Editorial. El problema del Estado.

A través de la historia moderna, los expertos han formulado diversas definiciones del Estado precisando su naturaleza, sus funciones, sus responsabilidades.

Desde el punto de vista del ejercicio de su autoridad prácticamente todos los autores y analistas han coincidido en precisar que este órgano, el máximo ente en toda sociedad organizada, tiene (o más bien dicho debe tener) el monopolio exclusivo del uso de la fuerza, es decir que toda otra pretensión individual o grupal por ejercer esa fuerza fuera del ámbito del Estado necesariamente debe ser considerada como ilegítima y, en consecuencia, debe ser sancionada.

Por otra parte, en un terreno tan esencial de la vida social como es el económico (qué se produce, cómo se produce, cómo se distribuye lo que se produce) no existe tal consenso.

Las discrepancias van desde la tesis de los padres del capitalismo que se imaginaban todo el sistema productivo entregado a la iniciativa individual y naturalmente regulándose bajo los principios de la libre competencia en un cuadro en que el Estado (ese monstruo llamado Leviatán) cumplía una tarea meramente policial garantizando el orden y el cumplimiento de las condiciones necesarias para que los mercados funcionaran libremente, hasta el planteamiento de los fracasados “socialismo reales” en que se pretendía que el Estado absorbiera al máximo la función económica.

En el caso de Chile, hasta 1973 el país transitó desde un esquema básico de actividad económica con presencia regulatoria del Estado, para pasar luego por un órgano que derechamente asume responsabilidades productivas (CORFO, ENDESA, CAP. ENAP, ENTEL…) y cerrar el ciclo bajo el gobierno de la Unidad Popular con la pretensión de una amplia y masiva estatización.

De acuerdo a lo antes señalado, el sentido común (que según Blas Pascal es el menos común de los sentidos) nos indica que, como siempre, ambos extremismos son claramente perjudiciales para el desarrollo normal de las sociedades. El libertinaje económico constituye el camino perfecto para la concentración de la economía en manos de unos pocos (las doce familias chilenas) y para el consiguiente abuso en perjuicio de las grandes mayorías, en tanto que una estatización de la economía deriva en el consiguiente control del poder político (con su natural derivación en la instauración de dictaduras manejadas por nomenklaturas partidarias) y en la absoluta ineficiencia como lo han dejado de manifiesto las variadas experiencias de los mal llamados socialismos reales que no han sido otra cosa que expresiones de un capitalismo de Estado..

La burda simpleza de razonamiento contenida en tal alternativa alimentada por ciegos ideologismos, conduce inexorablemente a explorar nuevos caminos que conjuguen las aspiraciones y los reclamos de autonomía de las personas con una fuerte socialización que releve lo que son problemas comunes, colectivos, y que aliente su debida atención por parte del Estado y sus agentes (ministerios, servicios públicos, municipios, empresas públicas) con una participación efectiva y constante de la comunidad.

Es impresionante el organigrama de la administración pública chilena que crece sin freno alguno día a día, pero que es incapaz de dar respuestas efectivas y prontas a demandas mínimas de la población. En los últimos días dos hechos permiten sustentar lo afirmado.

El reconocido programa televisivo “Lugares que hablan” mostraba el caso de una familia de la Región del Maule que vive aislada y que para adquirir sus provisiones, acceder a la atención de salud, enviar a sus niños a la escuela, etc., deben cruzar en balsa un importante río con los riesgos del caso especialmente en temporada invernal. “Hemos hablado con los ministros de obras públicas de varios gobiernos, todos nos han ofrecido soluciones y… nada”, comentaba el jefe del hogar.

La Isla Mocha, situada frente a la localidad de Tirúa pero dependiente administrativamente de Lebu, lleva 15 días aislada y sin luz eléctrica porque la empresa privada concesionaria del abastecimiento tiene problemas y la burocracia estatal ha sido incapaz de proporcionar siquiera un abastecimiento inmediato de combustible. La explicación es clara: 16 de los 20 seremis de la Región del Bío Bío se encuentran simultáneamente de vacaciones según denunció una nota de prensa, tal como en la capital lo hacen 19 de 23 ministros.

Basta revisar el Diario Oficial para constatar que cada vez que se crea o se reforma algún servicio público aparece un planta conformada por el Director, Subdirector, jefes de gabinetes, secretarias, abogados, periodistas, administrativos, contables, choferes, auxiliares, etc.,  pléyade que desde sus cómodos asientos capitalinos promete atender los problemas del Chile real.

La comunidad nacional requiere una reforma profunda del aparato estatal, proceso que hasta ahora han eludido los sucesivos gobiernos.

Los nuevos tiempos exigen empoderar a los ciudadanos y abrirles caminos para participar y exigir sus derechos.