NC al Sistema de Gestión Energética del Gobierno de Chile

Carlos Bonifetti Dietert

Ingeniero C. Mecánico UdeC. Ambientalista.

En entrevista y conversaciones con Óscar A. Valenzuela -Auditor Líder ISO 19011:202, Gestor Energético ISO 50001:2028 y consultor de la Agencia de Eficiencia Energética, quien cursó una NC a los sistemas SGEn del gobierno de Chile en la Cámara de Diputados- pude recabar a cabalidad las irregularidades y no conformidades que están sucediendo últimamente con la gestión energética en la región de Maule. Estas irregularidades complementan a las presentadas anteriormente ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados [2].

Entre las No Conformidades (NC) detectadas en las auditorías energéticas efectuadas en el país relacionadas con la norma ISO 50.001:2018 – “Políticas Energéticas”, se destacan: la falta de integridad en la gestión y de rigurosidad en los procesos; en efecto, la norma establece los requisitos para que las instituciones y organizaciones desarrollen y mantengan una política energética adecuada para la proteger la naturaleza de acuerdo a la magnitud de los riesgos energéticos.

La norma señala que las organizaciones e instituciones públicas consideradas “Consumidores con Capacidad de Gestión Energética” (CCGE), están obligadas a implementar un Sistema de Gestión Energética (SGE) según lo indicado en la Ley N°21.305 en su artículo 3° sobre Calificación Energética y someter a calificación su SGEn.

Se evidencia, asimismo, la NC relacionada a la cláusula 7.2 de la norma – “Competencia”, ya que las instituciones, en general, no cumplen con determinar las competencias necesarias de las personas que trabajen bajo su control, que afecten su desempeño energético y el SGEn; con asegurar que son competentes y cuentan con la formación apropiada, la capacitación, las habilidades o la experiencia, entre otras.

También se comprueba la NC relacionada a la cláusula 7.3 de la norma -“Toma de conciencia”, las personas que trabajen en el control de las instituciones deben tomar conciencia de: la Política Energética; su contribución a la eficacia del Sistema de Gestión (SGEn), incluyendo el logro de objetivos y metas energéticas, y los beneficios de las mejoras del desempeño energético; las implicaciones de no cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión (SGEn); y, adicionalmente, conocer las sanciones a las infracciones indicadas en las leyes N°19.880, N°18.834 y en el DFL 29 de marzo 2005.

Se identificaron, a su vez, NC relacionadas con la cláusula 7.5.3 de la norma ISO 50.001:2018 – «Control de la Documentación», ya que las instituciones del Estado no han podido garantizar una adecuada gestión documental, esto es porque, las empresas concesionarias, generadoras, transmisoras y distribuidoras no han mantenido la información requerida documentada y archivada de manera adecuada.

Se constata NC relacionada a la cláusula 8.1 de la norma – “Planificación y Control Operacional”, las instituciones públicas, en general no cumplen con planificar, implementar, supervigilar, controlar y mantener los procesos relacionados con el Uso Significativo de la Energía (USE) necesarios para cumplir con los requisitos e implementar las acciones determinadas en el apartado 6.2 mediante un plan adecuado a establecimiento de criterios; comunicación a las personas; implementación de los procesos y mantenimiento de los mismos.

Por último, como parte de los hallazgos se identificó la NC relacionada con la cláusula 10.3 de la citada norma -«Mejora Continua», ya que las Instituciones no han demostrado un enfoque efectivo hacia la mejora continua de su Sistema de Gestión de la Energía (SGEn).

Las auditorías, inspecciones y peritajes técnicos efectuados durante el año 2023 y lo que va pasado de 2024, han identificado graves deficiencias relacionadas con la gestión de proyectos energéticos y cumplimientos de leyes y reglamentos (como se ha detallado más arriba) lo que ha resultado en la ejecución de proyectos de energía eléctrica de mala calidad técnica y de gestión que son de responsabilidad tanto del Estado de Chile como de las empresas trasnacionales a las que se ha adjudicado los contratos de ejecución. Todo ello, a su vez impacta negativamente la cadena de valor de los proyectos y la calidad de vida de las personas y de las comunidades regionales y campesinas.

