Editorial: Las cosas en juego

A veinte días del Plebiscito Constitucional, se hace indispensable una reflexión acerca de lo que está en juego en este evento ciudadano.

El punto de partida de cualquier análisis sobre el tema, se encuentra en la discusión (al parecer ya casi superada) acerca de la ilegitimidad de origen de la Constitución de 1980. Más allá del hecho evidente de que un grupo, por la fuerza de las armas, se auto atribuyó el “poder constituyente” con la cooperación entusiasta de quienes serían más tarde motejados como “cómplices pasivos”, es indiscutible que, a través de este sistema de normas se pretendió implantar un sistema de “democracia protegida” (oximorón incomprensible) y consagrar un modelo económico y social que fuera inamovible en lo futuro. Así, el principal ideólogo de la dictadura, sin vergüenza alguna, proclamaba que se trataba de construir un aparataje tan sólido que, si llegaran a gobernar los adversarios, estos se vieran siempre constreñidos a actuar de una manera no tan distinta a la que se estaba imponiendo. Sistema binominal, senadores designados y vitalicios, quórums supramayoritarios, además de importantes definiciones conceptuales, sostenían una democracia de utilería que se alejaba de estándares mínimos en esta materia.

Mediante estos artilugios se estructuraba un cuadro institucional que hacía posible que una minoría política, económica, comunicacional, mantuviera sine die el control del poder y del país.  

El 25 de octubre implica abrir una puerta que permita avanzar en un proceso de distribución del poder que haga posible que los ciudadanos participen en el desenvolvimiento de una democracia efectiva.

No se trata, por supuesto, de imponer, a través de una mayoría electoral, una determinada institucionalidad y un modelo de sociedad contrario al que está siendo cuestionado, sino de elaborar una estructura institucional esencialmente democrática que deshaga los nudos que han permitido los privilegios y los abusos y que haga posible que en el devenir de la sociedad chilena se desarrollen las políticas que el país considera necesarias y ajustadas a las demandas de justicia, equidad y solidaridad.

Frente a las pretensiones dogmáticas de ciertos sectores que sueñan con la imposición de modelos teóricos, se hace indispensable traducir en normas un principio inescapable: la democracia implica el gobierno de las mayorías con pleno respeto a los derechos de las minorías las que eventualmente podrían convertirse en mayorías en lo futuro.

Lo dicho implica la consagración y protección de los derechos humanos fundamentales tanto para quienes han asumido el ejercicio del poder como para quienes sustentan posiciones contrarias.

A partir de ese punto, la normativa debe permitir el desenvolvimiento autónomo de los individuos y promover simultáneamente la asociatividad por medio del reconocimiento efectivo de todas las entidades a través de las cuales se organiza la,sociedad civil, de tal forma que las personas encuentren en los sindicatos, colegios profesionales, federaciones estudiantiles, juntas de vecinos, entidades ambientalistas, etc. etc., los canales indispensables para encauzar racionalmente sus inquietudes e intereses generando una cultura menos individualista y más solidaria y participativa.

Es posible elaborar una larga lista de nudos por medio de los cuales la institucionalidad vigente sustenta una amplia gama de privilegios indebidos y la labor constituyente debe diluirlos para que el mandato histórico de que en Chile “no hay clases privilegiadas” se haga realidad.

La tarea de construir un nuevo orden es compleja. Hasta aquí, los partidos políticos no han mostrado el nivel requerido para una discusión seria de elaboración de una normativa que está destinada a regir la vida nacional en los próximos cincuenta años a lo menos. Es notoria la ausencia de las universidades con vocación pública en la propuesta de definición de una metodología de trabajo que resulta indispensable para evitar las ansias vehementes de un populismo que pudiera traducirse en una frustración para las grandes mayorías que aspiran a un país mejor.