatoriana) le brindaron su respaldo. El segundo momento, se da cuando la situación de disgusto social creció así, que el día 13 de octubre, Moreno, acompañado de algunos de sus ministros, participó en un diálogo moderado por Arnauld Peral, coordinador de la ONU para Ecuador. En la mesa instalada la CONAIE representada por Jaime Vargas, pidió dos aspectos: la derogatoria del Decreto 883 y la salida de los ministros de Defensa y Gobierno responsables de la represión. Tras dos horas de espera, Moreno aceptó el primer aspecto, mientras el segundo a la fecha de redacción de este artículo, todavía no tiene una favorable respuesta.

Cabe señalar que algunos medios privados de prensa (tradicionalmente identificados con la derecha política y grupos financieros) generaron grandes fotografías y tomas en primeros planos de los sitios de las protestas con las que difundieron la idea de que las protestas sociales son «acciones vandálicas» y que el país ha perdido una gran oportunidad de eliminación de subsidios.

El decreto fue derogado; pero, quedan resonando las palabras de Moreno “ceder de parte y parte” decía mientras terminaba la reunión, nos preguntamos ¿qué nuevo sacrificio pedirá a su pueblo el gobierno comprometido con el FMI? En todo caso, la protesta social no se ha acallado, solo reposa, y en estos días nos recordó que el pueblo puede volver a levantarse, para poner un alto al abuso de poder y a la explotación.