Los hallazgos, producto de las auditorías, están fundamentados y respaldados en entrevistas con personas de las comunidades afectadas, información documental solicitada por medio de transparencia, informes técnicos de profesionales, peritos y expertos y denuncias interpuestas en Contraloría, en donde se ha expresado que:

Los proyectos no están adecuadamente documentados, la información documentada no existe o no se encuentra actualizada. En general, los proyectos carecen de justificaciones técnicas y de cálculos, como asimismo de Ingeniería de Detalle para su correcta implementación y acciones para la mejora continua.

No existen y no se han implementado los procesos que aseguren una adecuada participación ciudadana en materia energética.

No existen o no se han entregado correctamente las autorizaciones, aprobaciones sectoriales para concesiones de Generación, Producción, Transformación, Transporte y Distribución de energía eléctrica.

Las No Conformidades descritas contienen implicancias negativas para la Eficacia del Sistema de Gestión (SGEn) ISO 50.001:2018 como así también para el Plan Nacional de Eficiencia en Chile, la Ley 21.305 de Eficiencia Energética y el cumplimiento legal para asegurar el buen desempeño energético del país y la integridad de los sistemas eléctricos.

En cuanto al detalle de las actuaciones dolosas, tanto desde el Estado como desde empresas privadas -que están ampliamente registradas y difundidas por la prensa y las redes sociales- en lo que se refiere a las instalaciones de transmisión, distribución y también de generación de energía eléctrica llamada renovable o ERNC, y de daños sociales y ambientales, podemos consignar las siguientes, sin ser exhaustivos:

Soterrados clandestinos y fraudulentos de líneas de alta tensión de 66 kV en Cauquenes, correspondiente al proyecto de Línea AT Itahue-Hualqui 2x 220 kV, que se estaba ejecutando sin RCA [1] [3], y de una instalación FV.

Impacto por aumento riesgos de incendio del proyecto de Línea AT Itahue-Hualqui sobre el Parque Nacional Nonguén que pasaría muy cercana al deslinde del parque. En el PN Nonguén están involucradas las comunas colindantes de Hualqui, Chiguayante y Concepción, representadas por sus alcaldes, siendo parte del proyecto ecológico-ambiental denominado “Territorio Nonguén” [7].

Invasión de proyectos de instalaciones eólicas y fotovoltaicas, en campos en terrenos agrícolas sin participación ciudadana y sin consultas o avisos previos a las personas afectadas (casos de las comunidades El Ciruelo Sur de Los Ángeles y El Agro, de Negrete, entre otros).

Incumplimiento de normas de distancias mínimas entre un generador eólico y una vivienda (según una norma alemana, la distancia mínima debe ser de 10 veces la altura de la estructura soporte del generador entre el nivel del terreno y la línea de centro del eje de la máquina).

Debido a la inexistencia de estudios de impacto ambiental (EIA), se han provocado graves daños a los ecosistemas y pérdida de biodiversidad, tales como: muerte de abejas por desorientación debida a radiaciones electromagnéticas de diferentes frecuencias, muerte de aves por impacto de aspas, deterioro de napas de agua subterránea, pérdida de calidad por turbidez de aguas de pozos, alto nivel de ruido, fuera de norma, en viviendas, efecto de sombra provocado por las aspas al girar, afeamiento del paisaje, etcétera.

Hay una esperanza de que las NC hagan su efecto final, pues se ha logrado con las acciones desde las organizaciones de la sociedad civil que el SEA rechace el proyecto de Línea AT por las NC y la ejecución fraudulenta por la empresa Mataquito Transmisora de Energía, ligada a la firma de capitales españoles Celeo Redes.

Esperamos un cambio de actitud del gobierno y de las empresas privadas -luego de la apelación de los imputados ante el Consejo de Ministros que se viene encima-, tanto desde la agresividad hacia los ciudadanos y la gente sencilla que debe batallar duramente por su sustento y la educación de sus hijos, además de soportar las afectaciones que hemos detallado, como desde la política energética nacional, hacia otra más amable y compatible con las debidas relaciones entre seres que nos definimos como humanos y con el desarrollo verdaderamente sostenible del país y de la humanidad.

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