La ciudadanía debe salir del ostracismo, debe empoderarse y no dejarse manipular por el "manejo" de la agenda pública, por las decisiones del Tribunal Constitucional y el deterioro de las instituciones.
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Si torturamos… ¿y?

Carlos José Vivas Sanchez

Médico. Especialista en Administración de Hospitales

Al final de su reciente visita a Venezuela (18 al 21 de junio) la Dra. Michelle Bachelet, ex Presidenta de Chile y actualmente Jefa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió una declaración sobre las gestiones adelantadas durante su estadía, prometiendo para el 5 de julio la entrega del informe ante la ONU.

De la declaración del día 21 de junio extraemos lo siguiente:

Tenemos el compromiso expreso del Gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y para determinar los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país. Fue profundamente doloroso escuchar el anhelo de las víctimas y sus familiares por obtener justicia ante las graves violaciones de derechos humanos”.

Habla la Dra. Bachelet de un compromiso por parte de Nicolás Maduro, para prestar la mayor colaboración en las investigaciones que haga su oficina por intermedio de los dos funcionarios que dejó destacados en el país, a pesar de los conocidos incumplimientos de anteriores oportunidades, además se le da al régimen el beneficio de la duda y los hechos serán la prueba de la sinceridad de esa promesa.

Pero lo verdaderamente relevante, es que se hace referencia clara a la tortura, porque no se previenen cosas de las cuales no hayan indicios de que puedan ocurrir o que están ocurriendo, sobre esa afirmación el régimen no hizo ningún comentario, y mucho menos acusó o descalificó a la delegación como ha sido su conducta en anteriores oportunidades con Human Rights Watch y su director para las Américas, José Miguel Vivanco, así como otras organizaciones de defensa de derechos humanos; también Bachelet fue muy contundente en su comentario acerca de su entrevista con las víctimas y sus familiares y haber dicho sin tapujo que hay graves violaciones de derechos humanos.

En poco tiempo, los hechos han colocado las cosas en su sitio. Antes de venir a Venezuela, han ocurrido todo tipo de violaciones de derechos humanos, y podemos enumerar algunas, uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones, la represión es ejercida por funcionarios militares que usan armas largas, se disparan perdigones a corta distancia y sobre el rostro o zonas vulnerables, la concurrencia de  paramilitares (denominados colectivos) que “colaboran” con los organismos represores sin ninguna relación formal con ellos, detenciones arbitrarias y ciudadanos civiles que son llevados ante tribunales militares, por supuesto, violando con estos actos el debido proceso que contempla el ordenamiento jurídico, desde la constitución para abajo.

Hay una cantidad indeterminada, pero que se estima en cientos, de militares de diverso rango que están en diferentes cárceles. Las denuncias de sus familiares es que fueron detenidos por comisiones no identificadas, ningún organismo ofreció información sobre su paradero (desaparición forzada), sus abogados no tienen acceso a los expedientes para conocer la naturaleza de los cargos que les imputan y es denuncia pública que son torturados en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Por otra parte, los civiles, generalmente, reciben el mismo tratamiento, pero en el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) donde se afirma hay instalaciones que denominan “La Tumba” destinadas a estas prácticas. Fue precisamente en la sede del Sebin donde el concejal Fernando Albán perdió la vida en octubre de 2018, al caer desde el noveno piso. La versión oficial fue que se trataba de “un suicidio”, por su parte la Fiscalía General de la Republica y La Defensoría del Pueblo, no pasan de emitir tímidas declaraciones.

Los centros citados hacen recordar a los venezolanos la tenebrosa cárcel de La Rotunda, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez (1909-1937) o la temida sede de la Seguridad Nacional en la de Marcos Pérez Jiménez (1953-1958) o la tristemente famosa Escuela de Mecánica de La Armada (ESMA) usada como centro clandestino para detención y tortura por la dictadura argentina, en las décadas de los 70 y 80.

En lo que parece casi una afrenta a la visita de la Dra. Bachelet, el propio 21 de junio, mientras ella tomaba el vuelo de regreso, varios oficiales militares fueron detenidos, entre ellos el Capitán de Corbeta (Armada), Rafael Acosta Arévalo. No es hasta el 28 que se conoce su paradero, cuando es presentado en tribunales militares, en silla de ruedas, visiblemente golpeado y con apenas voz para pedir agónicamente auxilio. Demasiado tarde. Pierde el conocimiento, es llevado al hospital militar y fallece en la madrugada.

La información de lo ocurrido es informado por un escueto comunicado oficial, su caso se hace conocido por redes sociales, los medios de comunicación social, tienen escasa información de lo ocurrido, hay movilización de dirigentes políticos y organizaciones de derechos humanos denunciando este hecho atroz, la respuesta oficial es la imputación de dos funcionarios militares de bajo rango, y en lo que parece un intento por manipular el proceso judicial, han sido acusados de Homicidio Preterintencional Concausal. A continuación, una pequeña explicación de esos términos, preterintencional significa que había intención de hacer daño, pero no matar; y concausal, significa que existirían condiciones previas que contribuyeron a la muerte. Según esto, lo primero llevaría en los casos más graves a una condena de 12 años de prisión, y lo segundo contribuiría a que haya reducción de la pena que podría llegar a lo sumo a 9 años; todo un detalle, si vemos que en Venezuela el delito de tortura es muy grave y las penas pueden llegar a ser de 25 años.

Pueden ampliar esta información en este link: https://prodavinci.com/las-poco-sutiles-diferencias-entre-homicidio-y-tortura/. Los familiares del oficial piden la verdad y que haya justicia. El país espera, entre otras cosas, que el informe a presentarse el 5 de julio en la ONU, sea lo suficientemente claro y contundente para que se obligue al régimen a respetar los derechos humanos de sus ciudadanos.

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