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Venezuela 2019, nuevo año más problemas.

Carlos José Vivas Sanchez

Médico. Especialista en Administración de Hospitales

El primer mes de 2019 ha sido para Venezuela una continuidad del conflicto político social ocurrido durante 2018, con un elemento nuevo, se atisba una luz al final del túnel ¿Será cierto?

Podemos identificar tres fechas, para explicar la situación actual, la primera, 6 de diciembre de 2015, la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtiene en las elecciones parlamentarias 112 diputados, es decir dos tercios que le dan la mayoría calificada, necesaria según la constitución para tomar decisiones trascendentes y nombrar funcionarios de alto rango como los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los rectores del Poder Electoral (CNE), el Contralor General de la Republica y el Fiscal General de la Republica, amén de poder aprobar leyes orgánicas, las de mayor rango en la arquitectura legal del país. ¿Cómo se obtuvo esa mayoría? En primer lugar gracias a un mecanismo tramposo, la oposición teniendo el 56% de los votos obtuvo el 66% de los diputados, ¿hicieron trampa? ¡definitivamente NO!, en las elecciones anteriores; el régimen había modificado los circuitos electorales para obtener más curules, aprovechando ventajosamente aquellos sitios donde tenían mayor apoyo, pero 5 años después cambió la intención de voto y cayeron en su propia trampa, ¡donde las dan las toman!.

Por supuesto el régimen no se quedó de brazos cruzados y empezó a buscar trucos en su saco de mago, el primero fue nombrar de manera acelerada nuevos magistrados del TSJ para levantar una valla legal contra la oposición, es así como en cuestión de treinta días fueron violados todos los tiempos legales para nombrar como jueces a personas que no cumplían con el perfil para serlo, de un día para otro diputados del partido de gobierno dejaban de serlo para transformarse en magistrados al siguiente, lo segundo fue presentar la grabación de una llamada telefónica del gobernador del estado Amazonas (oposición), de población mayoritariamente indígena, donde supuestamente proponía comprar votos, esto fue llevado a la sala electoral del TSJ que decidió de manera cautelar suspender a los 4 parlamentarios de esa entidad, mientras se decidía sobre la veracidad de la acusación y la legalidad de su elección, tres años después, el estado Amazonas sigue sin representación parlamentaria. La consecuencia inmediata de esto fue que la oposición quedo con 108 diputados, por debajo de la mayoría calificada, y como respuesta en algún momento ante la falta de decisión sobre el tema la AN incorporó a los 4, lo que ocasionó que el TSJ declarara en “desacato” a la AN, y eso ha servido para que el poder ejecutivo y otras instituciones se excusen en ese “desacato” para no atender las decisiones del poder legislativo.

En julio de 2017, sale otro truco del saco, mediante subterfugios legales se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de igual forma con una normativa tramposa que garantiza una mayoría al régimen antes de que se emita el primer voto, este organismo, se atribuye el poder originario y se autocalifica de supra constitucional, y sirve de aliado en conjunto con el TSJ para legalizar por lo menos internamente las decisiones de Nicolás Maduro.

La segunda fecha es el 20 de mayo de 2018, por solicitud de la ANC, el poder electoral llama a unas “elecciones presidenciales anticipadas”, según la tradición debían ser en diciembre 2018. Bajo unas condiciones de precariedad total para la oposición, por cuanto sus líderes más destacados no pueden ser candidatos, están presos, exiliados, o inhabilitados por la contraloría general de la república, convertido este último ente en verdugo alternativo. Por otro lado, el CNE  exige a los partidos políticos cumplir con procesos y requisitos que tienen la intención clara de (perdonen la cacofonía) “ilegalizarlos legalmente”.

Por supuesto, estas elecciones se realizan sin la presencia de observadores internacionales, los expertos en el área, aplicando los parámetros internacionales para estos procesos, han declarado que no cumplen con las condiciones mínimas que le den confiabilidad al elector para que ejerza libremente su voto y legitimidad al elegido, porque se juega con “cartas marcadas”; es por eso que las principales democracias del mundo no reconocen el proceso y sus resultados, de igual forma a lo interno la AN lo desconoce y así lo declara.

De este modo llegamos a la tercera fecha, 10 de enero 2019, cuando formalmente termina el periodo presidencial, y debe juramentarse el nuevo presidente electo. Unos días antes, el 5 de enero, se instaló la Asamblea Nacional para iniciar el periodo de sesiones 2019, y como es norma se nombra la nueva junta directiva, por un pacto entre los partidos le corresponde a la agrupación de centro izquierda Voluntad Popular fundada por Leopoldo López, ejercer la presidencia del cuerpo, el candidato natural seria el diputado Freddy Guevara, pero este se encuentra refugiado en la sede de la Embajada Chilena en Caracas desde hace meses, por lo tanto emerge la figura de un joven desconocido por la mayoría de los venezolanos hasta esa fecha, Juan Guaidó.

Debido al “desacato” de la AN, Maduro acude el 10 de enero a juramentarse frente al TSJ, que se ha convertido junto a la ANC en cuerpo legislativo alterno; desde la AN declaran que a partir de ese día hay una usurpación del poder ejecutivo y por lo tanto se van a tomar las medidas para resolver esta crisis política.

El tema de la presidencia del país a partir del 10E, se comienza a debatir desde el punto de vista legal constitucional y político, ilustres académicos tienen posiciones encontradas, hay quienes dicen que la presidencia está vacante y le corresponde a Guaidó ocupar la presidencia y convocar a elecciones en 30 días, otros opinan que no, que Maduro ocupa la presidencia de manera ilegal e ilegítima por lo tanto hay usurpación y la solución sería igualmente el acceso del presidente de la AN a la presidencia interina pero por un mecanismo diferente, desde el punto de vista político la situación no deja de ser compleja.

Desde la Asamblea Nacional, Guaidó convoca a concentraciones populares que denominan cabildos abiertos, el cabildo abierto es una figura que aparece en la constitución y sus decisiones son vinculantes, por supuesto previo cumplimientos de ciertas formalidades. En una de esas concentraciones hace una declaración ambigua sobre si asume o no la presidencia de la república, la prensa lo interpreta como un sí, inclusive el Secretario General de la OEA Luis Almagro lo reconoce como tal, eso es lo que da origen al debate.

Mientras tanto la comunidad internacional comienza un proceso de presiones diplomáticas desde el 10 de enero, por ejemplo Paraguay rompe relaciones diplomáticas con Venezuela, el resto de los países del “Grupo de Lima” con excepción de México de entrada desconocen a Maduro, igual sucede con la Unión Europea aunque de manera cautelosa.

Para el 23 de enero, fecha aniversario de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, se convoca a una gran movilización popular, la gente acude en masa en las principales ciudades, demostrando que el apoyo a quienes promueven el cambio es real. En algunas partes se producen disturbios, y la respuesta represiva es por decir lo menos exagerada, se contabilizan cerca de 40 muertes, y centenas de personas detenidas, incluidos menores de edad.

En los últimos días de enero, los hechos se han venido acelerando, Juan Guaidó ha sido reconocido como presidente interino por los países del grupo de Lima, igual hicieron los Estados Unidos y Canadá, por su parte la unión europea condiciona da un ultimátum a Maduro hasta el 2 de febrero para que se convoquen a elecciones o le darán el reconocimiento como interino al presidente de la AN.

Contando los cañones

Por los momentos, la oposición encabezada por Juan Guaidó, ha dado un aliento a millones de venezolanos que a diario soportan el peso de una crisis económica que parece no tener fin, con dos elementos graves, escasez de todo tipo de productos e hiperinflación, pero la consolidación de ese apoyo está sujeto a que haya unidad de los partidos políticos, y un proyecto de país. Los Estados Unidos parecen haber perdido la paciencia y como que han cruzado la línea de no retorno para presionar la salida del régimen, sugieren todas las opciones, inclusive la militar, esta última parece poco probable, pero no hay que olvidar que quien ocupa la Casa Blanca es Donald Trump, y en el pentágono los halcones parecen ser mayoría en estos momentos. En el vecindario, la OEA con Almagro a la cabeza, han venido consolidando apoyos, y en las votaciones antiguos aliados del régimen ahora expresan su opinión mediante tímidas abstenciones, los votos duros a favor son los tradicionales de Bolivia, Nicaragua y algunas islas del Caribe.

Por el lado de Maduro, tiene de su lado los cañones físicos, los militares, aunque esa es una caja de Pandora, las instituciones bajo su mando, como el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Constituyente, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General y la Contraloría General, pareciera un gran apoyo institucional, pero tienen el pecado original de su origen además de sus actuaciones que le restan credibilidad en la opinión pública.

El panorama no deja de ser complejo, de ambos lados hay situaciones “de facto”, la opinión generalizada es que se necesita resolver el problema desde el campo de lo político, lo que es una posición sensata, sin dejar de tomar en cuenta que esas soluciones posteriormente pasan de lo político al terreno legal donde necesitan sustentación constitucional.

Por lo visto, y sin extendernos mucho en el tiempo, el primer trimestre de Venezuela va a estar muy movido, y al final… ¿Cómo nos vamos a comportar?

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